México, 26 de enero (Reforma).- El Gobierno federal pretende impulsar un plan integral de modernización del sistema penitenciario bajo una premisa fundamental: reformar y no formar delincuentes.
El proyecto, que será propuesto por la Secretaría de Gobernación al Consejo Nacional de Seguridad Pública, contempla el establecimiento de procesos homogéneos de operación en los penales estatales.
Además, rehabilitar y construir nuevos centros de reclusión -incluidos federales- con infraestructura y tecnología acordes con sus niveles de seguridad y custodia.
En coordinación con las autoridades locales, la Federación buscará elevar los lineamientos de seguridad, sanidad y calidad de las instalaciones penitenciarias.
También incluye la capacitación adecuada y justa remuneración al personal que labora en las cárceles.
Los objetivos primordiales, revelan documentos oficiales, son garantizar el control de los penales y ofrecer una verdadera rehabilitación a los internos.
“(Se impulsará un) sistema penitenciario moderno que reforme y no forme delincuentes, para su posterior reinserción social. (Habrá) mejores prácticas de rehabilitación que permitan conmutar ciertas penas por trabajo comunitario”, se indica en el proyecto.
El Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, declaró el 17 de diciembre pasado, durante la sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Seguridad, que el sistema penitenciario es insuficiente.
“Además (…) perdió la característica, por más utópica que parezca, de la reinserción social, y hoy, a los Centros de Readaptación Social no se le da la suficiencia para poderlo atender”, manifestó el funcionario en esa ocasión.
Las tres principales fuerzas políticas, PRI, PAN y PRD, también se comprometieron a impulsar una reforma integral al sistema penitenciario, en el marco del Pacto por México.
El compromiso 81 señala que se invertirán los recursos necesarios para la construcción de los Centros de Readaptación Social que se requieran, para acabar con el hacinamiento y la convivencia de presos federales y del fuero común.
“De igual forma, se impulsará un nuevo sistema de cumplimiento de penas de servicios comunitarios por delitos menores, y con especial énfasis en los presos jóvenes que permitan su readaptación social”, indica el acuerdo político.
De las primeras acciones de este Gobierno federal en materia penitenciaria destaca la reubicación de los 535 reclusos del Cereso 2 de Gómez Palacio a otros penales de Durango, después de un intento de fuga. La llamada “estrategia preventiva” se llevó a cabo el 19 de diciembre pasado.
Asimismo, realizó el traslado de mil 88 internos nacionales como parte del Programa de Reordenamiento Penitenciario, y se alista la graduación de 108 guardias del sistema penitenciario, programada para el próximo 31 de enero.
Antonio Barranda

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