México, 24 de septiembre (El Universal).- La diferencia entre el fracaso y el éxito del nuevo gobierno está en la definición de las prioridades y los tiempos, la formación del gabinete y la efectividad de su operación política. Por lo mismo, llama la atención que quienes van a dirigir la política hayan adoptado a pie juntillas la agenda de las reformas neoliberales, cuando a todas luces lo más urgente es restablecer la autoridad política para hacer frente a la inseguridad y la violencia.
La definición de una política de seguridad no puede construirse a lo largo de seis años, y ni siquiera esperar seis meses. Los hechos de violencia puestos sobre un mapa y con un calendario al lado muestran que la gravedad del problema hace impostergable una revisión objetiva y a fondo de la política en curso para aprovechar lo aprovechable y corregir lo que sea necesario.
La violencia, la inseguridad, la extorsión y el crimen se siguen extendiendo en el territorio. Después de una relativa calma durante el proceso electoral, la violencia se ha recrudecido. Semana tras semana ocurren hechos estremecedores. No debería haber duda. La prioridad es la seguridad. El escenario de que durante los próximos seis años lo que hoy se vive se prolongue o agrave es inmanejable para cualquier gobierno y aterrador para la sociedad.
Se entiende que abordar el tema con la debida seriedad y responsabilidad sea muy difícil, sobre todo cuando el asunto se politizó al extremo. Lo que no se entendería sería que, por su propia gravedad y los riesgos que lo acompañan, el próximo gobierno, el conjunto de las instituciones y la representación política nacional se desentendieran. Que pretendieran delegar toda la responsabilidad de la seguridad en las fuerzas del orden, cuando lo que más urge es la reconstrucción de la autoridad del Estado, la definición de un rumbo y la edificación de los respaldos sociales y políticos que la hagan viable.
Ha llegado el momento de las definiciones. ¿Se decide actuar dentro y en favor del Estado de derecho, o se está dispuesto a pasar por encima del respeto a los derechos humanos, al debido proceso legal y la separación de poderes con tal de obtener resultados por medio de actos de fuerza?
¿Se decide que la cooperación bilateral será la fachada para entregar la responsabilidad última a Estados Unidos o se construye una cooperación con alcances y límites donde las decisiones últimas sean del gobierno y del Congreso de México?
¿Se decide imponer una política nacional por encima del régimen federal o se construye una efectiva coordinación federalista donde se definen con precisión las responsabilidades de cada orden de gobierno? ¿Se decide que la política la defina el Ejecutivo o que los otros poderes también asuman la parte de la responsabilidad que les corresponde?
¿Se concentra la política en la persecución del delito o se fortalecen los otros pilares: la profesionalización y autonomía del ministerio público, el combate al lavado de dinero, la reforma judicial y el control de la corrupción política vinculada al crimen?
¿Se privilegia la acción punitiva del Estado o se equilibra la acción policiaca con políticas sociales, preventivas, de beneficio a la juventud y de regeneración del tejido social y urbano?
¿Se asume la jefatura constitucional, civil y nacional del Estado, y para ello se construye un consenso nacional para una política de Estado, o se maneja la política con un enfoque electoral, publicitario y faccioso, y se delega ésta en los aparatos de seguridad nacionales y extranjeros?
¿Se asume la responsabilidad de restablecer la autoridad del Estado para gobernar dentro de la democracia y el Estado de derecho, o se deja que el desorden, la impunidad y la arbitrariedad terminen por disolver los lazos que nos unen como nación?
Manuel Camacho Solís
Opinión
El Universal
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