México, 8 de octubre (Milenio Diario).- Doce años, en 2024 los cronistas del pasado, los historiadores, conocerán las funciones y la situación diplomática de los agentes de EU agredidos en Tres Marías el pasado 24 de agosto. La reserva de la Secretaría de Relaciones Exteriores contrasta con la desmesura de los voceros del gobierno del país vecino; desde allá se dijo que había pruebas contundentes de que los policías mexicanos que dispararon trabajaban para el crimen organizado.
Esperar 12 años, dice el jurídico de la cancillería, también para conocer el número de agentes norteamericanos acreditados en México, según esto, para no entregar información estratégica a los delincuentes. El sometimiento al vecino al norte no guarda precedente. Sin aportar elementos ellos acusan y condenan a policías en una investigación que no ha concluido, mientras las autoridades nuestras resuelven que no se dirá qué hacían y quiénes eran los agentes extranjeros agredidos.
El operativo Rápido y furioso del gobierno norteamericano es un escándalo por su ilegalidad, malos resultados y, particularmente, por la complicidad de sus promotores con los criminales mexicanos. La respuesta del gobierno mexicano, al menos la que se conoce, es peor que tímida, por no decir patética. Se levanta la voz en la ONU donde nada pasa, pero se baja o calla en los tribunales, donde hay consecuencias legales. ¿Qué se puede esperar del gobierno mexicano si concede que las autoridades norteamericanas surtan a los delincuentes con armas letales?
Desde hace tiempo las autoridades mexicanas actúan con complejo de culpa y esto las ha inmovilizado en la defensa del interés nacional. Las norteamericanas han ido imponiendo condiciones y la certificación de antes se ha vuelto cesiones sustantivas de soberanía nacional. Desde hace décadas los gobiernos se han mostrado ávidos del aval externo aunque el interno, el de los mexicanos, poco importa. Juego de espejos en el que todos pierden, incluso los mismos vecinos, cuyos agentes han sido agredidos por las mismas armas que su permisividad hizo llegar a los peores delincuentes.
El país requiere de escrutinio público y legislativo. Los acuerdos del gobierno de México con EU exigen ratificación del Senado. Nadie, ni la más alta autoridad, puede disponer de lo que no es de ésta. La soberanía es mucho más que palabra cómoda y lucidora del discurso político. Doce años es la medida que le ha impuesto la cancillería.
Federico Barreto
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