Un artillero al banquillo

Guillermo Galván Galván recibió hace un par de meses en su domicilio un requerimiento judicial del juez décimo de distrito en el Estado de Chihuahua para que compareciera en un juicio por violaciones a derechos humanos de civiles. Tuvieron que pasar varias semanas para que el ex secretario de la Defensa Nacional, cargo que desempeñó en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, contestara a un cuestionario que se le envió para que aclarara algunos aspectos detrás de las órdenes que dictó y que se ventilan en el proceso contra varios oficiales por lo sucedido en Ojinaga durante la “Operación Conjunta Chihuahua”. El hoy general en retiro y asesor del alto mando de la Sedena, quizá no imaginó que los “errores del ejercicio del mando”, siguen configurando un escenario inédito en materia judicial dentro de este caso que sigue su curso en tribunales civiles.

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En aquellos primeros meses del año 2008 el general de división Guillermo Galván Galván visitó Chihuahua para reunirse con los mandos militares en la entidad en medio de la peor crisis de seguridad que por entonces atravesaba esta región del país. En una de aquellas juntas el entonces secretario de la Defensa Nacional, según declaraciones que se encuentran en documentos judiciales, ordenó implementar “medidas enérgicas” contra el narcotráfico en la zona. 

En abril de aquel año comenzó la “Operación Conjunta Chihuahua”, como se llamó a la estrategia de seguridad federal que tuvo como objetivo desarticular las redes de tráfico de drogas, decomisar armamento y detener a los cabecillas de las organizaciones que por entonces operaban en la entidad y habían hecho de Ciudad Juárez, territorio de muerte y desolación. 

En aquel año la cifra de muertos se incrementó de tal manera que Ciudad Juárez fue considerada la metropoli mas violenta del mundo. Las desapariciones forzadas de civles, los asesinatos de defensores de derechos humanos y de periodistas en la frontera, se dispararon de tal forma que la región fue declarada zona de alto riesgo para la vida cotidiana. 

Ante el reclamo de violaciones graves a los derechos humanos en el verano del 2009 comenzó una serie de detenciones “selectivas” de jefes, oficiales y tropa de unidades como la Tercera Compañía de Infantería No Encuadrada (C.I.N.E.) con cuartel en Ojinaga; el 76 batallón de infantería de Parral y el 35 de infantería en Nuevo Casas Grandes. Lo que por entonces llamó la atención fue que otras unidades involucradas en denuncias graves de violaciones a los derechos humanos, que eran manejadas directamente por el general de brigada Felipe de Jesús Espitia Hermández comandante de la quinta zona militar en Chihuahua, como el 20 regimiento de caballería y el 23 batallón de infantería, no fueron llamadas a cuentas pese a que estaba documentada su participación en sucesos graves. 

Tiempo después algunos de los militares detenidos de otras unidades, aseguraron que esas dos corporaciones estaban bajo “protección política” de la secretaría de la Defensa Nacional porque se buscaba “proteger” al general Espitia de ser llamado a juicio. 

Al paso del tiempo cada uno de los juicios tomó su real dimensión. El caso Ojinaga, documentado desde hace varios años en este blog, ha sido uno de los referentes en cuanto a lo que los detenidos llaman “fabricación de culpables” y “montajes” detrás de un juicio del que han aflorado diversar irregularidades. 

Preguntas para el general Galván

Desde enero pasado la abogada Brenda Patricia Briano Alamillo solicitó de nueva cuenta al juez décimo de distrito en Chihuahua, que llamara a declarar al general Galván Galván para que aclarara una serie de órdedes dictadas durante la “Operación Conjunta Chihuahua”. El año pasado y antepasado el ex secretario de la Defensa Nacional se había negado a ser interrogado aduciendo que en su carácter de “alto funcionario” estaba exento de comparecer ante citatorios judiciales.

El general basó su dicho en un decreto de 1976, al finalizar el sexenio de Luis Echeverría, donde el militar que dejaba de ser secretario de la Defensa Nacional en automático se convertía en asesor del alto mando y continuaba como “alto funcionario”. 

El decreto fue impugnado judicialmente por uno de los oficiales procesados en el caso Ojinaga y después de varios años, el pasado mes de junio el general Galván compareció por escrito en el jucio.

Fueron tres preguntas formuladas por la abogada Briano Alamillo, defensora de oficio federal del mayor de infantería Alejandro Rodas Cobón, quien era segundo comandante de la Tercera C.I.N.E. en aquellos años. Dos de las tres interrogantes, la segunda se omitió, iban sobre un solo sentido, conocer si Galván impuso un arresto sabiendo lo que ese correctivo implicaba. Dice el documento:

“Qué diga el testigo si reconoce como suya la firma del correctivo disciplinario impuesto al mayor de infantería Alejandro Rodas Cobón el día 28 de agosto del año 2009?”.

“Respuesta: Si”.

“En caso de que su respuesta a la interrogante número uno sea en sentido positivo, que nos diga el motivo por el cual impuso un correctivo disciplinario por el término de quince 15 días, cuando el mayor de infantería Alejandro Rodas Cobón estaba siendo sujeto de investigación dentro de la averiguación previa GT/OJ/66/09”.

“Respuesta: Porque los correctivos disciplinarios con motivo de faltas administrativas se imponen al personal militar sin perjuicio de la investigación ministerial o proceso que se siga en su contra”.

Hasta ahí el interrogatorio. 

Ilegalidades en órdenes dictadas

El mayor Rodas Cobón hizo llegar a este blog una serie de observaciones a las respuestas que su abogada hizo al ex secretario de la Defensa Nacional que estuvo en funciones durante la llamada “guerra contra el narco”. El texto del ex segundo comandante de la Tercera C.I.N.E., dice:

“La prueba recién recabada consistente en las respuestas del exsecretario de la Defensa Nacional, General Guillermo Galván Galván a tres preguntas relacionadas a mi detención ilegal durante la averiguación previa de donde derivaron las acusaciones en el caso Ojinaga por el cual se me juzga desde septiembre del año 2009, son de gran ayuda a mi defensa jurídica, porque citado funcionario reconoce haberme impuesto la orden de arresto que motivó mi reclusión durante la averiguación previa GN. OJINAGA/66/09, hecho que anuló mi derecho a una adecuada defensa al encontrarme durante citada averiguación previa incomunicado y por lo mismo sin poder ser asistido por un abogado durante las declaraciones ministeriales del 27 y 31 de Agosto del 2009.

Por sí sólo, el correctivo disciplinario que me impuso el general Galván no es violatorio de mi derecho a una adecuada defensa, porque imponerme el arresto estuvo dentro de sus facultades como mi superior jerárquico”.

“Lo ilegal estriba en que no motivó dicha sanción al citar en el texto que el motivo fue por: “Permitir que personal bajo mi mando violara los Derechos Humanos de los habitantes de Ojinaga Chihuahua, siendo segundo comandante de la Tercera Compañía de Infantería No Encuadrada”. 

“En primer lugar mi cargo fue de segundo comandante de la compañía, por tanto no fue mi responsabilidad directa conducir al personal de dicha unidad militar durante la  operación conjunta Chihuahua, sino de coadyuvancia al comandante de la misma teniente coronel de infantería DEM José Julián Juarez Ramírez, en quien recayó la responsabilidad directa de acuerdo a las leyes y reglamentos militares”. 

“En segundo lugar el general Galván no expone claramente a que personas y con que hechos violé sus derechos humanos. Y lo principal en el cuestionamiento del correctivo disciplinario en donde radica la ilegalidad principal es que sirvió para privarme de mi libertad durante el periodo de tiempo en que el ministerio público militar mayor de justicia militar Honorio Álavrez Félix (hoy retirado) integró la averiguación y solicito mi vinculación a proceso sin darme oportunidad de ejercer mi derecho de defensa consagrado en el artículo 20 constitucional. Honorio Álvarez Félix primero ordenó mi detención y luego investigo hechos supuestamente ocurridos un año atrás (2009)”. 

“Hay que recordar que mis compañeros del caso Ojinaga y yo llevamos casi diez años en prisión preventiva en un montaje de la entonces procuraria de justicia militar, que con “huesos de animales mamíferos de mediano a gran tamaño” montó su  “investigación” realizada por los ahora militares retirados, mayor Carlos Alberto Rivera Medeles y coronel Sergio Hernández Cancino, encabezados por el general David Enrique Velarde Sigüenza, famoso por serl el general que no vio la construcción del túnel por donde escapó del penal del Altiplano Joaquín El Chapo Guzmán, realizándose dicho túnel a 500 metros de su comandancia del octavo regimiento blindado de reconocimiento en Almoloya de Juárez, Estado de México”. 

Juan Veledíaz @velediaz424 EstadoMayor.Mx

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  3 en “Un artillero al banquillo

  1. Avatar
    03 de septiembre del 2019 en 16:37

    Ese procedimiento es clásico en el Ejército, te arrestan con cualquier pretexto para detenerte y someterte a investigaciones, en las que por supuesto saldrás culpable. Afortunadamente ahora los tribunales reconocen las violaciones a los derechos humanos. Tengan confianza, luchen y no se venzan, estoy seguro que saldrán absueltos.

  2. Avatar
    Laura
    28 de agosto del 2019 en 15:40

    Mi hijo es víctima, sobreviviente y testigo de esa llamada “operación conjunta Chihuahua “desde el 2009 y no hacen nada por impartir justicia. Ya hay denuncias, el identifica al general Espitia,etc… su caso no avanza!!!

  3. Avatar
    Pedro
    26 de agosto del 2019 en 18:44

    El General Jesus Espitia Hernadez, se encuentra desde enero de 2013 como alto funcionario del Instituto de Seguridas Social y Fuerzas Armadas Mexicanas, mismo que ya se retiro del activo del Ejército y sigue ganando como alto funcionario…
    Creo que lo tienen protegido Y escondido en el Bunquer que Armo en las instalaciones del ISSFAM, despreciado por los empleados por existir un clima organización nefasto

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