Fuerzas armadas violaron derechos humanos como estrategia vs el narco, sugiere AMLO

México, 4 de diciembre.- En la celebración de su primer aniversario como presidente de México, Andrés Manuel López Obrador enderezó una nueva ofensiva contra los ex presidentes Felpe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto en la que incluyó, sin mencionarlos por sus nombres, a los ex secretarios de la Defensa y Marina de ambos mandatarios.

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La nueva andanada lopezobradorista incluyó a los generales Guillermo Galván Galván y Salvador Cienfuegos Zepeda y a los almirantes Mariano Francisco Saynez Mendoza y Vidal Francisco Soberón Sanz.

El presidente López Obrador se refirió a ellos indirectamente cuando acusó a los dos mandatarios de los dos sexenios anteriores de haber iniciado la guerra al narco, de haberla sostenido y de haber apoyado o permitido toda clase de violaciones a los derechos humanos como parte de la estrategia para combatir a la delincuencia organizada.

Obrador hizo estos señalamientos en el Zócalo, al referirse al fracaso de la guerra contra los cárteles: “Esta irresponsable decisión condujo a soldados y marinos a una lucha frontal contra la delincuencia organizada bajo la consigna de limpiar como fuera, con ajusticiamientos, masacres o exterminio. En el alto mando militar se decía en ese entonces se les decía a los oficiales: ‘Ustedes acábenlos y nosotros nos encargamos de los derechos humanos’.

Sobre esta etapa de la vida del país y sus consecuencias para todos los habitantes, el presidente dijo que su gobierno ha emprendido un cambio de paradigma de seguridad. Entre 2006 y 2018 los gobernantes pretendieron resolver la inseguridad y la violencia delictiva mediante acciones de fuerza militar y policial, sin atender el fondo del problema, dijo.

“El resultado fue catastrófico y esa estrategia dejó un saldo pavoroso de muertos, desaparecidos y lesionados, una crisis de derechos humanos (sic), una descomposición institucional sin precedente y un gravísimo daño al tejido social.

“El país padece aún las consecuencias de esa política equivocada. No debe olvidarse, porque a veces hay como amnesia en algunos, no debe olvidarse que el 2 de febrero de 2007 Felipe Calderón, para tratar de legitimarse luego del fraude electoral, ordenó desde Apatzingán, Michoacán, la participación de las Fuerzas Armadas en lo que denominó ‘guerra contra el narcotráfico”.

El presidente se refería al gobierno de Felipe Calderón, en el que las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de Marina-Armada de México (Semar) acumularon 134 Recomendaciones (112 a la Sedena y 22 a la marina) emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

En el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto el número de Quejas y Recomendaciones disminuyó sensiblemente, quedando en 23 para la Sedena (18 generales y 5 por Violaciones Graves) y 27 para la Marina (24 generales y 3 por Violaciones Graves), para un total de 50 Recomendaciones en el sexenio anterior. En total, en los dos gobiernos señalados, la CNDH emitió 184 Recomendaciones a las fuerzas armadas mexicanas.

De manera implícita, Obrador sugirió que los secretarios de Defensa y Marina de ambos ex presidentes habrían ordenado a sus mandos, jefes y oficiales pasar por encima de los derechos humanos para cumplir con su objetivo de acabar con la delincuencia organizada.

Un año después de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero (26 de septiembre de 2014), el Centro de derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan reveló una investigación en al que, con base en documentos oficiales de la Sedena, señaló la existencia de la Operación Dragón, diseñada para ubicar, detener y exterminar a presuntos delincuentes en horas de la madrugada.

Ni la Sedena ni el gobierno federal corrigieron, aclararon o desmintieron dicha información con la que habría quedado demostrada la estrategia de eliminación de delincuentes o presuntos delincuentes bajo el argumento de que sus muertes fueron producto de enfrentamientos.

“La mejor prueba de este proceder autoritario es que ese sexenio ostenta la mayor letalidad en combate desde la Revolución mexicana. Ese indicador se obtiene del promedio de presuntos delincuentes muertos o rematados en enfrentamientos, comparados con los heridos y detenidos presentados por las fuerzas militares ante la autoridad.

“En sólo dos años del gobierno de Calderón, 2011-2012, se registraron mil 898 enfrentamientos en los que murieron dos mil 459 personas, resultaron heridos 231 y fueron detenidos mil 519; o sea, 709 muertos más que el número de heridos y detenidos.

“Asimismo, en los tres últimos años del gobierno de Calderón, 2010-2012, los militares y navales fallecidos en enfrentamientos fueron 154 en tres años, un promedio de 51 por año; mientras en 12 meses de nuestro gobierno sólo lamentamos que hayan perdido la vida 15 miembros de las Fuerzas Armadas.

“Aunque los datos hablan por sí solos, es obvio que esta absurda y desquiciada estrategia no se repetirá y que nunca más se pondrá en riesgo de manera irresponsable ni la vida ni el prestigio de los integrantes de las Fuerzas Armadas y mucho menos se le utilizará para cometer excesos y ejecutar órdenes ilegales e inhumanas”, señalaba el presidente en el Zócalo.

Obrador habló entonces, sin ir a fondo, de lo ocurrido el 17 de octubre en Culiacán, Sinaloa, en donde un grupo de fuerzas especiales del Ejército Mexicano fracaso estrepitosamente en el operativo para detener y extraer a Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín Guzmán Loera, quien tuvo que ser liberado para evitar un derramamiento de sangre en la ciudad como reacción a la captura.

El presidente se refirió a estos hechos de la siguiente manera: “La vigencia de la nueva política de seguridad se demostró con claridad ante la crisis de terror, miedo, que se vivió la tarde-noche del jueves 17 de octubre en Culiacán, Sinaloa, con motivo de la detención de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín Guzmán Loera.

“En esa verdadera prueba de fuego en la que la delincuencia salió a la calle con armas de alto calibre y se vivió un alto riesgo, se prefirió detener el operativo y liberar al implicado para evitar una masacre en la que habrían perdido la vida centenares de personas, la mayoría civiles, gente inocente, según el cálculo que responsablemente hizo en su momento el alto mando de las Fuerzas Armadas.

“Podrán decir nuestros adversarios que demostramos debilidad, pero nada vale más que la vida de las personas”.

El presidente defendió su postura señalando que la argumentación de esta nueva estrategia está contenida en el Plan de Desarrollo, “pero reitero que entre las acciones principales para conseguir la paz figura la creación de mejores condiciones de vida y de trabajo, a fin de atender las causas que originan la violencia”.

Habló también del aeropuerto civil-militar de Santa Lucía, explicando que su gobierno enfrentó “con éxito la actitud obstinada, caprichosa, de los conservadores corruptos, que recurrieron al sabotaje jurídico en la construcción del nuevo aeropuerto Felipe Ángeles, para lo cual presentaron 103 amparos con el propósito de evitar que iniciáramos los trabajos en Santa Lucía. No pudieron. Se impuso la razón y el derecho”. Recordó que la obra estará terminada el 21 de marzo de 2022.

Luego se refirió a las fuerzas armadas señalando que ahora, en su gobierno, “el Estado ya no es el principal violador de los derechos humanos”.

El Ejército y la Marina, dijo casi al final de su discurso, “no se han utilizado ni se utilizarán para reprimir al pueblo. Quiero agradecer el apoyo de soldados y marinos que han aceptado el desafío de garantizar la seguridad pública con pleno respeto a los derechos humanos y con el uso regulado de la fuerza”.

Obrador reiteró que la lealtad, de las Fuerzas Armadas de México “no está en tela de juicio, no está en duda”. Como pueblo uniformado el soldado, el marino, como pueblo uniformado oficiales de la marina, del Ejército están participando de lleno al 100 en la transformación de la patria, dijo.

Fue entonces que el mandatario pidió a quienes lo acompañaron en el Zócalo Aquí “un fuerte aplauso a las Fuerzas Armadas de México”.

Obrador cerró reiterando que “la disminución de la incidencia delictiva en el país constituye nuestro principal desafío, pero estamos seguros de que vamos a serenar a México con el apoyo del pueblo y con el trabajo coordinado de todo el gobierno, además con perseverancia, profesionalismo, honestidad y sobre todo con acciones guiadas por el principio de que la paz es fruto de la justicia”.

Jorge Medellín / @JorgeMedellin95 / EstadoMayor.Mx

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