México, 22 de septiembre.- Manzanillo es un foco relevante de lo que fue la actuación de oficiales de la Secretaría de Marina en labores de seguridad pública durante el sexenio pasado. Documentos de inteligencia militar registraron cómo se movían las cosas en el puerto, las mafias que operaban y quienes eran los responsables de combatirlos. Una serie de asesinatos en el último año de miembros de la Armada llamó la atención de la FGR para relacionarlos con el caso del huachicol fiscal, una trama que involucra al grupo de poder del secretario de Marina en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Siete asesinatos ocurridos entre abril y noviembre del 2024, cinco de ellos en el puerto de Manzanillo, Colima, centraron la atención de la Fiscalía General de la República (FGR) por estar vinculados con la disputa por el control del contrabando de hidrocarburos y droga que entra al país por esta zona del Pacífico mexicano. Lo que más llamó la atención a funcionarios de la dependencia fue que la relación del móvil de todos los casos era el mismo y que cinco de las víctimas eran marinos, uno de ellos el Contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar, exdirector general de recaudación de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), asesinado a tiros el pasado 8 de noviembre en la avenida Lázaro Cárdenas del puerto, semanas después de una reunión que tuvo con el secretario de Marina el Almirante Raymundo Pedro Morales Flores luego de que en una carta denunciara la red de corrupción y contrabando de huachicol fiscal operada por los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, Vicealmirante el primero y Contralmirante el segundo, sobrinos políticos del ex titular de la dependencia Rafael Ojeda Durán.
En abril del 2024 un pistolero entró a una peluquería ubicada en la calle Carrillo Puerto donde se cortaba el pelo un infante de marina y disparó contra él, el marino quedó herido, pero murió la estilista Jennifer Esmeralda Barreto Ruíz. Dos meses después en junio Giovany Muñoz Román un segundo maestre asignado al 18 batallón de infantería de marina fue asesinado a las afueras de su domicilio en la colonia Abelardo L. Rodríguez. El 21 de octubre Magaly Janet Nava Ramos, quien era auxiliar en la delegación de la FGR en Colima, fue asesinada a tiros a bordo de su vehículo, su pareja sentimental era un marino además tenía un familiar que trabajaba en una agencia aduanal. Ocho días después pistoleros dispararon desde un vehículo en movimiento contra dos hombres en la colonia Miramar, uno de ellos era Josué de la Mora Cobián, quien pertenecía al 18 batallón de infantería de marina, murió en el lugar.
Hace un par de semanas tras el arresto del Vicealmirante Farias Laguna y 11 personas más involucradas en la trama del huachicol fiscal, el Capitán de Navío Adrián Omar del Ángel Zúñiga murió en circunstancias sospechosas –aún sin aclarar—supuestamente durante una práctica de tiro en Puerto Peñasco, Sonora. El oficial de la armada había estado adscrito a la aduana de Manzanillo hasta hace pocos meses. Su muerte ocurrió un día después del presunto suicidio del Capitán Jeremías Pérez, jefe de la unidad de protección portuaria de Altamira, Tamaulipas, quien fue encontrado sin vida en sus oficinas. A este oficial se le señalaba de haber recibido 100 mil pesos por cada desembarco de huachicol fiscal en este puerto tamaulipeco.
La otra cara de Manzanillo quedó reflejada en esta serie de asesinatos donde algunos integrantes del 18 batallón de infantería de marina conocían parte de las operaciones que se realizaban ya que ocurrían dentro de su jurisdicción. Los oficiales muertos en circunstancias extrañas en lo que se dijo eran aparentes suicidios, operaban dentro de las instalaciones aduaneras y portuarias donde presuntamente ocurrían los arreglos. Llama la atención que la seguridad portuaria, la seguridad pública y las operaciones de fuerzas federales estuvieron buena parte del sexenio pasado en manos de oficiales de la Armada.
MANZANILLO PUNTO ESTRATÉGICO
El puerto de Manzanillo desde mediados del siglo pasado ha sido uno de los muelles más importante del país por el volumen en manejo de carga, algo que ha sido del interés de grupos delictivos para la introducción de contrabando, drogas y en las últimas dos décadas para introducir cocaína y precursores químicos provenientes de Centroamérica y de puertos asiáticos como Shanghái, China y Yokohama, Japón. La ubicación geográfica de Manzanillo como salida de la sierra sur de Michoacán y como eje de paso hacia la costa de Jalisco y su conexión por tierra con Guadalajara, vía férrea y por carretera, lo convierte en un punto estratégico para el trasiego de drogas.
Durante el sexenio pasado el estado de Colima experimentó una serie de sacudidas violentas por las disputas que comenzaron las dos organizaciones predominantes en la región, el Cartel del Pacífico (o Sinaloa) y el Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), éste último con hegemonía en Armería, Tecomán, Colima y Manzanillo, cuatro de los 10 municipios que tiene la entidad. Las disputas de ambas organizaciones se concentraron en los últimos dos años en Manzanillo y Tecomán, de acuerdo con documentos del Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CERFI) Occidente fechado en 2022, donde se documenta las disputas territoriales para controlar el “tráfico de drogas a través del arribo de los contenedores con precursores químicos y droga en el Puerto de Manzanillo, situación que se ve reflejada en el incremento de los índices de violencia”.
El modus operandi que se detectó al CJNG en los últimos años del sexenio pasado en Manzanillo fue mediante el uso de tracto camiones tipo plataforma “para el ingreso de herramientas, así como extracción de droga en menor cantidad, extracción de droga por vía marítima con el empleo de buzos durante el atraque de los buques en los muelles del recinto portuario. Instalación de dispositivos GPS en contenedores de su interés, así como contaminación y ocultamiento de droga en cargas contenerizadas, empleando embarcaciones menores y personal que aborda los buques contenedores, para llevar a cabo la extracción cuando el buque zarpa del Puerto de Manzanillo”.
En el caso del CDP el documento señala que “mantiene hegemonía en la distribución y venta de droga al menudeo, utilizando el establecimiento de las denominadas tienditas, así mismo ejerce el control territorial mediante un elevado índice de violencia, a través de ejecuciones, protección institucional, ejerciendo presión a las autoridades estatales y municipales, por medio de publicaciones de mantas y redes sociales. Promueve y concreta acuerdos con diferentes grupos delictivos asentados en otros municipios de la entidad, para expandir su presencia y control”.
Estas operaciones delictivas han llevado también a que se incrementaran los decomisos. Según otro reporte del CERFI fechado en 2021 la Administración General de Aduanas (AGA), en coordinación con la Unidad Naval de Protección Portuaria de la Secretaría de Marina–Armada de México (Semar) y la Fiscalía General de la República (FGR) han interceptado diversos cargamentos de droga, entre los que estuvo uno en aquel año uno de 678.4 kilogramos de cocaína, procedente de Colombia y con destino a la ciudad de Yokohama, Japón.
A finales del 2021 hubo una ruptura al interior del CJNG que incrementó los índices delictivos particularmente los homicidios dolosos.
En agosto del 2022 luego de la detención de José Bernabé Brizuela, alias “la Vaca”, líder de una facción del CDP conocida como “los Mezcales”, se generaron una ola de disturbios –quema de vehículos, bloqueos carreteros—que fueron controlados por fuerzas federales pero que eran reflejo de la situación que imperaba. Informes del secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública referían que los asesinatos habían aumentado de un año a otro en 60.7 por ciento. De enero a julio de 2022 hubo 524 muertos, cifra superior a los 326 del mismo periodo en 2021.
Desde aquel año las desapariciones forzadas tuvieron un repunte, así como las extorsiones y secuestros. El documento del CERFI resaltaba que, en un solo mes del 2021, “la Fiscalía del estado de Colima informó que fueron localizados 31 cuerpos en 15 fosas clandestinas en una brecha cercana a la carretera Tecomán-Cerro de Ortega, en la comunidad de Cofradía de Morelos, municipio de Tecomán. Asimismo, continúan registrándose ejecuciones en la entidad, particularmente en los municipios de la capital y Cuauhtémoc”.
En agosto del 2024 fue capturado Aldrin Jarquín alias “el Chaparrito”, jefe regional del CJNG y protagonista de las disputas criminales en el puerto, quien era considerado enlace con los proveedores marítimos de droga colombianos además de brazo derecho de Julio Alberto Castillo, yerno de Nemesio Oceguera Cervantes “el Mencho”, líder del CJNG.
MARINOS EN SEGURIDAD PÚBLICA
Durante buena parte del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, sobre todo durante la segunda mitad de su gobierno, oficiales de la Marina se hicieron cargo de los principales puestos de la seguridad pública en el estado. Un documento de inteligencia militar elaborado por la sección segunda del Estado Mayor de la 20 zona militar con sede en la capital, llamaba la atención de que eran oficiales en servicio activo quienes estaban al frente de estas áreas.
La lista la encabezaba el Contralmirante Domingo Tito Bahena Salgado, quien era coordinador estatal de la Guardia Nacional en Colima. Seguía el Capitán de Navío Manuel Llerandi Ruíz, secretario de Pública del Estado, el Capitán de Corbeta José Manuel Zataraín Lizárraga, era el subsecretario mientras que el Capitán de Navío Daniel Quiñones García era director del Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CERFI) Manzanillo. El Capitán de Navío Julio César Gómez Torres, era el director general del C5i. Colima, mientras que el Capitán de Corbeta Jesús Francisco Valencia Valencia, era el director del C5 Manzanillo. El Almirante retirado Salvador Gómez Meillón, era el administrador de la Administración Portuaria Integral (API) Manzanillo, así como los directores de seguridad pública de los municipios de Armería, Tecomán y Manzanillo, todos eran oficiales de la Armada.
El documento llamaba la atención sobre la situación de la Guardia Nacional a tres años de creada. “La composición de la G.N. en el estado de Colima en su origen, tiene la particularidad de que no provienen de unidades de Policía Militar previamente organizadas y constituidas con una orgánica y estructura de mando sólidas y definidas como en otras zonas militares. La coordinación estatal Colima de la G.N. en su mayoría está constituida por personal procedente de la SEMAR y no cuenta con los efectivos completos, ni con los suficientes vehículos, además proporciona apoyo con su personal a los estados de Guanajuato, Michoacán y Jalisco”.
“El personal de la SEMAR cuenta con personal en activo en diversas dependencias del estado de Colima, siendo el que cuenta con la mayor información delictiva, la centraliza y la difunde conforme lo considera conveniente, dando prioridad a sus propias tropas y a la Policía Estatal; sin embargo, el suscrito, personal de comandantes de unidad e integrantes del Estado Mayor de esta Zona Militar mantienen una buena coordinación con dichos mandos y participan en todas las reuniones de trabajo con las autoridades de los tres órdenes de gobierno, con objeto de obtener información o productos de inteligencia para ser explotados”.
Mientras oficiales de la Marina administraba la información de inteligencia que recopilaban en el puerto de Manzanillo y la dosificaban en función de las operaciones, una red de tráfico de huachicol fiscal operaba por elementos de la institución en diferentes puertos en abierta alianza según la FGR con el CJNG. A un mes de que se cumpliera el primer año del sexenio de Claudia Sheinbaum, el caso reventó colocando el reflector en los marinos que pasaron en labores de seguridad portuaria y aduanera en distintos puertos del país entre ellos Manzanillo.
Juan Veledíaz / @velediaz424 / EstadoMayor.mx