La posición geográfica de Santa María Ostula y comunidades vecinas en la costa del pacífico, deviene en un enclave estratégico para las operaciones del crimen organizado, infiltrado de años atrás en el gobierno de Michoacán. Sobre lo ocurrido el día 19 de julio, cuando durante un operativo en el que participó el ejército resultó muerto un menor de edad, los peritajes que se realicen serán fundamentales para deslindar responsabilidades. En el medio militar se sabe que la dotación de municiones que traen los soldados, contiene datos como el año de fabricación de los cartuchos, y son exclusivos de los Fusiles Automáticos Ligeros (FAL), el arma reglamentaria de la tropa del ejército mexicano. Conocer esos datos podría aclarar si en realidad fue el ejército quien disparó, o como dijo el general Pedro Felipe Gurrola Ramírez, hubo un grupo que atacó “desde la maleza” a las tropas y a los pobladores.
México, 3 de agosto.- Es un video tomado con la cámara de un teléfono celular que comenzó a circular el 1 de agosto del 2015. Son 42 segundos donde quedaron captados algunos momentos de tensión en la vanguardia de la protesta de pobladores de Santa María de Ostula, que encaró a los militares que participaron en el despliegue de fuerzas de seguridad el 19 de julio cuando fue detenido el líder de las autodefensas de esta comunidad, Cemeí Verdía Zepeda.
Entre gritos y reclamos, las primeras imágenes que aparecen son de la parte superior de un vehículo blindado que comienza a echarse en reversa, a uno de los costados se encuentra un grupo de soldados uno de los cuales en un momento de tensión, toma un arma de grueso poder y apunta a los manifestantes que tiene enfrente.
Con calma aparente uno de los civiles, vestido con camiseta deportiva, bermudas y chanclas, con un machete en la mano, lo insta a que se relaje. El militar apunta durante varios segundos mientras otro civil, también con playera deportiva, se acerca con otros militares en aparente llamado a la calma mientras aquel baja el arma. Las imágenes son una muestra muy breve de lo que se vivió hace unos días en aquella zona de la costa michoacana perteneciente al municipio de Aquila.
El 19 de julio pobladores y organizaciones civiles de esta región de Michoacán, denunciaron que durante un operativo del gobierno federal y estatal, militares dispararon contra los manifestantes donde un niño perdió la vida y tres civiles mas, dos de ellos menores de edad, resultaron heridos. La movilización de fuerzas de seguridad fue en apoyo a la detención del líder de la policía comunitaria Cemeí Verdía, acusado de portación de arma prohibida, la cual en su calidad de jefe de uno de los grupos de autodefensas le había sido entregada por el propio gobierno. Días después el líder comunero fue dejado en libertad pero al abandonar el penal de Tepic, Nayarit, fue detenido de nuevo ahora acusado de robo y sospechoso de homicidio, de acuerdo a lo difundido por las autoridades.
Las organizaciones civiles que respaldan a los comuneros, denunciaron desde el día de la detención de Verdía que la razón de fondo de su encarcelamiento, se debió a su oposición junto a otros pobladores a la explotación de minerales por parte de firmas extranjeras como la italo-argentina Ternium, la cual tiene concesiones mineras en la región. En diversas entrevistas, algunos líderes de esta comunidad han expuesto que existe interés de la delincuencia organizada y del gobierno, por apoderarse de tierras comunales para abrir vías y construir accesos que faciliten edificar un puerto que serviría como entrada alterna a Lázaro Cárdenas y Manzanillo, para todo tipo de mercancías primordialmente precursores químicos para fabricar drogas sintéticas que llegan al país vía marítima.
Reportes de las organizaciones civiles señalan que en los últimos cuatro años se han denunciado la desaparición de seis comuneros y el asesinato de 33 personas, habitantes de la comunidad de Ostula, quienes se han distinguido por su militancia en la defensa de sus libertades y de sus tierras.
La clave está en los cartuchos
Transcurridas dos semanas del tiroteo que dejó tres heridos y provocó la muerte de un niño en la comunidad de Ostula, donde los pobladores acusaron al ejército de estar detrás del ataque, la Procuraduría de Justicia de Michoacán no ha dado a conocer ningún avance en la identificación de los probables responsables, ni ha hecho público los peritajes que podría haber realizado como parte de la investigación del homicidio del menor.
Para identificar a quienes accionaron las armas, deslindar responsabilidades y conocer si en realidad se trató de los soldados que participaron en el operativo, serán fundamentales los peritajes balísticos de los cartuchos que se hayan encontrado en la escena del crimen. Dos fuentes militares consultadas en la ciudad de México, señalaron que la dotación de municiones que traen los soldados contiene datos como el año de fabricación de los cartuchos, y son exclusivos de los Fusiles Automáticos Ligeros (FAL), el arma reglamentaria y la más común que usan las tropas en este tipo de despliegues.
“¿Los cartuchos encontrados coinciden con los que traen las tropas?”, preguntó una de las fuentes castrenses consultadas sobre el tema. Este dato es fundamental si se trata de encontrar las pruebas para determinar la culpabilidad o inocencia de los militares que participaron en los sucesos del 19 de julio, añadió.
El general de división Pedro Felipe Gurrola Ramírez, comandante de la décima segunda región militar, con jurisdicción en los estados de Guanajuato, Michoacán y Querétaro, además de ocupar el mando del grupo de Coordinación Michoacán, aseguró dos días después de los acontecimientos que el ejército solo había realizado disparos al aire para disuadir las agresiones en contra de las tropas, quienes fueron atacados por pobladores con palos, piedras y disparos.
Al hacer un recuento de los sucesos, el general Gurrola señaló que hubo protestas en las comunidades indígenas de Xayacalan y el Duín, las cuales se desactivaron sin confrontación. En Ixtapilla, perteneciente a Ostula, los pobladores retuvieron a los soldados y se solicitó el respaldo de policías antimotines desarmados. Los militares desplegados en ese punto, tuvieron que retirar un tráiler y un vehículo de la Comisión Federal de Electricidad que fue colocado para bloquear el tránsito en el puente Coahuayana, que es el lugar donde se tomaron la mayor parte de las imágenes que circulan en Internet sobre lo ocurrido en esa región de Michoacán.
“El grupo antimotines respondió a la agresión con la activación de gases lacrimógenos y de humo para dispersar a los manifestantes; el caos fue aprovechado por civiles armados que se retiraron del lugar y que se ocultaron entre la maleza; cuando las fuerzas federales y estatales avanzaban sobre el puente se escucharon detonaciones de arma de fuego de gente escondida entre la maleza”, dijo a manera de explicación sobre la balacera de aquel día y que provocó la muerte del menor.
En noviembre del 2012, cuando el general Gurrola se desempeñaba en Sinaloa como jefe de la Fuerza de Tarea Sierra Madre, sus tropas chocaron en un paraje a las afueras del municipio de Guamúchil, con un comando armado que custodiaba a Orso Iván Gastelum, apodado “el Cholo Iván”, jefe de un grupo de pistoleros encargados para la organización de Joaquín “el Chapo” Guzmán de controlar el Valle del Évora. En ese enfrentamiento resultó muerta María Susana Flores Gámez, una reina de belleza sinaloense que había sido coronada meses atrás como Miss Mujer Sinaloa 2012, y quien tiempo después se supo que era pareja sentimental del narco.
El nombre del general Gurrola apareció a los pocos días en una serie de narco mantas colocadas en calles de municipios como Guamúchil. En ellas “el Cholo” Iván acusó al jefe militar de haber asesinado a María Susana, de quien dijo no llevaba armas y se había bajado del vehículo donde huía para rendirse. En los mismos mensajes se acusó al general de tener vínculos con un testaferro de la organización Beltrán Leyva, que ascendió a jefe de operaciones del narco en el norte de Sinaloa de nombre Fausto Isidro Meza Flores, conocido como “el Chapo Isidro”.
Gurrola dejó Sinaloa meses después y fue enviado de comandante a la octava zona militar en Reynosa, Tamaulipas. De aquella zona de la frontera con Estados Unidos, fue enviado tiempo después al bajío para hacerse cargo de la región donde se encuentran las dos comandancias militares de zona en Michoacán. En esta tierra ya le tocó el caso del menor muerto en Ixtapilla, donde se acusa a los militares bajo su mando, lo cual lo ha vuelto a colocar de nuevo bajo el reflector mediático.
Juan Veledíaz
@velediaz424
Estado Mayor MX
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