Tres ex presidentes latinoamericanos publicaron el domingo un artículo sobre “la ineficacia y las consecuencias desastrosas de la guerra contra las drogas y el fracaso de la estrategia prohibicionista”.
Fraseología pomposa para una propuesta enclenque.
Cardoso de Brasil, Gaviria de Colombia y Zedillo de México, piden abrir el debate sobre la “regulación”, toda vez que en México y Centroamérica “la violencia y corrupción asociadas al tráfico de drogas representan una amenaza a la seguridad ciudadana y a la estabilidad democrática”.
El debate debe darse. Sin embargo, antes hay que hacer un par de puntualizaciones.
¿Por qué no “regularon” la circulación de drogas durante sus respectivos gobiernos?
Abrir el comercio de drogas puede (subrayo el “puede”) acarrear una descomposición social aún mayor de la que padecemos, pero el riesgo ya no es problema de Cardoso, Gaviria y Zedillo. Que lo arreglen los que gobiernan ahora o los que vienen.
En México, quien metió al Ejército a tareas de investigación e inteligencia contra el narcotráfico fue el entonces presidente Zedillo.
De ahí vinieron las deserciones en el Ejército para formar el grupo Los Zetas y permeó la corrupción a algunos mandos de las fuerzas armadas, como fue el caso del general Gutiérrez Rebollo.
Si son congruentes tendrían que admitir, los tres, su error histórico. La propuesta de abrir el debate sobre la “regulación” es, de todas maneras, interesante.
Pero plantearla como solución a la violencia y al delito generado por el narcotráfico es errónea.
Ahí está el punto más débil de la propuesta de los ex presidentes, presentada el domingo reciente en Reforma.
Quieren acabar con la guerra contra las drogas y “la violencia y la corrupción asociadas al tráfico de drogas”, mediante una ambigua regulación de la mariguana.
Aclaran que “regular no es lo mismo que legalizar. Regular es crear las condiciones para la imposición de todo tipo de restricciones y límites a la comercialización, propaganda y consumo del producto, sin ilegalizarlo”.
Es posible que sea positivo regular. O tal vez no. El debate sería fructífero siempre y cuando estemos conscientes de que hablamos de despenalizar el consumo de una droga blanda, la mariguana. Nada más. No hablamos de abatir violencia ni delitos. Ese es otro tema.
Con la propuesta no se acaba el cultivo ilegal de mariguana para traficar con ella. De goma de opio, cocaína y drogas químicas, ni una palabra.
Sugieren, por último, que “el poder represor del Estado y la presión de la sociedad debe estar orientada a la lucha contra los narcotraficantes, sobre todo a los más violentos y corruptores, no a perseguir jóvenes o enfermos”. Ahí hay una aportación: perseguir con mayor ahínco a los grupos más violentos.
Pero eso es todo, porque el cese a la persecución de jóvenes y enfermos por el hecho de ser consumidores, terminó hace tiempo.
Pablo Hiriart
Opinión
La Razón