México, 17 de julio (El Universal).- Durante la presente semana, este diario ha dado a conocer la compra realizada en el último año por la Secretaría de la Defensa Nacional de equipo de espionaje por 5 mil millones de pesos. Equipos que estarían asignados a la Sección Segunda del Estado Mayor de la Sedena y a la Dirección General de Transmisiones.
La compra cuadara en el tipo de herramientas que la Sedena necesita para cumplir con su misión de salvaguardar la seguridad nacional. La defensa de territorio, población y gobierno sólo puede hacerse respecto de amenazas externas o internas, con mejor armamento y preparación que los potenciales enemigos, pero siempre por medios democráticos, amparados por la legalidad.
Ahora bien, algunos expertos en seguridad nacional y derechos humanos consultados sobre el tema señalan que contar con estos insumos es esencial para las tareas de inteligencia contra el crimen organizado, aunque otros cuestionan las facultadades legales de las fuerzas armadas para emplear esta tecnología, así como la forma en que se impide o regule que no se emplee con fines distintos a la persecución del delito.
En tal sentido es importante que la Sedena clarifique el marco legal de la adquisición y la razón por la cual dichas tareas quedan en su campo de competencia, así como la manera en que han de armonizarse con otras instancias de inteligencia nacional, como el Cisen, por ejemplo. Ya que, aun quedando claro el ámbito en que cada dependencia actúa, el riesgo de duplicar funciones a incluso traslaparse negativamente existe.
También se ha de precisar el protocolo de uso de los aparatos, que debe ser apegado a lo que la legalidad exige por lo que respecta a escucha de conversaciones o intercepción de comunicaciones electrónicas y telefónicas.
Repobable sería que este sofisticado equpo termine siendo usado con fines ajenos a la inteligencia, más para hostigar disidentes o políticos que para detectar graves amenazas a la seguridad de la nación.
México no puede quedarse desprotegido por tecnicismos legales, pero tampoco puede tirar a la basura años de protección de los derechos humanos por un prurito policiaco donde sean confundido los enemigos del país con los enemigos políticos o personales.
Editorial El Universal
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