México, 3 de agosto (Excelsior).- Hoy día la evaluación de policías arrastra 65% de rezago en la aplicación de exámenes de confianza a los más de 500 mil elementos que hay en el país. Por si fuera poco, de 175 mil que se han sometido a la evaluación de confianza, casi 55 mil no cumplen con el perfil que requiere el cargo.
Ante esta realidad, resulta indispensable apoyar la estrategia del gobierno federal de mantener al Ejército en las calles en tanto no se refuercen y fortalezcan las corporaciones policiacas estatales y municipales.
Los cuestionamientos de algunos sectores de la sociedad respecto de la utilidad y la legalidad de la presencia del Ejército en las calles han dado pie a diversas opiniones. Hoy la única interpretación que tiene impacto real en las controversias jurídicas es la que realizan los tribunales, de tal suerte que la hermenéutica jurídica que ha desarrollado la SCJN ha sido una luz en la constitucionalidad de las Fuerzas Armadas para actuar en materia de seguridad pública.
Las Fuerzas Armadas están sujetas al mando civil que ejerce constitucionalmente el Presidente de la República en su calidad de comandante supremo de las mismas y una de sus facultades, según la fracción VI del artículo 89, es la de “preservar la seguridad nacional, en los términos de la ley respectiva, y disponer de la totalidad de la Fuerza Armada para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación.” Es decir, pueden ser usadas a discreción del Ejecutivo, siempre y cuando no implique un desplazamiento de ellas al extranjero, pues en ese caso requiere la aprobación del Senado.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado que las Fuerzas Armadas pueden intervenir como auxiliar en materia de seguridad pública cuando los cuerpos policiacos y las autoridades civiles no estén capacitados para proporcionar una atención competente, según señala la SCJN en la Tesis Jurisprudencial que se refiere a la participación de la Fuerza Armada permanente en el auxilio de autoridades civiles.
Si bien preservar la seguridad nacional es responsabilidad del titular del Ejecutivo federal, corresponde a todas las autoridades de nuestro país actuar conforme a las obligaciones que el orden jurídico les impone.
El próximo presidente de la República entiende las circunstancias por las que atraviesa el país en materia de seguridad y, en congruencia con las expresiones de su campaña política, le dará el reconocimiento que históricamente ha conquistado el Ejército en el sentir de los mexicanos que buscamos seguridad, justicia y paz para nuestra gran nación
Apostilla: El Ejército ha respondido con pundonor ante el fuero de guerra o la justicia civil, según el caso, cuando sus elementos sin distinción de grado o jerarquía contravienen el orden jurídico que nos rige, buscando la equidad y la imparcialidad en la justicia, para víctimas y transgresores. No hay que olvidar que para 77% de la opinión pública mexicana el Ejército es una de las instituciones que genera mayor confianza y está comprometida con la sociedad (según datos de la encuesta realizada por BGC-Excélsior en abril de 2012).
* Ex subprocurador general de la República
y catedrático universitario
Federico Ponce Rojas
Opinión
Excelsior