Una “célula” de la guerrilla incrustada en la policía comunitaria “desactivada” por el Ejército; roces y choques de militares con las bases sociales formadas por indígenas de la zona de Ayutla de los Libres, sumados a las emboscadas y enfrentamientos con la delincuencia organizada, tienen en alerta roja al Ejército por estos días en un estado donde el caos por la inseguridad pareciera que se presenta en “cámara lenta”.
México, 7 de septiembre.- Su presencia no pasó desapercibida para el grupo de información del 48 batallón de infantería, la unidad del Ejército que tiene su sede en Cruz Grande, y cuyas operaciones abarcan los 15 municipios de la Costa Chica de Guerrero, entre los que se encuentra Ayutla de los Libres. Cuando Bernardino García Francisco fue detenido por los militares el pasado 21 de agosto, su captura se convirtió en algo parecido a un mensaje de los militares a las células de la guerrilla que mantienen vasos de comunicación con las organizaciones sociales en esta región del estado. El coordinador regional de Autoridades Comunitarias de la Casa de Justicia de El Paraíso, poblado que pertenece a este municipio, es uno de los sobrevivientes a la masacre del Charco, ocurrida el 7 de junio de 1998, donde murieron 11 personas y 23 más fueron detenidas acusadas de formar parte del Ejército Popular Revolucionario (EPR). En aquella ocasión, tropas de la 27 zona militar, con cuartel en Acapulco, ingresaron al poblado de madrugada disparando a quienes ahí se encontraban, en el lugar pernoctaba un grupo de personas entre las que estaban varios militantes de la organización guerrillera.
El expediente que el Ejército ha elaborado de años atrás a la fecha de este líder social mixteco, y dirigente de la policía comunitaria en esta zona, lo vincula con las bases que el EPR mantiene en esta región, dice una fuente militar con acceso a información reservada. Y no es el único, el pasado 21 de agosto también fue detenido Lázaro Peláez Castro, policía comunitario en la comunidad de El Paraíso, y sobreviviente de aquel 7 de junio de 1998 en el Charco, poblado perteneciente al municipio de Ayutla de los Libres. Tanto Bernardino García Francisco como Peláez Castro se habían convertido en “blancos de seguimiento” para el Ejército por la sospecha que detrás de las organizaciones a las que pertenecen, correría una “estructura paralela” que funcionaría como “vehículo de propaganda” con lazos directos con el EPR.
La noche del pasado miércoles 21 de agosto, tropas del Ejército junto a una unidad de la Marina y un grupo de la Policía Federal, ingresaron a la comunidad El Paraíso, municipio de Ayutla de los Libres, donde liberaron a unas 50 personas que estaban detenidas en la casa de justicia de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC). En el operativo detuvieron a 31 integrantes de la policía comunitaria encabezados por su dirigente, Bernardino García Francisco. La tarde de aquel día, en el municipio costero de Olinalá, en la misma región de la Costa Chica, un grupo de la Marina detuvo a Nestora Salgado García, coordinadora de la CRAC-PC en este poblado, y de quien las autoridades estatales informaron estaba acusada de “secuestro agravado”.
La detención de ambos dirigentes ocasionó una amplia movilización social que se tradujo en el envío de un primer contingente, integrado por 100 policías comunitarios del poblado de Tixtla, quienes armados con sus escopetas marcharon al día siguiente rumbo a Chilpancingo para exigir la libertad de sus compañeros. La columna fue interceptada por un grupo de militares y policías federales, quienes les impidieron entrar armados a la ciudad. Por varias horas se vivió una situación muy tensa luego de que retuvieron a dos policías federales, y al mismo tiempo bloquearon la carretera que comunica la capital del estado con este municipio y Chilapa. Durante poco más de seis horas la alerta se instaló en esta zona del estado. El bloqueo se retiró cuando acordaron con el gobierno estatal, que una comisión sería recibida al día siguiente para analizar el caso de sus compañeros detenidos.
Días después el 27 de agosto, una manifestación que partió de la comunidad de El Paraíso, integrada por policías comunitarios y bases sociales que dependen de la casa de justicia de este poblado, fue interceptada a golpes y empellones por una compañía de soldados del 48 batallón de infantería. Pese a que era una manifestación pacífica, la actuación de las tropas fue para cumplir la orden que llevaban de desarmar a cerca de 300 comunitarios que acompañaban la marcha. En protesta por este operativo, los inconformes, en su mayoría indígenas mixtecos y tlapanecos, se reagruparon y bloquearon la carretera federal número 200, que corre paralela al océano Pacífico, y que comunica en este tramo el puerto de Acapulco con Pinotepa Nacional, en el estado de Oaxaca. Eran cerca de 800 personas, entre comunitarios y militantes de la CRAC, quienes se inconformaron por la arremetida del Ejército y solicitaron la liberación de los miembros de la autodefensa detenidos, entre ellos Bernardino García Francisco y Nestora García Salgado.
El pasado viernes 6 de septiembre el gobierno del estado acordó con representantes de la CRAC la liberación de 19 de sus integrantes detenidos el 21 de agosto. La liberación de 19 de los 32 capturados en ese operativo, se determinó según informaron las autoridades, del análisis jurídico de cada uno de los casos. El Procurador de Justicia de Guerrero, Iñaki Blanco Cabrera, informó que dentro de los liberados no se encontraba la dirigente García Salgado ni el líder mixteco Bernardino García Francisco.
Refuerzan presencia militar
Desde que el pasado sábado 31 de agosto se efectuara una asamblea de la CRAC en el poblado de San Luis Acatlán, el Ejército desplegó tropas a lo largo de la carretera que comunica Marquelia con Tlapa, en un área que abarca la zona de la Costa Chica en dirección a la región de la Montaña. De acuerdo a reportes de la prensa local, en los últimos días se han instalado por lo menos siete retenes militares con el objetivo de buscar a policías comunitarios que no estén registrados en la credencialización que acordaron la casa de justicia de San Luis Acatlán con el gobierno del estado.
Ante esta versión fue difundida de manera oficial, corre otra que señala que el despliegue de las tropas es para monitorear el paso y traslado de grupos y militantes de la CRAC que han estado en constante movimiento después del operativo del 21 de agosto. Puestos de control militar fueron instalados en el llamado paraje Montero, en el crucero Horcasitas, y junto al plantel del CBTIS 136, en Marquelia. Más adelante en el tramo carretero del poblado vecino de Cruz Grande rumbo a Ayutla, se instaló un retén frente a la gasolinera de la colonia Esperanza, otro destacamento se plantó en el camino de acceso al poblado del Mesón. Mientras en el tramo que va de Ayutla a Tecoanapa, la presencia de soldados se reforzó en los sitios conocidos como el Pericón y Las Cruces, muy cerca de San Marcos. En toda esta área, que forma parte de la jurisdicción del batallón 48, la movilización de la policía comunitaria se incrementó a raíz de la detención de sus dos dirigentes.
Al mismo tiempo la Red Solidaria Década Contra la Impunidad A.C que encabeza el obispo de Saltillo, Coahuila, Raúl Vera López, se movilizó y lanzó un llamado a las autoridades federales y del gobierno estatal para que se respeten las garantías individuales de Bernardino García Francisco y de su colega Lázaro Peláez Castro, así como la del resto de personas detenidas el 21 de agosto. La agrupación dijo estar temerosa por la “integridad física y sicológica” de quienes identificó como “sobrevivientes de la masacre del Charco”, e hizo un llamado para que el Ejército se repliegue de esta zona y regrese a sus cuarteles.
Ataques y enfrentamientos a la alza
Fue un “enfrentamiento” del que la primera versión que circuló la tarde del viernes 6 de septiembre fue que se trató de una emboscada. Sucedió en un paraje que se localiza entre los poblados de El Naranjo y Filo de Caballos, en la región centro del estado de Guerrero dentro del municipio de Leonardo Bravo, que colinda al sur con Chilpancingo.
Eran tropas del 50 batallón de infantería, adscritas a la comandancia de la 35 zona militar con cuartel en la capital del estado, las que fueron atacadas a tiros cuando realizaban una operación de búsqueda y aseguramiento de una célula vinculada a la delincuencia organizada que opera en esta región. Cuando se desplazaban por este trecho, según el parte que dio a conocer la Procuraduría de Justicia del estado, los soldados fueron atacados a tiros y repelieron la agresión. Comenzó un enfrentamiento que cobró la vida de 10 presuntos integrantes del grupo armado y de un teniente que iba al mando de un pelotón. El reporte añadió que dos militares más fueron llevados de urgencia al hospital de la zona al resultar heridos.
En el inicio del primer fin de semana de septiembre, el estado de Guerrero continuó como uno de los más violentos en lo que va del 2013. Por la mañana del viernes se reportó el hallazgo de seis cuerpos con huellas de tortura en un sitio conocido como las Minas, muy cerca de la comunidad del Rincón, perteneciente al municipio de Juan R. Escudero, ubicado a 100 kilómetros de la capital del estado. Eran cuatro hombres y dos mujeres, quienes fueron encontrados semidesnudos y a su alrededor se hallaron casquillos de fusiles R-15 y de pistola .9 milímetros. El reporte de la policía señaló la posibilidad de que el suceso esté relacionado con la delincuencia organizada.
Otro hecho que comenzó la tarde del miércoles, cuando la señora Azalea Sotelo Ávila, esposa del ex comisario de la comunidad del Paraíso, fue plagiada por un grupo armado, se tornó en un hecho que desembocó en el enfrentamiento de militares con los supuestos secuestradores, el cual se saldó con la muerte de tres de los acusados y la captura de tres de sus cómplices. El suceso se prolongó durante el jueves y viernes cuando los habitantes de esta comunidad comenzaron a seguir a los secuestradores por la sierra de Atoyac, al darles alcance recibieron el apoyo de una patrulla militar, quienes se enfrentaron a los individuos provocando tres bajas.
La contabilidad de asesinatos se extendió a la Tierra Caliente, en el municipio de San Miguel Totolapan, donde se reportó la muerte a tiros de dos personas lo que provocó un enfrentamiento entre pistoleros y la policía sin que se reportaran más decesos. Otro homicidio, éste del presidente de la Expo Feria de Ciudad Altamirano, se sumó al de dos taxistas y un abogado en el puerto de Acapulco. Los reportes mostraban que la violencia en Guerrero no sólo no disminuía, sino que se sumaba a la tensión social entre el Ejército con los grupos de la policía comunitaria en la región de la Montaña y la Costa Chica.
Juan Veledíaz
@velediaz424
Estado Mayor
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