México, 19 de diciembre (Crónica).- Durante el sexenio anterior, el federal fue incapaz de ofrecer una propuesta integral de seguridad pública, mucho menos democrática. La restringida visión para acabar con el crimen organizado se debió más bien a una estrategia de posicionamiento, primero; y tal parece que de soberbia, después. La “guerra” emprendida contra la delincuencia dejó solamente saldos negativos y aceleró desastrosos en materia de seguridad.
La seguridad es una de las principales preocupaciones de la sociedad. El Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad humana integral de las personas y sus comunidades; es decir, proporcionar las condiciones suficientes que les permitan ejercer de manera plena su autonomía y colectiva, decidir autogestionaria y democráticamente su y ejercer plenamente sus derechos, constituyéndose como verdaderos ciudadanos. De ahí que debe ser una prioridad, para cualquier gobierno, acabar con la inseguridad, la impunidad y la corrupción.
Durante la sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, el Enrique Peña Nieto anunció seis líneas de acción en materia de seguridad, las cuales son: 1. Planeación, para asignar responsabilidades y fechas precisas de cumplimiento para cada institución del gobierno de la República, así como para los locales; 2. Prevención, habrá un programa transversal en esta materia que alineará las políticas para combatir las adicciones, rescatar espacios , ampliar las Escuelas de Tiempo Completo y promover proyectos productivos, entre otras acciones; 3. Respeto a los Derechos Humanos, se pondrá en marcha un Programa Nacional de Derechos Humanos, que fortalezca las áreas del gobierno en esta materia y se creará la instancia federal que dé seguimiento a la instrumentación de la reforma de derechos humanos; 4. Coordinación, el gobierno de la República fortalecerá y asegurará la colaboración entre sus propias instituciones, así como con las autoridades de los estados, del Federal y los municipios; 5. Transformación, para el éxito de esta política de Estado se requerirá un cambio estructural en dos ámbitos: el policial y el de Procuración de Justicia; y 6. Evaluación, con el fin de retroalimentar y, en su caso, ajustar esta política de Estado. Lo importante es dar resultados y cumplir con el objetivo de darle paz y tranquilidad a los mexicanos, reduciendo sensiblemente la violencia.
Hay elementos, dentro de esta propuesta de seguridad, que permiten vislumbrar que las cosas se pueden hacer de diferente manera y ello puede permitir encaminar al país hacia un estadio donde la seguridad de las personas sea una realidad y no sólo un discurso. Sin embargo, también es justo decirlo, en la propuesta no se incluyeron y/o especificaron puntos medulares para la concreción de resultados y, por ende, el éxito de la misma. Veamos.
Debido a la fallida “guerra” contra el crimen organizado realizada en el sexenio anterior, la sociedad civil dio muestras fehacientes de lo que puede hacer si se organiza y une para ser escuchada por las autoridades y demandar resultados. Tomando en cuenta el papel activo que ha desempeñado la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales, resulta de vital importancia abrir espacios ciudadanos de consulta y deliberación acerca de la estrategia de seguridad pública necesaria para nuestro país, donde se priorice la prevención del delito con la participación ciudadana desde cada comunidad y en los diversos niveles de gobierno, en una estrategia de corresponsabilidad y de pleno impulso a la cultura de la legalidad.
Si bien la propuesta del gobierno federal habla de la transformación en el ámbito de la Procuración de Justicia no se abordó o dejó explícito un tema medular para el éxito de cualquier política en materia de seguridad, y que es la autonomía al Ministerio Público federal.
Otro punto que no quedó explícito en la propuesta de seguridad –y que ya ha demostrado su debilidad– es el asunto de los penales. Se requiere un Plan Integral Penitenciario que transforme el sistema disperso existente y estructure ejes estratégicos para una administración eficiente de los penales federales, buscando colocarlos como verdaderos centros de readaptación social.
Estos son sólo algunos ejemplos de los temas que no se tocaron o no fueron suficientemente explicados dentro de la estrategia de seguridad del presidente Peña Nieto y que no pueden dejarse de lado, si en verdad se busca acabar con la impunidad y restablecer la paz y la tranquilidad en México.
René Arce

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