México, 26 de mayo.- En el cuartel de la 25 Zona Militar que encabeza el general Raúl Gámez Segovia en Puebla, Puebla, la tormenta desatada por la ejecución de un civil en el poblado de Palmarito y que fue captada por cámaras de video colocadas por los habitantes del lugar, ha sido capeada de manera decidida por todo el personal.
Soldados, oficiales y jefes, se dicen indignados y heridos en su orgullo de cuerpo y de plano cerraron filas para defenderse de lo que consideran agravios a su labor de combate a la delincuencia.
Los elementos de los tres batallones (el 16, el 17 y el 18) que operan en esa zona dicen que no van a permitir que su compañero –un sargento segundo de infantería– sea enjuiciado por haberle disparado al civil que, aseguran, formaba parte del grupo de ladrones de combustible que el tres de mayo atacaron a las tropas en un operativo nocturno.
En el cuartel todas las unidades siguen trabajando de manera normal; soldados, jefes y oficiales de todas las unidades van y vienen, cumpliendo sus labores con normalidad porque, pese a que la Procuraduría General de la República (PGR) sigue adelante con la investigación sobre lo ocurrido aquella noche, no hay ninguna orden de aprehensión en contra de nadie…todavía.
De hecho, agentes ministeriales de la Subprocuraduría Especial de Investigación en Delincuencia Organizada (SEIDO) ya le tomaron declaración como testigos a un coronel y un mayor de la 25 ZM. En estos días lo harán a unos 30 elementos de los batallones que esa noche fueron desplegados en Palmarito Tochapan.
Allá, en los alrededores de la 25 ZM, la tropa dice sentirse más unida y segura de que esa noche actuaron correctamente. Pocas veces se ha visto este nivel de solidaridad y unión entre nosotros, adentro y afuera, dicen los soldados de distintos grados que se animan a responder.
¿Doble discurso?
En donde no se ponen de acuerdo en aquello del respeto a los derechos humanos y el respeto a la libertad de expresión es en Los Pinos y en la oficina de Comunicación Social de la Sedena. Como dicen una cosa, dicen otra.
Mientras el ocupante de la casa presidencial declara abiertamente su compromiso y el de su gobierno para garantizar la vida y los derechos de los periodistas y de los medios para lo que trabajan (esto en el contexto del asesinato del periodista Javier Valdéz en Sinaloa), uno de los inquilinos de la Sedena se empeñó en todo l contrario y se salió con la suya hace unos días.
Así es; el general Marco Antonio Álvarez, director de Comunicación Social de la Sedena, se las arregló para impedir el trabajo periodístico del reportero de La Jornada, Jesús Aranda, decano de la fuente militar y a quien el encargado de las relaciones con todos los medios de comunicación ordenó negarle el acceso a un evento en el que estuvo el general secretario Salvador Cienfuegos Zepeda con otros secretarios de Estado.
Aranda estaba a punto de subir al camión de prensa de la Sedena para cubrir el Congreso Internacional de Obesidad y Diabetes que se efectuó en el Centro Militar de la Salud, cuando un oficial lo detuvo diciéndole que no tenía invitación para asistir al acto y no podía ir, que mejor se fuera. No hubo de otra y el reportero se vio obligado a retirarse.
La Jornada publicó un twitt denunciando el hecho y decenas de periodistas se sumaron a la protesta para exigirle a la Sedena y al general Álvarez una explicación al acto de censura informativa.
La Sedena hasta el momento no ha dicho esta boca es mía, mucho menos el general Marco Antonio Álvarez, quien se manejó por la libre creyendo que le hacía un favor al alto mando al segregar al periodista y a su medio, cuyos directivos se quejaron de que desde inicios de este año la dirección de Comunicación Social los borró de la lista de envíos de comunicados y de la agenda de actos públicos del general Cienfuegos.
Los Pinos tira hacia un lado y la Sedena hacia el otro.
Redacción
Estadomayor.mx