El Derecho Internacional “apunta” a las Fuerzas Armadas y su actuar en seguridad

México, 15 de febrero.- El día de ayer la revista proceso publicó en su sitio digital una nota titulada “Clasifican como ‘Conflicto Armado No Internacional’ enfrentamientos entre Ejército y CJNG” ( https://www.proceso.com.mx/571726/clasifican-como-conflicto-armado-no-internacional-enfrentamientos-entre-ejercito-y-cjng ). Una nota más que no recibe la debida atención ni la difusión adecuada. La información traerá enormes repercusiones para México y sus Fuerzas Armadas. Repercusiones que pueden terminar en procesos de Cortes Internacionales.

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De acuerdo a la información publicada, el organismo especializado en la aplicación del Derecho Internacional, la Geneve Academy dijo que “el Ejército Mexicano está involucrado en un Conflicto Armado No Internacional contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y, por lo tanto, automáticamente las partes están obligadas a cumplir con las Convenciones de Ginebra”.

Hace casi dos años, en Estadomayor.mx, a raíz de lo que fue la primera acción de alto impacto con armamento de alto poder, publicamos en cuatro partes, el “Ensayo de las acciones de las Fuerzas Armadas y el Derecho Internacional Humanitario. Siete segundos que abren la caja de Pandora legal.” ( http://www.estadomayor.mx/?s=ensayo+fuerzas+armadas+Derecho+Internacional+Humanitario ) . La tesis central fue en torno al papel de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública y su actuar frente al marco del Derecho Internacional Humanitario y el Derecho Internacional Humanitario Consuetudinario. (versión completa: http://www.estadomayor.mx/wp-content/uploads/2017/02/Siete-segundos-que-abren-la-caja-de-Pandora-legal.pdf )

La clasificación de la existencia de un Conflicto Armado No internacional [CANI] en México cambia rotundamente la visión del problema de seguridad, la actuación de las Fuerzas Armadas y el Estado mexicano en la estrategia para enfrentar el problema de seguridad generado por la delincuencia organizada. Y demanda una respuesta inmediata por parte del Estado mexicano.

En 1994, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) buscó el reconocimiento de un CANI en México. Con las garantías, obligaciones y responsabilidades que esto implica, principalmente la obligatoriedad del apego a los Convenios de Ginebra y los protocolos internacionales del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y el Derecho Internacional Humanitario Consuetudinario. Se decretó un cese al fuego unilateral en el que sigue el Estado mexicano frente al EZLN.

Sin embargo, desde que se convocó a las Fuerzas Armadas para hacer frente al poderío de la delincuencia organizada y coadyuvar en labores de seguridad pública, las acciones de estas navegan en una neblina gris frente al DIH y el DIH Consuetudinario.

Esta clasificación por parte del organismo especializado en Derecho Internacional en Ginebra, abre la puerta para una revisión exhaustiva de observadores y organismos internacionales en el actuar de las Fuerzas Armadas de México, en especial durante la pasada administración de Enrique Peña Nieto y los otrora General Secretario Salvador Cienfuegos y  Almirante Secretario Francisco Vidal Soberón, las personas con mayor rango y responsables del actuar de todos sus subordinados, es decir, la totalidad de las Fuerzas Armadas.

Además de abrir la posibilidad a investigación a organismos internacionales que pudieran tener consecuencias en organismos y cortes internacionales -esto en concordancia con los tratados firmados y ratificados por México- esta clasificación también abre la posibilidad a las garantías y reconocimiento del CJNG como fuerza beligerante no regular dentro del país, y por ende, puede extenderse a otros grupos delictivos.

A continuación, un resumen y fragmentos más relevantes de aquel ensayo, contenido que en muchos puntos hoy confirma la declaración y clasificación de la Geneve Academy,

 

Ensayo de las acciones de las Fuerzas Armadas y el Derecho Internacional Humanitario. Siete segundos que abren la caja de Pandora legal. (extracto)

 

Una sola pregunta como detonador: ¿pueden las Fuerzas Armadas disparar contra civiles?

La respuesta inmediata es NO. Las Fuerzas Armadas NO PUEDEN DISPARAR CONTRA CIVILES.

Va en contra de los acuerdos internacionales y tratados suscritos y rectificados. Va en contra de la “práctica general aceptada como derecho”, el Derecho Consuetudinario. Va en contra de la definición misma de las Fuerzas Armadas. Así como una silla por definición sirve para sentarse, las Fuerzas Armadas le disparan al enemigo.

Los “presuntos criminales” son civiles. Entonces, ¿qué sucede con la intervención de las Fuerzas Armadas? ¿Qué sucede con los convenios internacionales? ¿Qué riesgo legal hay? ¿En la comunidad internacional? ¿En el ámbito nacional? ¿Y los derechos de los ciudadanos?

Las acciones en México de las Fuerzas Armadas podrían estar violando los Convenios de Ginebra. No es una frase a decirse a la ligera. El punto que más resonó fue el apartado 5 del Artículo 51 sobre la Protección de la Población civil del Protocolo I adicional a los Convenios de Ginebra del 1949.

¿Qué hay de todas las demás acciones en los últimos diez años? ¿Qué mecanismo legal tienen las Fuerzas Armadas para el correcto cumplimiento de sus ordenes? Y más importante aún, esas ordenes, ¿también se encuentran en el borde de lo lícito?

Hay precedentes y ejemplos de cortes internacionales, Comisiones de la Verdad y otros mecanismos, en los que con la distancia del tiempo, se hace un exhaustivo repaso y análisis a la historia y los sucesos. Siempre en busca de responsables y justicia para actos que de estar en el borde, con la mirada y la calma para una revisión al pasado, se descubren ilegales.

De acuerdo con el Comité Internacional de la Cruz Roja:

El derecho internacional humanitario (DIH) es un conjunto de normas destinado a limitar, por razones humanitarias, los efectos de los conflictos armados. Protege a las personas que no participan o que han dejado de participar en las hostilidades e impone restricciones a los métodos y medios bélicos.

Guerra y Derecho https://www.icrc.org/es/guerra-y-derecho

 

Al Derecho Internacional Humanitario (DIH) también se le conoce como Derecho Internacional de los Conflictos Armados (DICA). En México, ¿hay un conflicto armado o se trata de una situación de ingobernabilidad? Vayamos más allá de la respuesta política que siempre va a negar el estatus de un Estado fallido o rebasado.

En el DIH hay categorías jurídicas de acuerdo a las alteraciones del orden público, pasando de disturbio a tensión interna hasta conflicto armado. En el Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia, en el caso de Dusko Tadic, se determinó que existe un conflicto armado si:

“Se recurre a la fuerza entre Estados o hay una situación de violencia armada prolongada entre autoridades gubernamentales y grupos armados organizados o entre estos grupos dentro de un Estado”.

Prosecutor vs. Tadic a/k/a «Dule», caso n.° IT-94-1-T, Opinión y sentencia del 7 de mayo de 1997, parágrafo 628. Citado en “INTRODUCCIÓN AL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO. Elizabeth Salmón. Insitituto de Democracia y Derechos Humanos. Pontíficia Universidad Católica del Perú. Comité Internacional de la Cruz Roja. 2004. pp. 26. http://www.repositoriocdpd.net:8080/bitstream/handle/123456789/621/L_SalomonE_DerechoInternacionalHumanitario_2004.pdf

 

El reconocimiento va con los deberes, responsabilidades, obligaciones y garantías, derechos y protecciones que se establecen. Entre ellas, el poder establecer zonas de no ataque como hospitales para heridos o zonas de civiles simpatizantes. Imaginemos un hospital de y para el uso de la delincuencia organizada con la salvaguarda internacional. O bien, zonas demilitarizadas en pleno terreno dominado por la delincuencia organizada.

Sobre el problema del Derecho Internacional en los Conflictos Armados No Internacionales (CANI), un repaso a lo sucedido en el Tribunal Penal Internacional para la ex-Yugoslavia aporta mucho. El presidente de dicho tribunal, declaró que “se ha producido cierta convergencia entre los dos ordenamientos de derecho internacional, de modo que los conflictos internos se rigen ahora, en gran medida, por las normas y los principios que tradicionalmente se aplicaban sólo en los conflictos internacionales (…) ” (Memorando del 22 de marzo de 1996 de la Comisión Preparatoria de la Corte Penal Internacional, en L. Moir, The Law of Internal Armed Conflict , Cambridge University Press, Londres, 2000 p. 51.)

Una muestra de la relevancia del DIH Consuetudinario, la Sala de Apelaciones del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY) afirmó que las normas consuetudinarias que rigen los conflictos internos comprenden:

“la protección de las personas civiles en las hostilidades, en particular contra ataques indiscriminados, la protección de los bienes de carácter civil, en especial del patrimonio cultural, la protección de todas las personas que no participan, o que han dejado de participar, directamente en las hostilidades, así como la prohibición de los medios de guerra proscritos en los conflictos armados internacionales y la prohibición de determinados métodos de conducción de las hostilidades”

Prosecutor v. Tadic , IT-94-1-AR72, Decision on the Defence Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction , 2 de octubre de 1995, párr. 127

Recordemos que el mismo Tribunal declaró que “los conflictos internos se rigen ahora, en gran medida, por las normas y los principios que tradicionalmente se aplicaban sólo en los conflictos internacionales.“

En 1996, el Comité Internacional de La Cruz Roja encargó un estudio sobre Derecho Internacional Humanitario Consuetudinario. Un estudio que tardó casi diez años en ser publicado, enuncia normas de uso común:

Medidas para hacer respetar el derecho internacional humanitario

Norma 144. Los Estados no alentarán las violaciones del derecho internacional humanitario por las partes en un conflicto armado. En la medida de lo posible, deberán ejercer su inuencia para hacer que cesen esas violaciones. [CAI/CANI]

Responsabilidad y reparaciones

Norma 149. Un Estado es responsable de las violaciones del derecho internacional humanitario que le son imputables, en particular:

(a ) las violaciones cometidas por sus órganos, incluidas sus fuerzas armadas ;

(b ) las violaciones cometidas por personas o entidades autorizadas a ejercer prerrogativas de su autoridad gubernativa;

(c ) las violaciones cometidas por personas o grupos que actúan de hecho obedeciendo sus instrucciones o bajo su dirección o control; y

(d ) las violaciones cometidas por personas o grupos privados que él reconoce y acepta como comportamiento propio. [CAI/CANI]

Responsabilidad individual

Norma 151. Las personas que cometen crímenes de guerra son penalmente responsables de ellos. [CAI/CANI]

Norma 152. Los jefes y otros mandos superiores son penalmente responsables de los crímenes de guerra cometidos en cumplimiento de sus órdenes. [CAI/CANI]

Norma 153. Los jefes y otros mandos superiores son penalmente responsables de los crímenes de guerra cometidos por sus subordinados si sabían, o deberían haber sabido, que éstos iban a cometer o estaban cometiendo tales crímenes y no tomaron todas las medidas razonables y necesarias a su alcance para evitar que se cometieran o, si ya se habían cometido, para castigar a los responsables. [CAI/CANI]

Norma 154. Los combatientes tienen la obligación de desobedecer una orden que es manifiestamente ilícita. [CAI/CANI]

Norma 155. La obediencia a la orden de un superior no exime a un subordinado de su responsabilidad penal si sabía que el acto ordenado era ilícito o debería haberlo sabido porque su ilicitud era manifiesta. [CAI/CANI]

Crímenes de guerra

Norma 156. Las violaciones graves del derecho internacional humanitario constituyen crímenes de guerra. [CAI/CANI]

Norma 158. Los Estados deberán investigar los crímenes de guerra presuntamente cometidos por sus ciudadanos o sus fuerzas armadas, así como en su territorio, y encausar, si procede, a los imputados. Deberán asimismo investigar otros crímenes de guerra que sean de su competencia y encausar, si procede, a los imputados. [CAI/CANI]

J. -M. Henckaerts – Estudio sobre el derecho Internacional humanitario consuetudinario. Anexo. Lista de las normas consuetudinarias del derecho internacional humanitario

https://www.icrc.org/spa/assets/files/other/customary-law-rules-spa.pdf

 

Para el DIH Consuetudinario, el Estado es el responsable último de las acciones de sus Fuerzas Armadas así como de las violaciones al DIH que cometan.

Las normas del DIH Consuetudinario dicen que tanto los comandantes como sus subordinados son responsables de mandar u obedecer una orden que sea ilícita. Así como también son responsables los mandos de las acciones de sus subordinados.

Nuestro país tiene una condición peculiar, el Presidente es el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas. Además de ser el jefe del Ejecutivo, es el Comandante. Dicho en otros términos, es el responsable último de las ordenes, sus subordinados son la totalidad de las Fuerzas Armadas.

Los Estados serán los encargados de investigar los delitos o crímenes de guerra cometidos. Como se ha reiterado, la historia nos demuestra que estas investigaciones generalmente son mediante una Comisión de la Verdad (nacional) o Tribunales de Guerra (Internacionales). Y se realizan con el absoluto detenimiento al mínimo detalle sin restricciones de tiempo. La decisión casi instantánea de una persona suele ser revisada por cientos durante meses o años

Porque las Fuerzas Armadas no existen para mantener la Seguridad Pública. Son para defender la soberanía, abatir al enemigo. No disparan contra civiles. Por definición misma.

Porque en México no se ha declarado un Estado de Excepción en el cual la población sea notificada de la suspensión de las garantías y derechos individuales, bajo el cual sean las Fuerzas Armadas las encargadas, autorizadas y sin impedimentos legales de establecer la seguridad y el orden público. Y entonces, en ese caso, todo mexicano sabríamos que un retén o un puesto de control militar es una parada obligatoria. A la vez, cualquier acción contraria a las ordenes del retén, posterior a una revisión de las Reglas de Enfrentamiento, podría ser considerada como una acción contraria a las Fuerzas Armadas. En un Estado de Excepción uno, o es civil y está con el Estado y las Fuerzas Armadas, o en su contra.

Porque si uno extrapola las acciones de los últimos 10 años de las Fuerzas Armadas en operativos de Seguridad Pública, en grado máximo, el resultado es unas Fuerzas Armadas que disparan y abaten a civiles. Desapariciones. Abusos de Derechos Humanos. El Estado es el responsable de las acciones de las Fuerzas Armadas. De pronto todo tiene una remembranza a las Comisiones de la Verdad instauradas después de las dictaduras militares o los conflictos armados internos latinoamericanas, cercanos en geografía y temporalidad a nuestro país.

Porque las Fuerzas Armadas están indefensas sin reglas o leyes claras… fomentado por la constante explicación y equivalencia que se les hace de que la delincuencia organizada es el enemigo, no civiles quebrantando el estado de derecho. A pesar de que la distinción es sublime, los resultados no son sublimes cuando se les prohíbe el uso de armas de alto calibre ya que estas son excesivas o no adecuadas para patrullajes.

Alejandro Madrazo Lajous, investigador del CIDE, habla de la necesidad de dejar de utilizar a las Fuerzas Armadas en labores de Seguridad Pública desde la perspectiva Constitucional y con el necesario pronunciamiento de un estado especial que anula garantías de artículos constitucionales por períodos específicos. Enuncia: “Hemos vivido en la anormalidad constitucional: las Fuerzas Armadas no pueden seguir ocupando el lugar de la policía civil. Para superar esta anormalidad necesitamos transitar a un nuevo modelo de seguridad pública. Algo es seguro: el camino no será fácil.” ( La salida a nuestro problema de seguridad pública. http://horizontal.mx/la-salida-a-nuestro-problema-de-seguridad-publica )

 

Bruno Cárcamo Arvide
@Bruno_m9
EstadoMayor.mx

 

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