México, 1 de octubre.- En la Ley General de Protección Civil se deja en claro, en el Art. 5, la correcta actuación de las autoridades de dicho cuerpo, la cual debe privilegiar la protección a la vida, la salud, la integridad física de las personas, la inmediatez, la eficacia y eficiencia en la prestación del auxilio y la entrega de recursos a la población en caso de emergencia o de desastre.
Hoy, con 147 muertos, 309 municipios del país con declaratoria de desastre y 212 con declaratoria de emergencia, es muy difícil no preguntarse si se llevó a cabo todo lo humanamente posible para prevenir el colapso en el cual está inmerso el país a consecuencia de las lluvias provocadas por los fenómenos meteorológicos Manuel e Ingrid. Los resultados poco alentadores derivados de la aplicación de los programas de auxilio y autoridades federales y estatales echándose la culpa mutuamente sobre lo oportuno o tardío de las advertencias hacen suponer que no.
La “rota” comunicación institucional
De nueva cuenta, de acuerdo con la Ley General de Protección Civil en su Artículo 26, es el Consejo Nacional de Protección Civil -constituido por el Presidente de la República, los titulares de la Secretarias de Estado, los Gobernadores de los Estados, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal y la Mesa directiva de la Comisión de Protección Civil de la Cámara de Senadores y Diputados- el encargado de proponer el establecimiento de los instrumentos y políticas públicas integrales de la protección civil, así como de promover la efectiva coordinación de las instancias integrantes del Sistema Nacional de Protección Civil.
Para tales efectos, dicho Consejo cuenta con los instrumentos de la Coordinación Nacional y el Centro Nacional de Comunicación y Operación de Protección Civil, las cuales tienen como tarea primordial verificar el cumplimiento del Programa Nacional de Protección Civil, la integración del Atlas nacional de Riesgos y el alertamiento correspondiente entre los integrantes del Sistema Nacional.
A su vez, la Ley General deja en claro, que si bien existe un constante monitoreo para la prevención y aplicación de los diversos programas de auxilio a nivel federal, es responsabilidad de los gobernadores, presidentes municipales y jefes delegacionales del Distrito Federal, la integración y funcionamiento de los sistemas de protección civil dentro de sus jurisdicciones (Art. 17).
Con lo anterior en mente, resultan de vital importancia las declaraciones del Coordinador Nacional de Protección Civil, Luis Felipe Puente, quien ayer aseguró y confirmó las emisiones de alertas hechas mediante el Servicio Meteorológico Nacional (21 en el caso de Ingrid y 31 para Manuel) a diversas entidades federativas para tomar las medidas precautorias ante la llegada de los meteoros.
El Coordinador también dejó en claro que desde el 13 de septiembre se convocó a la instalación del Grupo Interinstitucional para Ciclones Tropicales, conformado por autoridades de la Sedena, la Marina, la Policía Federal, la Secretaria de Turismo, la Secretaria de Salud, la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, de Relaciones Exteriores y la Cruz Roja para poder determinar las acciones a seguir en los Consejos Estatales de Protección Civil.
En ese sentido, también se confirmó la instalación de dichos consejos en Chiapas, Colima, Coahuila, Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas, con el fin de activar los protocolos correspondientes y desplegar los operativos en coordinación con la Sedena, Marina y Policía Federal.
Comienza el “sospechosismo”
Si bien no se puede dudar de la publicación de las alertas, las cuales se encuentran disponibles en el portal de internet de Protección Civil, el reciente golpeteo mediático hace suponer que dichas emisiones no fueron entregadas como era debido, no se midió bien la fuerza de los meteoros o simplemente los encargados de activar los protocolos se hicieron de la “vista gorda”.
El gobierno de Guerrero asegura que efectivamente se recibieron las alertas correspondientes, pero las mismas no describían un peligro alto y que fue hasta el 15 de septiembre cuando el nivel de alerta subió a alto. En el caso referente a la comunidad de La Pintada, cuya población fue sepultada por un alud de lodo, el gobierno local indicó que en vista de no existir antecedentes de ese tipo de fenómenos en la zona, no se pudo prevenir la situación.
De la misma forma, municipios de Colima, Michoacán, Tamaulipas, Nuevo León y Veracruz no tomaron acciones hasta el domingo 15 de septiembre mediante la cancelación de los festejos patrios.
Pero tal vez, la declaración más preocupante sea la vertida por la Secretaría de Marina, hechas al Diario La Jornada el 27 de septiembre de 2013, en la cual “fuentes navales” hacen evidente que desde el 13 de septiembre, la Semar ya estaba preparada internamente para activar su plan de contingencia en el estado de Guerrero. Sin embargo, dicho plan no pudo llevarse a cabo con la prontitud adecuada en vista de que la Ley General de Protección Civil y los reglamentos del Plan de Auxilio de la Marina y Plan DN-III hacen énfasis en que las autoridades federales, estatales o municipales deben determinar e implementar las acciones de protección civil.
Para tales efectos, el Consejo Estatal encargado de activar los protocolos de ayuda se reunió hasta el 14 de septiembre, cuando la magnitud de las tormentas ya había causado estragos y muertos en la demarcación.
Es así como los rumores de que el Gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, se encontraba en la fiesta conmemorativa de las festividades patrias en lugar de estar en el Consejo Estatal, de la ausencia del Coordinador Nacional de Protección Civil, Luis Felipe Puente, en el Grupo Interinstitucional para Ciclones Tropicales o la estancia en Las Vegas por parte del Director del Fondo de Desastres Naturales, José María Tapia Franco, mientras el país se encontraba en dificultades, toman más fuerza que nunca.
Lo que mal empieza, mal acaba
Podría pensarse que los eventos desatados por Ingrid y Manuel, son aislados y de ninguna manera reflejan falta de preparación por parte del gobierno. Por desgracia, el postulado anterior dista mucho de la realidad y para muestra un botón: México no cuenta con un Atlas de Riesgos actualizado.
Si se ingresa a la página de internet del Centro Nacional de Prevención de Desastres y se accesa a la versión pública del Atlas de Riesgo, se puede percatar del atraso en materia de análisis y publicación de los mismos sufrida en el país. La última actualización al respecto la hizo el estado de Veracruz en 2011, Guanajuato y Chiapas en 2009, DF, Chihuahua y Tlaxcala en 2008, Puebla en 2005, Nuevo León en 2001 y Aguascalientes en 1993.
Tabasco, Sinaloa, Durango, Quintana Roo y Baja California Sur carecen de la información pertinente. ¿Es posible brindar la ayuda adecuada, planear protocolos eficaces o tener una comunicación interdependencias adecuada, cuando no se cuenta con la información actualizada?
A su vez, se debe tener en mente que la mayoría de las comunidades afectadas por los temporales, son comunidades las cuales ya habían sido azotadas con anterioridad por otros eventos meteorológicos (como el huracán Paulina). Lo anterior se debe a que muchas de estas localidades se encuentran construidas en terrenos de alto riesgo como barrancas, a las faldas de los cerros, en lagunas secas o al lado del cauce de un río; asimismo, existen viviendas dentro de las zonas afectadas que tampoco cumplen con los lineamientos básicos de calidad para el lugar en el cual están edificadas.
En ese sentido, el Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Jorge Ramírez Marín, así como el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, han instado a que se realice una investigación por presuntos actos de corrupción en lo referente a la construcción de desarrollos urbanos irregulares.
La destrucción es un gran negocio
Otro aspecto de vital importancia, son los recursos que año con año destina el Gobierno para la atención de las declaratorias de desastre. De 2004 a 2012, el presupuesto asignado a este tipo de tareas fue de 135 mil 919 millones de pesos, el doble del presupuesto anual de la Secretaria de Gobernación.
Tan solo el año pasado se gastaron poco más de 13 mil millones de pesos y 425 millones en equipo.
Cabe señalar que la cifra antes mencionada se utiliza exclusivamente para hacer frente a la devastación por el impacto de fenómenos climáticos y es el Gobierno Federal, quien pone la mayor parte de los recursos, sólo un porcentaje menor es aportado por los gobiernos estatales de las demarcaciones que requieran reconstrucción.
Con lo anterior en mente no es de extrañarse que ante las contingencias enfrentadas por cualquier tipo de desastre natural, los gobiernos estatales tengan en un lugar prioritario de su agenda el elaborar las solicitudes correspondientes para ser declarados zonas de desastre o de emergencia… hay demasiado dinero de por medio.
Angel Silva Juárez
@Usul16
Estado Mayor
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