La ofensiva del “cabildero”



Pieza de la estrategia mediática para temas relevantes que interesan sobre manera al actual mando militar, Alejandro Ramos Flores, abogado del sistema de justicia militar que se ganó sus ascensos al generalato como “pago” por sus servicios, volvió a escena para intentar desacreditar la creación de lo que se prevé será una Comisión de la Verdad para el caso de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Antes lo hizo para “empujar” la aprobación de la ley de seguridad interior, impugnada en varios frentes. Y mucho antes, de manera menos mediática, para impedir el legítimo derecho de cientos de oficiales que durante buena parte de su vida sirvieron en filas y al finalizar su carrera se les impidió “por capricho” el ascenso al grado inmediato para fines de retiro.

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México, 11 de octubre.- La estrategia mediática resultó fallida. Cuando el general Alejandro Ramos Flores concedió una entrevista a un diario capitalino donde rechazó la creación de una Comisión de Investigación para la Justicia y la Verdad para el caso de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, su postura fue vista como el último intento por detener lo que se prevé como algo inminente: llevar al banquillo a los militares que tuvieron algún tipo de intervención la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre del 2014 en Iguala.

Ramos Flores aseguró que esa figura que se prevé crear a partir de diciembre próximo desde la subsecretaría de Derechos Humanos en Gobernación, no está prevista en el orden jurídico ni en ningún tratado internacional además de que sería poco objetiva e imparcial.

El jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la secretaría de la Defensa Nacional, señalado por litigantes del medio militar como el “cabildero” de los principales litigios donde tiene particular interés el general Salvador Cienfuegos Zepeda titular de la dependencia, es conocido desde hace más de 15 años por ventilar en medios de comunicación los temas que su “poca pericia profesional” le impide acreditar ante autoridades judiciales.

Después de que sus dichos no generaran mayor eco, sobre todo en la “comentocracia” oficialista, la respuesta fue directa en voz del presidente electo Andrés Manuel López Obrador quien aseguró que “cuidará al ejército” por lo que la Comisión de la Verdad es un hecho. Aseguró que hizo el compromiso con los padres de que se conocerá todo lo que ocurrió detrás de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas.

“Cuidar al ejército significa conocer toda la verdad sobre lo acontecido con los jóvenes de Ayotzinapa. No se cuida al ejército, no se protege a una institución ocultando la verdad”. Y como si fuera un mensaje a los actuales altos mandos que en menos de dos meses se retiran, dijo: “el que nada debe, nada teme, entonces si va la comisión de la verdad”.

Ramos Flores, oficial de justicia militar quien ascendió al generalato en 2011 y en menos de cinco años obtuvo su segunda estrella que lo acreditó como general de brigada, salió a dar la cara en un momento en que el reclamo de los padres de los 43 jóvenes desaparecidos obtuvo el compromiso público de que el gobierno que encabezará López Obrador no se ceñirá al “montaje” de la llamada “verdad histórica”.

El regreso del general a los medios impresos fue vista como parte de una estrategia mediática del ato mando militar, donde el objetivo sería desacreditar la idea de crear una Comisión de la Verdad y cerrar la posibilidad de que se invite de nueva cuenta a los especialistas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que hicieron observaciones muy duras en su último informe sobre las omisiones para indagar el papel de oficiales y mandos del ejército en los sucesos de Iguala.

 

El “cabildero”

Abogados militares consultados por este Blog, que en la actualidad llevan litigios en materia de ascensos denegados para fines de retiro, así como procesos penales por abuso de autoridad entre otros casos, señalaron que Ramos Flores no es militar de carrera. Como abogado de justicia militar se ganó sus ascensos desde teniente coronel a general como “premio” al haber sido una pieza del engranaje de impunidad que se creó en casos relevantes, cuando Rafael Macedo de la Concha era titular de la PGR en el sexenio de Vicente Fox, donde laboró como subprocurador jurídico de asuntos internacionales.

Debido a que sus casos podrían verse afectados en estos escasos dos meses que le queda a la actual administración, por separado los entrevistados pidieron no ser citados por su nombre.

Criticaron el papel de “cabildero” ya que varios oficiales de su área jurídica fueron asiduos visitantes de los pasillos de la Corte y tribunales colegiados, haciendo labor de convencimiento para echar abajo amparos que reconocían el derecho de varios militares a ascender al grado inmediato para fines de retiro.

“Gestor de los caprichos del alto mando”, dice un teniente coronel de arma y abogado de profesión, quien lo conoce desde hace tiempo y lo vio trabajar en PGR y después en la procuraduría militar.

Este oficial señala que pese a que el reglamento interior de la secretaría de la Defensa Nacional no contempla la unidad de asuntos jurídicos, ésta fue creada en 2016 como parte de la estrategia de “litigio mediático” en la que casos graves de violaciones a los derechos humanos involucran a altos mandos militares cercanos al general Cienfuegos.

No por algo Ramos Flores no es ningún desconocido para el equipo de abogados del presidente electo López Obrador.

En el año 2005 fue el operador jurídico del desafuero contra el entonces Jefe de Gobierno capitalino. El desastre en que devino el caso, que ameritó el cese de su jefe Macedo de la Concha tras cinco años de desastre al frente de la PGR, lo que para muchos fue el inicio de la fractura en el sistema de procuración de justicia que sentó las bases del “pacto de impunidad”, quedó como sello en el expediente mediático de Ramos Flores.

A finales del año pasado el abogado Ramos Flores, luciendo su uniforme que lo acreditaba como general de brigada, fue el principal impulsor y defensor de la ley de seguridad interior. Lo mismo se le veía con diputados que con senadores, iba a éste o a aquel programa de televisión.

La ley fue aprobada, pero su puesta en marcha quedó en el aire después de que en mayo pasado el juez octavo de distrito en materia administrativa la declarara inconstitucional. De nueva cuenta, como en el desafuero, los oficios del “cabildero” se toparon con la realidad.

 

Juan Veledíaz

@velediaz424

Estadomayor.mx



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