México, 18 de febrero (La Jornada).- Entre febrero de 2014 y noviembre de 2015, la Procuraduría General de la República (PGR) inició al menos 14 juicios de extinción de dominio y otros tantos litigios judiciales conocidos como abandono de bienes, con el fin de que el gobierno mexicano tome posesión de lo que algún día fue del cártel de Sinaloa, y que incluye 32 inmuebles, cinco ranchos, 13 avionetas, 182 equipos de cómputo, 433 teléfonos celulares, ocho radios satelitales, 78 vehículos y 17 motocicletas…nota completa.
Alfredo Méndez