Cassez y los generales, ¿por qué?

México, 24 de enero (La Razón).- Una cosa son testigos protegidos y otra muy distinta son los testigos comprados. La PGR usó de estos últimos para meter a la cárcel a dos generales de división. Es aún peor que el caso de Florence Cassez.

Con la ciudadana francesa hay dudas fundadas de su inocencia, pero el cochambre del proceso echó abajo la posibilidad de castigarla por sus delitos.

O tal vez Florence Cassez es inocente y todo se montó para inculparla. ¿Por qué? ¿Qué ganaba el gobierno con eso? No lo sabemos, y por lo visto, no lo sabremos nunca.

Para meter a la cárcel a dos generales se usó a dos “testigos protegidos”, que son delincuentes a sueldo de la PGR. ¿Qué es eso?

En esos testigos, fundamentalmente uno -—Jennifer— se basó toda la acusación.

¿Pruebas? Ninguna. ¿Para qué, si Jennifer nos lo dijo?

Es decir, la PGR tenía a delincuentes a su servicio, a los que les pagaba un sueldo, y su dicho era ley.

O visto al revés: ahí están los delincuentes al servicio de la PGR, que dicen lo que sus patrones le ordenan. Así reciben regalías, disminución de condenas, libertad y… dinero.

Hasta cincuenta mil pesos al mes gana un testigo protegido, reveló ayer el reportero David Saúl Vela en las páginas de La Razón.

Y con esos testimonios la Procuraduría detiene, presenta ante los medios, difama y no investiga.

Eso no es justicia: es una basura.

Estamos ante una monstruosa venganza personal, política o profesional, contra generales cuya formación le costó al país entre 25 y 30 años.

Después de los servicios prestados al país, y de una vida acorde con la medianía de su salario (me consta en el caso del general Tomás Ángeles), su honra se va al canal del desagüe por los dichos de Jennifer… y sus huesos de divisionario van a dar a la cárcel.

Es cierto que los testigos protegidos se usan en casi todo el mundo donde hay sistemas de justicia avanzados.

Sí, pero nunca como única fuente para fincar una acusación y encarcelar a alguien.

Sirven para orientar una indagatoria. Dan guías, pero no sustituyen a la investigación. Salvo que haya consigna. Y ése parece ser el caso de los generales.

Jennifer le sirvió a la PGR para encarcelar a los generales Ángeles y Dawe. Y para el Michoacanazo, en el que todos los ex alcaldes están libres. También para el caso de Javier Herrera Valles, ex coordinador regional de la Policía Federal Preventiva, que salió absuelto.

Y para el caso de Víctor Garay Cadena, ex comisionado regional de la PFP, quien también fue absuelto.

De todo sabe Jennifer. O le pidieron que dijera lo que dijo, a cambio de dinero.

Hay que saberlo. De por medio está el prestigio del Ejército y de personas con nombre y apellidos.

Al menos, que nos digan ¿por qué? Como en el caso de Florence Cassez.

Pablo Hiriart

La Razón