México, 23 de agosto (La Razón).- El general Mauricio Santoyo, quien ya confesó que recibió sobornos de grupos paramilitares de autodefensa, detenido en Estados Unidos, abolla la imagen del ex presidente Álvaro Uribe y siembra serias dudas sobre la política de seguridad democrática implementada en Colombia.
Santoyo estableció un acuerdo con el fiscal de EU, Neil H. MacBride, en el que se comprometió a revelar nombres de militares y políticos implicados con las estructuras criminales a cambio de no ser acusado de narcotráfico.
Santoyo está obligado a decir la verdad y proporcionar información relevante, porque la negociación solo será valida en tanto la colaboración sea exitosa. Esto es, durará mientras conduzca a la captura de peces gordos.
Por ello los próximos meses escucharemos mucho sobre Santoyo y las historias que cuente van a poner en serios aprietos a más de un personaje.
El tema es explosivo, además, porque Santoyo fue el jefe de seguridad de Uribe y lo acompañó en la casa Nariño durante varios años, los de grandes éxitos en el tema de la seguridad, por cierto.
Quizá sea injusto, pero este caso revela el costo que puede tener la actuación de malos servidores públicos y más aún de quienes por su rango están obligados a un comportamiento ejemplar.
Pero la desgracia del general Santoyo es también una de las evidencias del alto costo que pueden tener políticas de seguridad permisivas y en las que se establecieron negociaciones con grupos que en teoría colaborarían con el combate a la guerrilla pero que con el tiempo se transformaron en maquinarias criminales sin control alguno.
Es más, una de las coartadas de los personajes involucrados con los paramilitares es que se les apoyó para enfrentar la amenaza terrorista de las FARC.
Lo más grave, sin embargo, es que esos grupos, colocados en la ultraderecha más radical, también desataron una ola de muerte sobre la población civil y muchas de sus barbaridades están siendo investigadas y en proceso de generar todavía mayores contratiempos a una clase política que pagó un muy alto costo por buscar atajos al establecimiento de la justicia.
El expediente del ex jefe de seguridad presidencial es una muestra, también, del saldo de años de enfrentamientos y que sumados al persistente negocio de las drogas van dejando un rastro más que penoso.
En México tarde o temprano tendremos revisiones similares y las autoridades deberán estar preparadas para las historias que emerjan sobre lo ocurrido en los entretelones de la guerra contra el crimen.
La situación del ex presidente Uribe se debe tener en cuenta, ya que pasó de un amplio reconocimiento internacional por su compromiso en la lucha contra las drogas, y por la mejoría de la seguridad, a estar sometido a una batalla constante de defensa de su legado.
La suerte de Santoyo en las cortes de EU va más allá del anecdotario de sobornos y se centra, también, en los riesgos que entraña enfrentase a uno de los negocios más grandes del planeta.
Julián Andrade
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