México, 17 de julio (Milenio Diario).- Más vale que la SIEDO haya entregado ayer al juez de arraigo (a más tardar a las 12 de la noche en que venció el plazo de 72 horas que se le dio) copia certificada de todas las constancias de investigación que confirmen la veracidad de los dichos en “denuncias anónimas” y de “testigos protegidos” para inculpar al general Tomás Ángeles Dauahare.
También debió aportar las actuaciones que solicitó la defensa para la obtención, por ejemplo, de videos de Perisur, informes de Relaciones Exteriores y Migración, o de un reporte de la DEA sobre si tiene alguna indagación contra el divisionario.
De no haber cumplido el requerimiento, la SIEDO delataría una mala fe, que no la “buena” con que debe proceder el Ministerio Público.
Y es que, al solicitar (hace casi 20 días) la ampliación del arraigo (por otros 40), la subprocuraduría entregó al juez Luis Núñez Sandoval únicamente los elementos de cargo, pero ninguno de descargo como los descritos.
Tampoco lo hizo desde la primera solicitud.
De haberlo hecho, es muy probable que el general no hubiese sido arraigado.
Carlos Marín
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