México, 12 de marzo.- Si un grupo de ciudadanos en Tabasco o en Nayarit salen a las calles y comienzan a disparar contra otros hombres armados, con un saldo de 11 muertos, seguramente tendrán que rendir cuentas ante la justicia. Y todos pensamos que deberían ir a la cárcel.
La profesionalización de la investigación forense en todo el país permitiría, en este caso, en cualquier parte del país, comprobar de qué arma salieron las balas asesinas.
En Michoacán no sucedió así.
Ingenuamente, al enterarnos de que los grupos rivales que se enfrentaron estaban en la cárcel sujetos a juicio, creímos que así sería.
Un magistrado, da igual como se llame, decidió que no podía probarse, en plena modernidad de investigación, quién había matado a las víctimas. Es decir, no se estableció como debió hacerse casi en automático, de qué arma salieron las balas asesinas.
Por lo tanto, dos meses después no hay responsables de estas 11 muertes.
Y no hay delito a perseguir, ya que los integrantes de ambos grupos eran “guardias rurales” a quienes se les había reconocido oficialmente como tales. Es decir, no estaban bajo la jurisdicción que debemos obedecer millones de mexicanos.
Con razón Hipólito Mora, este personaje que hemos hecho famoso desde la llegada de Arturo Castillo a Michoacán, dice que debe ser “muy pendejo para no entender por qué no hay culpables si hay muertos”, entre ellos su hijo.
El principio de legalidad que se rompe definitivamente con esto es, todavía más grave. Porque otorga impunidad a los asesinos de uniforme. Y sienta precedente. Un buen abogado puede utilizar esto para dejar en libertad a cualquier uniformado que dispare contra otro.
Quiero creer que en este enfrentamiento dispararon muchos tiros de ambas partes, pero eso no quiere decir que no se sepa quién mato a quién. Porque es obvio que Hipólito no iba a dispararle a su hijo. Esta afirmación del magistrado es, verdaderamente, grave e inaceptable.
Nos convierte en un país de salvajes. Donde el Gobierno, sin justificación legal, entregó armas a quienes no tenían razón de portarlas, no estaban capacitados para convertirse en autoridad, y sobretodo estaban inmersos en rivalidades muy profundas y en un clima de violencia tremendo.
Les dio armas y la autorización para utilizarlas. De ahí que no debía sorprendernos que se enfrentasen a balazos.
No creo que haya sido la intención del entonces “comisionado” Castillo otorgar una patente criminal, sin embargo en eso terminó el haber constituido grupos de “fuerza rural” legales.
Hipólito Mora, que ha sido uno de los rostros más conocidos nacionalmente de estos “autodefensas”, tiene un odio justificado por Luis Antonio Torres, “El Americano”, que también quedó en libertad bajo la premisa del magistrado de que no se puede saber quién disparó contra los muertos. Y eso no es garantía de que van a vivir en paz, antes al contrario.
¿Y entonces qué hará la autoridad? ¿Les pedirá amablemente que no se maten entre sí?
Con el agravante de que Hipólito Mora se convertirá, seguramente, en candidato a una diputación. Y esto significa politizar todavía más el tema.
La Ley tendría que ser eso, la Ley, en todo el país y para todos los mexicanos. No podemos tener asesinos con permiso ni culpables a mandato del momento político como Míreles, también en Michoacán, que está en prisión por “portación de arma”.
O sea que puedes matar… pero no portar un arma…
¿Qué sigue? ¿De qué manera pretenden imponer paz social y orden en Michoacán frente a estas realidades?
¿Y los jueces, al servicio de quién están?
Isabel Arvide
@isabelarvide
Estado Mayor