Desde la perspectiva de los Estados Unidos, la elección presidencial en México es un “punto de inflexión estratégico” para sus relaciones con México. La pregunta clave es si el nuevo presidente continuará enfrentando la delincuencia organizada transnacional, en cooperación con sus vecinos del norte y del sur.
En el 2006, el presidente Felipe Calderón tomó la valiente decisión de enfrentar a los cárteles del narcotráfico, con los objetivos de reducir la corrupción, la impunidad, el crimen y restaurar la ley y el orden. Después de 50,000 muertes, muchos mexicanos están cansados de esta política y buscan un cambio. Los tres candidatos presidenciales ofrecen puntos de vista contrastantes. Sin embargo, gane quien gane las elecciones tendrá una gama de cuatro “categorías” de opciones para escoger sobre cómo reducir la violencia y abordar el tráfico ilícito:
1. “Mantener el Rumbo”. Continuar la estrategia del presidente Calderón con las fuerzas militares en el rol principal y con el apoyo de las instituciones policiales.
2. “Policía en el Rol Principal”. Asignar a la policía el rol principal para luchar contra la delincuencia organizada, con el apoyo militar. Esto requerirá reformas importantes, tanto como el adiestramiento y la profesionalización de las fuerzas policiales estatales y locales.
3. “Políticas Sociales y Culturales”. Esta categoría incluye, en lugar de confrontación, iniciativas sociales, económicas y educativas que ofrecen oportunidades para encarar los problemas de raíces de la delincuencia organizada y la violencia. También incluye reformas para despenalizar o legalizar la marihuana y otras drogas se incluirían.
4. “Acomodo Directo o Tácito”. Como manera de reducir los delitos violentos en México, algunos ex funcionarios han sugerido que el gobierno evite la confrontación con los grupos criminales. Per ejemplo, no impedir el narcotráfico a los Estados Unidos. Este acomodo puede darse de forma abierta o tácita.
La opción más pragmática sería una combinación de las tres primeras categorías: es decir, una estrategia para que la policía tome el papel principal de la lucha contra la delincuencia, a la vez que se implementen las reformas educativas y sociales para abordar las causas de la ilegalidad y la impunidad. Una acomodación directa o tácita de la delincuencia organizada sería perniciosa para el Estado de Derecho de México; más aún, la seguridad y otras formas de cooperación con los Estados Unidos terminarían.
Habría que considerar dos lecciones estratégicas del caso colombiano. La primera es que el apoyo ciudadano y la voluntad política son esenciales para el éxito de cualquier estrategia para combatir la delincuencia organizada. Durante décadas, los presidentes colombianos intentaron combatir la inseguridad sin éxito. Durante esos años, las élites políticas creyeron que los asuntos de “orden público” del país solo afectaban las áreas rurales, no las ciudades donde vivían. Dado que las crecientes amenazas llevaron a Colombia a convertirse en un Estado casi fallido, la sociedad civil finalmente llegó al punto de decir “¡Ya Basta!”. El pueblo colombiano exigió una respuesta a los desafíos de la seguridad nacional. Debido a este sentimiento popular, el Presidente Alvaro Uribe organizó y fortaleció las instituciones colombianas para obtener el logro.
Adicionalmente, el Asesor de Seguridad Nacional de Colombia, Sergio Jaramillo, afirma que el éxito de una estrategia de lucha contra el tráfico ilícito no implica una guerra contra las drogas o su legalización, sino que requiere poner la “casa en orden”. Las acciones drásticas y los sacrificios que se tomaron para crear instituciones colombianas fuertes, competentes y eficaces demuestran su importancia para minimizar la impunidad y, a su vez, generar una cultura de respeto al Estado de Derecho.
Dada la terrible violencia en diferentes zonas de México, ya existen importantes movimientos sociales exigiendo un cambio, pero parece que la sociedad en su entorno no ha llegado al punto de decir “¡Ya Basta!”. Al igual que los colombianos del pasado, muchos mexicanos se consuelan diciéndose que “donde yo vivo no hay violencia como en Sinaloa o Monterrey o Ciudad Juárez”.
El ejemplo colombiano señala que para combatir exitosamente la delincuencia organizada, toda la sociedad civil -especialmente su élite política- debe apoyar medidas drásticas para frenar la corrupción y hacer justicia a través de instituciones fuertes. Desde las perspectivas de los Estados Unidos y México, sería positivo que los objetivos principales de la estrategia del nuevo presidente de México buscaran fomentar el apoyo de los mexicanos y gozar de una “casa en orden”.
El autor es director del Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa (CHDS, por sus siglas en inglés), dependiente de la Universidad de la Defensa Nacional de Estados Unidos en Washington, DC.
Richard Downie
Opinión
Vía Reforma