México, 24 de enero.- En pasados días el INEGI publicó la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSPU), donde refleja que el 75.9% de los mexicanos considera que vivir en su ciudad es inseguro, un 76 % seguramente y un 4% cuenta con escoltas, un 10% más está en Estados Unidos de América y otro 10% son los delincuentes.
No es sarcasmo, es una realidad en la que todos los que vivimos en este país describe y vive un problema real de inseguridad; más aún, las prisiones o centros penitenciarios están inmersos en este mismo fenómeno.
Como se mencionó anterioriormente: “si no existe control de cuatro paredes no puede haber control en las calles”, ya que está demostrado que teniendo cárceles donde se cumpla la pena (prisiones certificadas) y no centros vacacionales delincuenciales o universidades del crimen; la delincuencia donde yacen prisiones certificadas, está demostrado que disminuye hasta en un 70%, debido a que no quieren estar en prisión.
Dada la saturación del sistema penitenciario mexicano, las cárceles no han podido cumplir con los supuestos para la reinserción que establece la Constitución. Se limitan a ser espacios de contención, donde la dignidad de las personas -reos, familiares y personal penitenciario- desaparece; pero sobre todo el cumplimiento de las condenas no satisface a la sociedad ni repara el daño ocasionado a las víctimas y con ello se nulifican las oportunidades necesarias para la reinserción a la sociedad.
Ante el vacío de actividades estructuradas para la reinserción social de los internos y la existencia de un marco jurídico ambiguo, obsoleto e insuficiente, los centros se han convertido en un eslabón más en la cadena delictiva, popularmente conocidos como escuelas del crimen, al no poder cumplir con:
- La separación de privados de su libertad sujetos a proceso y sentenciados, así como del fuero federal y del fuero común.
- Estándares de diagnóstico que permitan una clasificación homogénea de los perfiles psicológicos y criminales para poder determinar pabellones específicos que tomen en cuenta las capacidades delictivas y de riesgo.
- La tipificación y separación entre primo delincuentes y reincidentes, así como la implementación de condiciones diferenciadas de tratamiento para cada tipo.
Estas limitaciones han tenido efectos serios en la estabilidad y seguridad de los centros penitenciarios del país; sólo en 2017, en las cárceles estatales han ocurrido decenas de muertos, heridos y fugas, estos hechos son señales claras de que el sistema penitenciario en los estados, como está organizado actualmente, no está cumpliendo con su obligación principal de custodiar eficaz y seguramente a los sentenciados mientras cumplen su condena.
Un ejemplo de ello es el Estado de Nuevo León, donde se perdió el objetivo de lo que deben ser las cárceles, donde la corrupción de la administración penitenciaria actual en todos sus niveles de mandos, donde han dejado 21 personas privadas de su libertad muertas y un centenar de heridos en menos de un año, donde su deber era garantizar el bienestar de la población no de sus bolsillos, donde impera el autogobierno que es dirigido por los reos, auspiciado por sus autoridades que permite la operación de todo tipo de establecimiento comercial y desde donde se comandan todo tipo de atrocidades.
Aunado con las carencias que existen en los penales mexicanos: alimentación insuficiente, espacios inadecuados para dormir, ropa para los internos, servicios médicos pobres, han transformado a los centros penitenciarios en lugares donde permea la corrupción y en consecuencia, la inequidad entre los privados de su libertad.
Bajo condiciones de sobrepoblación y ante el gran número de reos sujetos a proceso, es muy difícil implementar programas exitosos de reinserción, sobre todo con los problemas presupuestales del sector, que en muchos casos no alcanzan a cubrir los costos operativos de los centros, y no obstante el esfuerzo de las organizaciones sociales comprometidas con la reintegración social de quienes recuperan su libertad.
Para revertir el estancamiento en el que se encuentra el sistema penitenciario mexicano es necesario reconocer algunas lagunas y carencias que existen en el marco institucional. En primer lugar, se requiere que el concepto de seguridad pública establezca sus verdaderos alcances y se convierta en un concepto integral que incluya de manera equilibrada el papel del sistema penitenciario mexicano en la preservación de la seguridad pública y no vista como una área de gobernación.
Sin soslayar que el sistema penitenciario se encuentra en crisis, enfrentado a un conjunto de problemas que le han hecho perder credibilidad y poner en entredicho su utilidad a la sociedad: sobrepoblación, corrupción, problemas operativos, inequidad, escasa reinserción, falta de recursos, los momentos de crisis también son oportunidades para el cambio y la reforma.
La disponibilidad de información homogénea, actualizada, veraz y oportuna es requisito indispensable para la toma de decisiones y la actuación eficaz de las autoridades penitenciarias. Por eso es preciso integrar un solo sistema de información penitenciaria, que permita generar estadísticas continuas, emprender estudios especializados y proyectar al sistema penitenciario con una visión de largo alcance.
Habrá que impulsar también la unificación de los reglamentos y procedimientos operativos de los 440 centros penitenciarios que existen el país, para garantizar que la experiencia de prisión sea equiparable en cualquiera de ellos, basada en el respeto de la dignidad del privado de su libertad, de su familia y del personal que labora en ellos, cerrando espacios a la corrupción y el abuso mediante la implementación de procesos armonizados de administración penitenciaria, formación y capacitación, evaluación y rendición de cuentas.
Tras la fuga de Joaquín Guzmán Loera alias (el Chapo) fue nombrado a finales de 2015 el Lic. Eduardo Guerrero Durán como Comisionado del OADPRS, en otras palabras jefe de los Centros Penitenciarios Federales, una persona con una gran experiencia y un conocimiento vasto en el tema ya que transformó el Sistema Penitenciario del Estado de Chihuahua con inversión estatal, remodelando todos los centros penitenciarios del estado, en penales dignos, fuertes y seguros, certificando todos y cada uno de ellos logrando el “Águila Dorada” reconocimiento único en un país fuera de los Estados Unidos por parte de la Asociación de Correccionales de América (ACA) y pudo sembrar otra dinámica a las entidades federativas ya que el venia conociendo en carne propia de las limitaciones presupuestarias que en ellas se vive día con día, esta experiencia la estaba replicando a los sistemas penitenciarios estales, pero de forma abrupta salió de este cargo a un año de su nombramiento.
Asimismo, al Lic. Guerrero Durán le tocó implementar la Ley Nacional de Ejecución Penal que constituye una parte fundamental para mejorar las condiciones de vida, garantizar el respeto a los derechos humanos y la dignificación de las personas privadas de la libertad en los centros penitenciarios federales, la reforma presentó retos inmediatos para el sistema penitenciario mexicano; el primero de ellos es la revisión y adecuación forzosa que se tendrá que hacer a todas las leyes secundarias y reglamentos, donde es imprescindible alinear todos los instrumentos jurídicos que regulan la reinserción social de los privados de su libertad para armonizarlos en torno a la nueva meta establecida por la reforma.
Estamos en una etapa de oportunidad para crear nuevos centros de reclusión donde se debe para aplicar modelos constructivos vinculados al tratamiento y al proceso de reinserción del reo, que consideren los espacios requeridos para implementar los distintos componentes de la reinserción social; es decir, contar con áreas para el empleo, la capacitación laboral, el estudio, el cuidado de la salud y el ejercicio de rutinas físicas, procurando que estas nuevas instalaciones formen complejos penitenciarios ya que estos buscan asociar la infraestructura física con el tratamiento infraestructura física con el tratamiento individualizado del sentenciado; consiste en agrupar centros con distintos niveles de seguridad -bajo, mediano y máximo- para crear un sistema de incentivos que permita alternar instalaciones conforme a las necesidades del proceso de rehabilitación del privado de su libertad y su respuesta al tratamiento, así como lograr ciclos completos de reinserción; además de que este debe generar sustentabilidad ya sea de agua, electricidad y sobre todo economías de escala, como la posibilidad de compartir servicios y procesos de comercialización de los bienes producidos.
Los nuevos centros penitenciarios deben cumplir con las tres condiciones básicas de la sustentabilidad: el bienestar de la población, la prosperidad económica y la preservación del ambiente. En cuanto a la prosperidad, se lleva a cabo una estrategia real de trabajo y de producción, que beneficie tanto al inversionista en programas de reinserción como a los privados de su libertad, a sus familias y al propio centro.
En materia de preservación del medio ambiente, los beneficios principales estarán relacionados con el uso y manejo de agua y energía, el concepto de descarga cero y con la capacitación de los reos para el aprovechamiento responsable de los recursos ambientales.
El sistema penitenciario mexicano deberá transitar hacia una cultura de transparencia y rendición de cuentas, mediante el uso intensivo de tecnología como factor de eficiencia y de abatimiento de la corrupción en los penales, y a través de la instrumentación de procesos de evaluación con base en indicadores que aseguren el cumplimiento de objetivos y la obtención de resultados.
Con lo que acabo de decir, los gobernadores de los estados del país deben bjar los ojos a sus cárceles, buscando esquemas de participación público-privados que contribuirán a que el sistema penitenciario genere nuevos espacios para la reclusión con una óptica diferente, que incorpore experiencias internacionales de diseño, construcción y operación en función de la demanda de servicios, para lograr: la homologación y la estandarización de la infraestructura; el mejoramiento del entorno laboral del personal; el aumento en la eficiencia de los servicios penitenciarios a través de operadores únicos; el incremento de la tecnología de los sistemas de seguridad; la operación alineada a los requerimientos de seguridad y de reinserción social con indicadores de medición; el saneamiento de la calidad de vida de los privados de su libertad y del personal penitenciario; el abatimiento de los índices de corrupción y el desarrollo de una nueva imagen institucional que a corto plazo ayudara a que baje la inseguridad y esto le dé más votos a los políticos que al final de cuentas es lo que buscan.
Ricardo Tejeda de Luna
Ex subsecretario del Sistema Penitenciario de Quintana Roo,
ex Director General en Centros Federales y otros cargos públicos