México, 17 de octubre.- El misterio y, también, el número de muertos, aumentaron en Guerrero al descubrirse que los 28 cadáveres encontrados en las primeras fosas no pertenecen a los normalistas desaparecidos. De igual forma en que se desconoce el motivo para “desaparecer” a los jóvenes que protestaban en Iguala, no existe pista sobre quiénes eran o por qué fueron asesinados.
¿Puede una sociedad encontrar, así como pateando un bote, fosas clandestinas a reventar de cuerpos de “desconocidos” y no pasar nada?
Porque independientemente de la investigación que encabeza el procurador Jesús Murillo Karam no hemos visto acciones contundentes de parte del Gobierno y de la sociedad.
Las órdenes de aprehensión giradas son insuficientes para la indignación, para el agravio inmenso que significa esta masacre. Y las que se acumulen según vaya la autoridad federal avanzando en sus averiguaciones.
Ni las fosas ni los asesinatos ni la violencia ni la complicidad de las autoridades han resultado de meses y meses de indagaciones, estaban tan a flor de tierra que era imposible no verlo. ¿Qué hacía el procurador de Justicia de Guerrero, qué hicieron los presidentes municipales y el gobernador?
Porque, además, ahora tenemos que hablar en plural ya que Murillo Karam descubrió que la policía municipal de Cocula participó en el secuestro de los normalistas. O sea que “Guerreros Unidos” que presuntamente ordenó el “levantón” controlaba por lo menos dos policías municipales completas, la de Iguala y la de Cocula. Dos instituciones de seguridad abiertamente al servicio del crimen organizado, con todos los recursos públicos.
El municipio es la instancia de organización social más cercana a la sociedad, su gobierno tiene posibilidad y doble obligación de estar en contacto con sus gobernados. En las pequeñas poblaciones todo se sabe, toda acción se convierte en tema público. Dice Murillo Karam que no hay pruebas de que el titular de la policía y el presidente municipal de Cocula estuviesen coludidos en esta acción criminal. Entonces, tenemos que preguntar, estaban desmayados, ciegos, enfermos de la mente…a
¿Cómo puede gobernar alguien sin enterarse de lo que pasa a su alrededor?
Las patadas de ahogado de Ángel Aguirre, coincidentes con estos descubrimientos suben en su tono patético. Tanto como el rechazo, ahora ya público, de su partido. No es suficiente. En nuestras leyes existe una figura conocida como “omisión” que hace responsable a las autoridades.
Y las comisiones internacionales de derechos humanos hablan de “crímenes de humanidad” cuando toda la autoridad institucional los permite. México y el Gobierno encabezado por Enrique Peña Nieto están en esa tesitura por la estupidez supina del todavía gobernador de Guerrero que decidió ignorar la realidad, cerrar los ojos frente a lo que sucedía en su entidad.
Junto con Aguirre otro tanto hicieron sus colaboradores. Ahora tienen que pagar por sus acciones, por sus pecados de “omisión”. Y no son suficientes renuncias ni declaraciones ni arrepentimientos. Lo cierto es que en Guerrero se asesinó impunemente y se utilizó a las fuerzas públicas con absoluta impunidad. Y quién sabe con qué resultados nefastos porque faltan fosas por encontrar.
No es admisible. Porque no estamos frente a un grupo criminal que esté conformado por superhombres, por prodigios de inteligencia, los señores de “Guerreros Unidos” que, presuntamente están detrás de estos crímenes, no son los “jefes de jefes” simplemente les permitieron utilizar a la autoridad pública, son parte del gobierno, son socios de aspirantes políticos, son el brazo armado de la ambición de unos cuantos.
Son, si me apuran, unos cuantos campesinos armados que hicieron de la muerte un buen negocio amparados por la autoridad local, con total complacencia del Gobierno estatal y peor ignorancia del Gobierno federal.
Es una monstruosidad que esto pudiese suceder. Y alguien, muchos tienen que pagar por estos crímenes. Lo que no resuelve ni la investigación ni el dolor de los familiares, pero nos regresa en alguna medida al camino de la legalidad…
Isabel Arvide
@isabelarvide
Estado Mayor