Texto leído por Isabel Arvide en la IV Conferencia Regional del Sistema Penitenciario:
México, 4 de mayo (Redacción).- Afirma el investigador de la UNAM, José Luis Velasco Suárez, que la gobernanza en niveles múltiples se define como un “arreglo” para tomar decisiones vinculantes entre una multiplicidad de actores políticamente independientes pero interdependientes en algún sentido y que operan en diferentes niveles de agregación territorial.
Su tesis me ha resultado iluminadora en muchos sentidos.
Asevera que los actores participan en un proceso más o menos continuo de negociación, deliberación e implementación. Y concluye que la Integración del Sistema Penitenciario Nacional tiene que reunir estas característicaspara ser eficaz.
Y eso es lo que tiene que hacerse cotidianamente, lo sabemos quienes estamos reunidos aquí: Deliberar, negociar e implementar un cambio que está tan lejano de nuestras opciones prácticas, inmediatas, como resulta a su vez indispensable para la sobrevivencia de uno de los pilares del Estado Mexicano, el “Uso Institucional de la Fuerza”.
En el caso que nos ocupa, abundaría, el uso institucional, LEGITIMO, de la fuerza coercitiva en los penales.
¿Cómo no dedicar largas horas a deliberar sobre una realidad tan aterradora en que la población penitenciaria, que se ha duplicado en años recientes, sobrevive hacinada en condiciones precarias y sin control en la mayoría de las cárceles mexicanas?
Para muchos una “bomba de tiempo”, para la sociedad un tema fatigoso que no merece su atención más que en la excepción del motín y/o la muerte, para algunos gobernantes simplemente un dolor de cabeza que debe atenderse, la realidad penitenciaria en el país es una pesadilla que no se ha conseguido registrar, ni por el gobierno ni por diversos académicos y luchadores sociales, como una prioridad social.
La verdad es que los mexicanos no valoran ni se sientencontentos o seguros ante los éxitos oficiales al detener a miles de criminales que han llevado a duplicar la población en las cárceles en una década.
Por otra parte, la incapacidad de transformar el sistema de justicia hacía privilegiar la presunción de inocencia, limitando así el uso de “prisión preventiva”, ha agudizado problemas que se vienen arrastrando en las cárceles locales desde el siglo pasado. Sobre todo el hacinamiento. Aproximadamente, lo sabemos, 40 por ciento de los más de 230 mil reos mexicanos están en espera de ser sentenciados.
Esto tiene que cambiar. Pero no está en las manos de la autoridad penitenciaria conseguir, menos en automático o de acuerdo a nuestras urgentes necesidades, esta indispensable transformación del sistema de aplicación de justicia y hasta de las leyes que nos rigen.
Encontrar nuevas salidas, con imaginación y voluntad política, a la prisión preventiva en delitos no graves permitiría reducir hasta en noventa por ciento los días de prisión para presuntos responsables, ahorrándose el gobierno cerca de 400 millones de pesos al año, como se hizo en Chile con gran éxito.
Simplemente que el juez pudiese, a discreción, otorgar el privilegio de la decisión sobre una medida cautelar en casos de primo delincuentes o en delitos que pueden alcanzar conmutación de pena o beneficio de libertad provisional, evitaría que muchas prisiones estuviesen sobrepobladas como sucede hoy.
La incapacidad que tenemos de responder de manera imperiosa al mandamiento legal, amparado en el Artículo 18 Constitucional, de separar a reos procesados de aquellos sentenciados, es uno de los temas esenciales a resolver. No el de mayor jerarquía desafortunadamente.
Porque lo que nos ocupa es cómo evitar que los internos se maten entre sí, que se escapen, que instalen un autogobierno, que introduzcan armas, que metan y vendan, consuman drogas, que delincan desde prisión. En pocas palabras, la angustia de quienes estamos inmersos en el tema carcelario es cómo evitar que todo esto suceda dentro de prisiones que no responden a un mínimo de seguridad.
Donde a veces no podemos garantizar la continuidad de la energía eléctrica en un evento extraordinario por carecer de plantas de luz de emergencia.
Y aquí hablamos de paredes. De candados. De rejas. De tienditas consentidas. De patios. De dormitorios. De aduanas. De uniformes. De una suma de vicios arrastrados desde hace un siglo, de una suma de complicidades oficiales consentidas arrastradas tal vez incluso por mayor tiempo.
Una y otra vez he escuchado con relación a las cárceles de Cancún y de Chetumal que lo extraño es que no escapen sus internos. No me refiero a aquel incidente, ridículo extremo para la autoridad carcelaria, militar para mayor mal de todos, de Chetumal en abril del 2011, en que una mujer embarazada había conseguido cruzar los primeros controles de “seguridad” arrastrando una maleta donde se escondía su marido.
Hablo de nuestro día a día.
Yo diría, a boca llena, que la norma establecida por el gobernador Roberto Borge es que no escapen los reos de nuestras prisiones, sin importar cuáles sean las condiciones de éstas.
Porque las cárceles de Cancún y de Chetumal, que albergan aproximadamente a 2 500 reos, sufren de todos los vicios a imaginar, excepto la falta de voluntad política para enmendarlos. En eso estamos inmersos todos, desde el propio gobernador Borge que dedica mucho tiempo de su Agenda, cotidianamente, al tema de la seguridad y de las cárceles, hasta el empleado penitenciario mal preparado y peor pagado, de origen policía, que recibe instrucciones y supervisión constantes.
Hemos hecho tantos operativos, bajo sus órdenes, para requisar armas, celulares, droga, como hemos fracasado en el control de su introducción. Nuestro éxito es la necedad compartida. Ellos meten, nosotros quitamos. Nosotros dificultamos la corrupción cuando no podemos extirparla. Hasta donde tope.
Por eso la decisión del gobernador Roberto Borge de cambiar a la autoridad carcelaria las veces que sea necesario.
Vamos contra la complicidad criminal. Todos los días, en batallas muy desiguales y poco entendidas por la sociedad, por los medios sobre todo.
Y apenas podemos. La lista inmensa de lo que no tenemos ilustraría la realidad mexicana. Citemos falta de celdas, de paredes, de tecnología, de recursos de infraestructura en todo ámbito. Y hasta de uniformes que identifiquen a los reos. Especialmente delicado el tramo de revisión de visitantes y de nuestros empleados. No es que tengamos una política de “puertas abiertas” en nuestras cárceles, es que no tenemos puertas que cerrar.
Y cuando llegamos, lo recordará el Subsecretario RicardoTejeda, tuvimos que comprar candados. Así de pavoroso es nuestro pase del día.
A diferencia de lo que ha sucedido en otras entidades, el caso más reciente en Zacatecas, donde diez internos se fugaron del penal de Calera de Víctor Rosales, el sábado 28 de abril, después de sorprender, amarrar y desarmar a los custodios, a las nueve de la mañana en total impunidad, nosotros somos conocedores y muy conscientes, todas las autoridades penitenciarias y del ámbito de seguridad, de estos peligros. No nos van a agarrar babeando. Entre nuestros pecados no van a encontrar ni la omisiónintencional ni la ingenuidad.
Pero, definitivo, necesitamos apoyo.
Necesitamos hacer de la “gobernanza institucional” un modo de vida cotidiano que vaya más allá de las relaciones personales. Nosotros, en Quintana Roo, necesitamos de todos quienes están presentes en esta Conferencia, de nuestros compañeros que en otras partes de país padecen como nosotros problemas agobiantes sin recursos suficientes para resolverlos, y de nuestros compañeros que en el centro del país, en las oficinas del gobierno federal nos ayudan. Y pueden apoyarnos mucho más todavía.
Necesitamos juntos encontrar fórmulas que vayan más alláde tiempos sexenales y razones políticas que en la “gobernanza institucional” avancen hacía solucionar la sobrepoblación, la violencia, el autogobierno, la falta deprofesionalización de los custodios, los bajos sueldos, la ausencia de programas de reinserción social, la incapacidad de siquiera separar los reos condenados de aquellos que están en espera del veredicto del juez.
Este sexenio ha habido cambios fuera de todo calificativo en el sistema penitenciario mexicano.
Visualizar la bestia de mil rostros que vive en las cárcelesfue un ejercicio que requirió de todas las disciplinas y de todas las dedicaciones. Entender donde podía detenerse el caos fue, definitivo, el paso más grande que se dio.
Y se dio, hay que reconocerlo con toda su magnitud, durante este sexenio encabezado por el Presidente Felipe Calderón Hinojosa.
El inmenso acierto de la administración actual, de Genaro García Luna que venía con la experiencia de crear una policía profesional desde los sótanos donde la tortura era“ciencia”, sin concesión semántica de por medio, hasta la luz de los laboratorios forénsicos donde la “ciencia” hoy está al servicio de la ley, ha sido no mezclar las sinrazones de la política en la transformación del sistema carcelario.
Había que cambiar. Todo. Sí, pero por dónde empezar… cómo detener los huracanes de corrupción sin crear un problema mayor… cómo romper inercias de muchos años, de muchos gobiernos, de muchos hombres que prefirieron “no moverle” a un avispero que parecía inmanejable desde todas las ópticas políticas.
Había que cambiar. Todo. Pronto.
Había que mejorar. Todo. Pronto.
Había que hacerlo lejos de la política.
Así se hizo.
Se comenzó por entender las grandes vertientes de realidad que nutren el problema: La falta de un sistema de aplicación de justicia que fortalezca la presunción de inocencia, y que al hacerlo impida que “presuntos inocentes” purguen penas que no les corresponden. Y, por otro lado, la falta de infraestructura física, de personal capacitado, de tecnología en prisiones sobre saturadas de internos que cuentan con recursos económicos y de organización criminalinfinitamente superiores a los de la autoridad.
Pocas veces una figura metafórica como la de reparar un “vehículo en movimiento” resulta tan exacta para ejemplificar lo que se hizo durante este sexenio.
Ese cambio del desastre al orden, que en el ámbito federal podemos comprobar en los penales de alta seguridad construidos este sexenio, es lo que queremos que nos ayuden a conseguir para Quintana Roo.
Ustedes, como yo que he convivido con el sistema político mexicano por más de treinta y cinco años, saben que cuando se mezclan las razones de la política con la realidad de la seguridad, no se diga con los requerimientos de la seguridad,no hay resultados. Es imposible ya no avanzar sino siquiera mantener el mínimo de logros alcanzados.
No queremos que eso suceda en nuestro país en el ámbito penitenciario. Todo lo que hacemos, juntos, en esa“gobernanza institucional” debe ser, precisamente, institucionalizado por nuestras voluntades. Debe ser tan contundente e indestructible como los edificios que albergan las prisiones federales.
Debe ser institucionalizado hacía el bienestar de la sociedad, hacía la reinserción social de los internos, hacía el uso legítimo de la fuerza del Estado en las prisiones, hacía el control, el orden, la seguridad y la legalidad en nuestrascárceles. Sin siglas partidarias ni apellidos de poder.
Teníamos muchos pendientes en el país al principio de este sexenio presidencial. Teníamos muchos pendientes al principio del sexenio estatal en Quintana Roo. Aquí y en el país, tanto en el ámbito local como federal, seguimos teniendo muchos pendientes.
No nos basta, como autoridad que somos, con derribar las paredes del inmenso miasma de las cárceles y construir, como ambiciona el gobernador Borge en Quintana Roo, nuevas estructuras modernas con todos los recursos tecnológicos. No será suficiente sino tenemos la capacidad, la imaginación, la voluntad conjunta y cotidiana de institucionalizar todos los mecanismos de apoyo que hemos construido en la buena voluntad y la necesidad compartidas.
Gracias.