México, 17 de septiembre (La Razón).- Con la parada militar del 16 de septiembre culminan las actividades protocolarias de las fuerzas armadas antes del revelo del gobierno federal en el primer minuto de diciembre.
En las próximas semanas el presidente electo, Enrique Peña Nieto, tendrá que tomar una de las decisiones más importantes ya que el próximo secretario de la Defensa deberá ser una suerte de engrane que profundice la modernización y que garantice, a la vez, la vuelta a la normalidad una vez que las tareas de seguridad pública sean asumidas, a cabalidad, por las autoridades civiles.
Si se siguiera la tradición el general Moisés García Ochoa, actual director de administración y uno de los grandes conocedores del fenómeno del narcotráfico, podría ser el próximo secretario.
Recordemos que el comandante de la parada militar del 16 de septiembre, del último año de gobierno, tarea para la que fue designado García Ochoa por su jefe el general secretario, Guillermo Galván Galván, suele ser designado titular de la Secretaría de la Defensa.
Nada obliga a que así sean las cosas y el panorama de selección es más complicado que nunca, ya que miles de militares se encuentran movilizados, lo que no había ocurrido desde la Revolución.
Las fuerzas armadas han sufrido un gran desgaste en los últimos años y entre sus filas hay quienes señalan que los civiles no han estado a la altura de la circunstancias.
Uno de los temas más candentes es el de la ausencia de un marco jurídico que proteja las actividades que ahora realizan.
Hace cosa de un año tuve la oportunidad de asistir a una de las reuniones que la secretaría de la Defensa organiza con representantes de la sociedad civil. Estos encuentros son una oportunidad para escuchar a los mandos que se están destacamentados en zonas de alta violencia y el reclamo más insistente es el no contar con las herramientas legales adecuadas.
Por eso piden que se precise con claridad el alcance y la temporalidad de su actuación en momentos en que está afectada la seguridad interior del país o de algunos estados.
Uno de los grandes pendientes es precisamente la aprobación de la Ley de Seguridad Nacional que se quedó detenida en la Cámara de Diputados por objeciones de los propios militares, quienes no vieron relejadas sus peticiones, de modo claro, en lo que se aprobó en el Senado.
Por supuesto que el tema no es sencillo, ya que el centro del debate tiene que ver con limitaciones a las garantías individuales o al menos con interpretaciones que algunos juristas consideran riesgosas o poco afortunadas.
Con cuestiones como estas tendrá que lidiar el próximo secretario y hacerlo, además, ante las expectativas de que la situación de seguridad mejore en un tiempo razonable.
Es probable, además, que estemos al final de un ciclo y al inicio, ahora sí, de la construcción de una verdadera policía nacional que quite presión al ejército y a la armada y que garantice la seguridad ciudadana en escenarios tan complejos como los que ahora vivimos.
Julián Andrade
La Razón