México, 19 de octubre (La Razón).- La liberación de Rubén Sifuentes Cadena “El Shaggy” se puede convertir en uno de los episodios más turbios de nuestro maltrecho sistema de administración de justicia.
Como se sabe, Sifuentes Cadena es señalado por la procuraduría de Coahuila, de ser uno de los responsables del asesinato de José Eduardo Moreira.
También es público que fue detenido en ciudad Acuña, por posesión de drogas y cartuchos, meses antes del crimen, pero al poco tiempo fue liberado porque el juez Séptimo de Distrito en Materia Penal, que conoció en primera instancia el asunto, consideró que no existían pruebas suficientes para mantenerlo en prisión.
En la Procuraduría General de la República y en el Tribunal Unitario del Octavo Circuito piensan otra cosa y no les faltan motivos.
“El Shaggy” fue detenido por elementos del ejercito, en la vía pública, con 111 dosis, en bolsitas transparentes y con un paquete de 800 gramos de mariguana. La ley prevé que se puedan portar, para consumo personal, 4.99 gramos de mariguana.
Hay que señalar que el acusado no es adicto y que el día de su detención no había consumido droga alguna. Esto es de vital importancia, porque hace la diferencia en este tipo de situaciones.
Por ello en el tribunal se consideró, a partir del recurso de apelación que presentó el Ministerio Público, que era inexplicable la cantidad de droga, si no tenía como propósito el de la venta y por ello ordenaron que se le detuviera de nueva cuenta.
“No se puede pensar que tiene la misma intención quien posee la droga en la vía pública, a quien la tiene en un lugar resguardado, pues al encontrarse en la calle se cuenta con las condiciones favorables para su transmisión a terceros”, argumentaron en el tribunal.
Los cartuchos, que también portaba, para abastecer varios tipos de armas largas, tampoco fue explicada de modo verosímil por el inculpado.
El derecho también es un asunto de sentido común, y si bien deben imperar las garantías, es evidente que en el caso de “El Shaggy” fue blando, por decir lo menos.
Seamos realistas, por menos de los indicios que se tenían en este caso, muchas personas pueden pasar mucho años en prisión.
No son pocos los adictos que al momento de ser detenidos se enfrentan a un verdadero infierno que les puede costar la libertad.
No se necesita un gran conocimiento criminológico para sospechar de un sujeto repleto de mariguana y abastecido de parque para fusiles.
¿Qué motivó al juez para decir que no existían los elementos suficientes? ¿Por qué reclasificó el delito de grave a simple? Por el momento, el juzgador insiste en que nunca contó con los elementos suficientes, que sin embargo sí apreciaron sus colegas de la instancia superior y por ello revocaron su resolución.
El caso, sin duda, va a requerir explicaciones de cada una de las instancias involucradas, pero también puede servir para detectar las zonas en las que se está complicando la aplicación de la ley.
Julián Andrade
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