El Chapo y el ejército (I)

¿Cuál fue el costo para la seguridad nacional los 15 años que Joaquín Guzmán Loera estuvo libre desde su fuga en enero del 2001 hasta que fue detenido el mismo mes pero de 2016? ¿Cuántas muertes y desestabilización en distintas zonas del país podrían atribuirse a su persona? ¿Hasta donde llegó la red de intereses politico-económicos que lo auparon durante casi tres sexenios? ¿Cuáles son los rasgos de una crisis de seguridad nacional? Condenado a cadena perpetua el pasado miércoles 17 de julio por el juez Brian Cogan en la Corte de Brooklyn, Nueva York, la figura del Chapo no puede entenderse sin lo que pasó antes y después de su fuga en los órganos de seguridad nacional.

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Un silencio cayó como lona aquella tarde de noviembre del 2002 en la sala del consejo de guerra del campo militar número uno. Era como si los asistentes hubieran quedado sepultados bajo el peso de una capa invisible que los tenía aguantando la respiración. Una voz se escuchó hasta los pasillos y rompió con todo.

De pie un hombre entrado en canas ataviado con el uniforme de gala azul zeta del ejército, luciendo en las hombreras el águila real del escudo de la bandera nacional con tres estrellas bordadas en oro que lo acreditaba como general de división, comenzaba su alocución con una frase que dejó helados a buena parte de los presentes.

-Si hablo, provocaré una crisis de seguridad nacional-

Francisco Quirós Hermosillo, el oficial de artillería que se cambió a infantería y que se ganó sus ascensos por su papel en el combate a la guerrilla en los años setenta, el militar que con su más de metro 80 de estatura intimidaba a cualquiera, tenía sorprendido a todo mundo cuando se paró mirando de frente al estrado donde estaban los seis miembros de la corte marcial que lo juzgaban.

Era la última audiencia y le tocaba turno para defenderse en público. Había transcurrido toda una semana de diligencias a puerta abierta, donde habían salido a relucir episodios desconocidos de la vida interna de la milicia. Fueron días en que la histórica secrecia del ejército mexicano se rompió y abrió una grieta por donde varios altos mandos fueron exhibidos en sus relaciones con los jefes del narcotráfico en México.

Esa tarde Quirós Hermosillo se guardó todo lo que había hecho detrás de las “órdenes superiores” que recibió de varios presidentes de la república y secretarios de la Defensa Nacional. Decisiones que durante varios sexenios, según dio a entender, sirvieron para resguardar la seguridad nacional.

Y no era el único. Esa tarde otro general que marcó época por su papel en la Guerra Sucia contra los grupos subversivos en el país, había sido llevado también al banquillo de los acusados. Mario Arturo Acosta Chaparro Escápite, el oficial de paracaidistas entrenado en la escuela de los Boinas Verdes en Fort Bragg, Carolina del Norte, el militar que hizo de su método para interrogar civiles acusados de ser guerrilleros un sello en los expedientes sobre desapariciones forzadas en Guerrero, fue condenado esa tarde a 15 años de prisión acusado de vínculos con el narcotráfico durante los años noventa.

Lo que salió a relucir en esos días fue que Acosta Chaparro y Quirós Hermosillo formaron la dupla de generales que tras combatir a la guerrilla, se volvieron “enlaces” por órdenes superiores con la cúpula del narco en el país. Nunca imaginaron que en el crepúsculo del antiguo régimen priista, que se despedía en el año 2000 con Ernesto Zedillo de presidente de la república y Enrique Cervantes Aguirre de secretario de la Defensa Nacional, sus trayectorias serían defenestradas en aras de una supuesta “transición democrática” que solo quedó en alternancia política.

Quirós Hermosillo y Acosta Chaparro fueron detenidos en septiembre del año 2000, cuatro meses antes de que se fugara del penal de Puente Grande en Jalisco, Joaquín Archibaldo Guzmán Loera, el traficante de drogas que creció en los años ochenta y principios de los noventa al amparo de Juan José Esparragoza Moeno, interlocutor de ambos militares, y de Amado Carillo Fuentes.

En la crónica del ejército contra el narco hubo una trama judicial que se conoció como “Maxiproceso”, fue el juicio contra un centenar de personajes, civiles y militares, acusados de formar parte de la red de intereses de Amado Carrillo Fuentes, el traficante que marcó una época en México y que fue bautizado por las autoridades mexicanas y estadounidenses como “el Señor de los Cielos”.

El consejo de guerra era una extensión de aquella trama contra dos de los viejos conocidos de Amado.

Quién iba a imaginar que al paso de los años la frase de Quirós Hermosillo sobre su silencio en aras de impedir una crisis de seguridad nacional, se convertiría en presagio del periodo de inestabilidad que comenzó en el año 2002 con el incremento del poder del crimen organizado, el inicio del control territorial en amplias zonas de la geografía nacional, y la fractura en la columna vertebral de seguridad del Estado. Algo que explotó durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012).

La desestabilización de la seguridad

¿La condena por vínculos con el narco en el año 2002 contra Quirós Hermosillo y Acosta Chaparro significó el fin de un ciclo en las relaciones “tras bambalinas” entre el gobierno y los jefes de la mafia de la droga en México?

La hipótesis fue una de las lecturas que quedó al finalizar el juicio castrense.

Especialistas en seguridad consultados por este Blog, a raíz de la sentencia de cadena perpetua del pasado 16 de julio de 2019 contra “el Chapo Guzmán” en Estados Unidos, trazaron una linea de tiempo de 15 años sobre la desestabilización en la seguridad del país a partir del año en que ambos generales fueron sentenciados hasta que el capo fue capturado en 2017 por segunda ocasión para después ser extraditado.

En 2002 cuando Quirós y Acosta Chaparro llevaban dos años presos, el Chapo tenía en marcha la recuperación de su poder eliminando a sus históricos enemigos, los hermanos Benjamín y Ramón Arellano Félix. El primero detenido en Puebla y el otro muerto en un tiroteo en Mazatlán.

En aquel entonces los reacomodos dentro del negocio del tráfico de drogas tuvieron réplica en el poder civil. Personajes relacionados al PAN, partido que llegaba al poder, quedaron incrustados en áreas de seguridad de la que poco o nada conocían. La fuga del Chapo en enero del 2001 y el papel de los funcionarios responsables del sistema penitenciario y en la secretaría de Gobernación, quedó como antecedente de la impunidad que en adelante sería norma.

Dos factores serían definitorios para el rumbo de la la seguridad interior. La militarización de las áreas de procuración de justicia a nivel federal, con el general Rafael Macedo de la Concha que dejó de ser procurador militar para ocupar la titularidad de la PGR en el sexenio de Vicente Fox. Y lo que fue el sello de su gestión: la fabricación de culpables y la corrupción de agentes ministeriales.

El segundo factor fue la filtración del crimen organizado para reclutar a soldados de fuerzas especiales comisionados como agentes de la Policía Judicial Federal, y crear el primer grupo paramilitar con entrenamiento especial al servicio de una organización de tráfico de drogas trasnacional.

Juan Veledíaz / @ Velediaz424 / EstadoMayor.mx

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