México, 30 de marzo.- Las generaciones que vivimos un sistema político donde las elecciones eran un mero trámite y los resultados, absolutamente todos los resultados electorales, estaban decididos de antemano en la cúpula del poder sabemos el valor que hoy tiene nuestro voto.
Que las elecciones sirvan, justamente, para elegir a quienes nos representan en el Congreso, o nos gobiernan, es un logro de la sociedad mexicana.
No fue gratuito. Al contrario, se trata de un avance que ha costado mucho, de un camino muy difícil.
Por eso el retroceso anunciado en Guerrero es inaceptable.
Corresponde al Gobierno de la República, es decir el Estado, garantizar que en todo el territorio nacional pueda ejercerse libremente este derecho, garantizado en nuestra Constitución y en las instituciones que hemos creado libremente, que -además- pagamos con nuestros impuestos.
Esto, que haya elecciones libres y soberanas en Guerrero, no puede conseguirse por ofrecimientos ilegítimos e irracionales como los de Andrés Manuel López Obrador a la Ceteg. Porque el tema no son los padres de los estudiantes asesinados en Iguala, sino este grupo de seudo maestros que se han convertido en delincuentes con permiso.
Y por tanto corresponde al gobierno federal poner orden. ¿De qué manera? No es lo trascendente, simplemente es su obligación impedir que un grupo de vividores de la protesta consigan impedir que un proceso democrático se cumpla.
En Guerrero, como en ninguna otra entidad de la República es indispensable elegir a un gobernador. El que tienen ahora, producto de la emergencia, fue electo por el gobierno federal con el apoyo de los diputados priístas. Y como todos sabemos fue un gran error, un fracaso.
En Guerrero no hay gobernador, no hay responsable de imponer el orden ni de reestablecer el estado de derecho.
Tal vez ninguno de los candidatos sea una garantía de cambio, pero la peor tragedia a imaginar sería la desaparición de poderes… que implicaría, además, la perdida de muchas libertades individuales. No se trata, es inconcebible imaginarlo así, de dar inicio a una revolución como predican los presuntos maestros, sino de llamar a la imposición de la fuerza pública.
No es camino que conduzca sino a un retroceso inmenso en nuestra vida política. Por eso el gobierno de la República está obligado a garantizar elecciones en Guerrero.
No se trata de “comprar” a los de la Ceteg ni de caer en presiones emocionales de los padres de los estudiantes, no es tema de dinero sino de leyes. De una obligación irrenunciable de nuestros gobernantes. Un pequeño grupo no puede destruir lo que nos ha costado tanto a millones de mexicanos.
Si así fuese éste gobierno estaría firmando una sentencia de muerte. Se vale que el presidente Peña no quiera gobernar para conseguir “medallas”, pero también es indispensable que entienda que la historia es más importante que cualquier costo político temporal.
Isabel Arvide
@isabelarvide
Estado Mayor