México, 16 de noviembre.- Con crisis o sin ella, el dinero fluye en el último tramo del gobierno de Enrique Peña Nieto, quien no se olvida de su gente en la Policía Federal y en la Comisión Nacional de Seguridad para sacar adelante proyectos pendientes.
Por eso, aunque el gobierno federal ordene recortes de hasta 40 mil millones de pesos en los presupuestos de varias secretarías y programas de atención social, educativos, de ciencia y tecnología y de seguridad,
Entre esos proyectos están dos; uno de la Sedena y otro de la PF, contemplados en cartera para consolidarse en los próximos dos años. El primero tiene que ver con la compra de al menos 12 Sitios de Repetición Transportables que serán utilizados para coordinar señales de transmisión con fines específicos: intercomunicaren frecuencias seguras a los grupos de operaciones especiales de la Sedena y de la Marina.
Los sistemas operarán en el Valle de México, Toluca, Puebla y Cuernavaca para servir como plataformas regionales en operaciones a realizarse en las zonas centro, Golfo y Pacífico del país.
El otro paquete financiero es para la Policía Federal, que busca hacer lo suyo en las mejores condiciones posibles, comenzando por el dinero. ¿Cómo es esto?
Muy fácil; la PF quiere sacudirse de una vez la imagen de institución problemática y abusiva no solo en términos del respeto a los derechos humanos, sino también en lo que se refiere a su relación con los ciudadanos de los sitios en donde opera.
Su despliegue se ha traducido no solo en el combate efectivo a la delincuencia organizada o común; también en abusos al pagar la cuenta de los hoteles que su personal ha ocupado en Guerrero, Coahuila, Tamaulipas, el Estado de México y otros sitios de la geografía nacional.
La PF ha llegado a adeudar más de 30 millones de pesos a los hoteleros que les dieron albergue mientras perseguían a los delincuentes aquí y allá. En Acapulco, por ejemplo, los hoteles Crown Plaza, Casa Inn y Caleta hospedaron a más de mil federales durante casi dos años y sus gerentes se vieron obligados a pedirles que desocuparan las habitaciones porque el adeudo cercano a los 20 millones de pesos era impagable por parte del gobierno federal.
Los federales dejaron los hoteles en mayo de 2015, mientras el gobierno federal y el de Guerrero calendarizaban los pagos pendientes de cubrir.
Para vitarse más bochornos y mala fama de abusivos hasta con las cuentas del hotel, la PF decidió adquirir carpas móviles.
Para noviembre de ese año, la PF debía 39.5 millones de pesos en cuentas pendientes en 201 hoteles y sitos de descanso alquilados en todo el país para que el personal sustantivo los usara no solo para dormir, sino también como bases de operaciones.
Los “cuarteles móviles” le darán a los federales “espacio suficiente para el apropiado descanso y resguardo de los elementos y equipo táctico y operativo durante su permanencia en la zona de operación”, según dice el proyecto que lleva la Clave de Cartera con el número 1604L000003.