Peña y la receta colombiana

México, 20 de septiembre (Excélsior).- La visita de Enrique Peña Nieto a Colombia estuvo marcada por tres elementos fundamentales: primero, lo dicho por Peña Nieto a El Tiempo de ese país, con respecto a que con el narco no establecerá ni tregua ni pactos; segundo, el insistir en que tomará como referente, para la recuperación de la seguridad en nuestro país, la estrategia seguida por el gobierno colombiano desde la época del entonces presidente Álvaro Uribe, una decisión refrendada por la presencia en toda la visita de su asesor externo en estos temas, el ex jefe de la policía nacional de Colombia, el general Óscar Naranjo. Y tercero, aunque formalmente no tuvo nada que ver con la visita, el anuncio del presidente Juan Manuel Santos de la captura del más importante narcotraficante colombiano, Daniel El Loco Barrera, quien era el principal socio y proveedor de cocaína para el cártel de Joaquín El Chapo Guzmán.

Los tres temas están relacionados. Si se planteara un pacto o una tregua en la lucha contra el crimen organizado no se estaría retomando la estrategia colombiana ni el general Naranjo tendría nada que hacer junto a Peña Nieto. La vía de Colombia se ha basado en un combate intransigente contra los cárteles (la detención de Barrera, con la participación, según la información oficial, de la DEA, la inteligencia británica, y el gobierno venezolano, lo demuestra), pero también en una visión donde lo fundamental era recuperar la seguridad local, la vida en las grandes ciudades, desde Bogotá hasta Cartagena, desde Cali hasta Medellín, actuando simultáneamente a la operación contra los cárteles, la profesionalización de una policía única y militarizada, en un país centralista (o sea con un sistema diferente a la federación), con una profunda y rápida reforma al sistema de justicia, en un contexto donde la persecución contra los políticos que estuvieron ligados al crimen organizado llegó a todas las fuerzas políticas, incluidos a quienes fueron aliados electorales de Uribe y después de Santos.

No fue, como se dice en forma equívoca, un tema de estrategia, sino de política. La estrategia de seguridad que se intentó llevar en México no es diferente a la colombiana (la mayoría de las reformas necesarias para emularla simplemente nunca se aprobaron), lo que ha resultado diferente, y de allí los resultados, es la política y el diseño institucional con el que se ha encarado esa estrategia. Nuestro punto débil es la dispersión de esfuerzos, y de recursos materiales y humanos en los estados, que es donde se origina la inseguridad ciudadana y la debilidad del diseño institucional, en los mismos, para encarar esa lucha. Y en ese marco, las deficiencias políticas que se dieron para involucrar a los estados en ese proceso.

No se trata de responsabilizar de todo lo que sucede a los estados, pero tampoco de exonerarlos para atribuir todos los males al gobierno federal.

Resulta desconcertante que la primera plana del priismo, mientras Peña Nieto hacía esas declaraciones de ni pacto ni tregua en Colombia, se haya alzado en una defensa intransigente del gobierno de Coahuila ante la fuga de más de 130 reos (nadie sabe la cifra exacta, porque las autoridades del penal en realidad no parecen tener idea siquiera de quiénes estaban detenidos en ese reclusorio) en Piedras Negras y que el gobernador Rubén Moreira no haya ni siquiera aparecido públicamente ante semejante hecho, cuando, en realidad lo que tendría que haber sucedido es la exigencia desde el PRI y desde el gobierno local, de un verdadero castigo a los responsables, que no son otros sino los directivos del penal y del sistema local de prisiones. No es verdad, como se dijo, que lo ocurrido sea responsabilidad del sistema federal de prisiones ni tampoco, según afirmó Cristina Díaz, secretaria general del tricolor, del hacinamiento en las prisiones. En Piedras Negras no hubo un motín ni un enfrentamiento entre bandas: durante semanas se construyó un túnel que nadie quiso ver y desde donde se fugaron casi un cuarto de todos los reclusos, sin que nadie quisiera enterarse: es un caso de simple corrupción, no de diseño institucional del sistema de prisiones. Tampoco fue consecuencia del hacinamiento: había menos reclusos que el cupo máximo de detenidos contemplados para esa prisión.

Los dirigentes del PRI tendrían que entender lo que está diciendo Peña Nieto antes de salir en la defensa corporativa de sus gobernadores. Y tendrán que comprender también que, dentro de algunas semanas, el que despachará en Los Pinos será Peña, y el cambio de gobierno no hará concluir este tipo de fenómenos. Y para avanzar en la seguridad (que no es lo mismo que la lucha contra los grandes cárteles) se tienen que tomar medidas muy complejas en lo federal y lo local. Si se va a adoptar la receta colombiana hay que utilizar todos sus ingredientes.

Jorge Fernández Menéndez

Excélsior