Reabrirán investigación contra el Ejército por masacre en Tlatlaya

México, 17 de agosto.- La investigación sobre la muerte de al menos 15 civiles armados, quienes aparentemente fueron ejecutados en junio de 2014 por tropas del Ejército Mexicano, deberá ser reabierta por la Procuraduría General de la República (PGR) ya que dicha dependencia no realizó una indagatoria exhaustiva, omitió elementos de prueba, no indagó problemas en la cadena de mando militar y nunca aclaró la existencia de una orden castrense para abatir a presuntos delincuentes en horas de la madrugada.

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Un juez federal determinó lo anterior en mayo de este año, pero la decisión fue hecha pública por el Centro de Derechos Humanos Migue Agustín Pro, cuyos abogados promovieron y ganaron un amparo para que la PGR reabriera la investigación sobre la muerte de 22 civiles -presuntos delincuentes- ocurrida en junio de 2014 en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, durante un enfrentamiento con una patrulla de soldados del 102 Batallón de Infantería.

Erick Zabalgoitia Novales, juez Décimo Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal, concedió el amparo para que la PGR reabra la investigación al concederle la razón al Centro Pro, el cual exigió una revisión del expediente, argumentando que la investigación de la PGR fue incompleta, no revisó a fondo lo ocurrido con la cadena de mando militar que respaldó las acciones de la tropa y demás desestimó evidencias fundamentales para fincar responsabilidades castrenses.

El 30 de junio de 2014, un pelotón de soldados del 102 Batallón de Infantería realizaba patrullajes en las inmediaciones del poblado de San Pedro Limón, en el municipio de Tlatlaya, cuando detectaron a un grupo de civiles armados que se ocultaban en una bodega.

De acuerdo con la versión de la Sedena, los soldados y los delincuentes -un total de 22 personas- se enfrentaron durante varios minutos, muriendo todos los civiles. El comunicado de prensa de la Sedena y las fotos de algunos medios de prensa locales inquietaron a reporteros de la agencia AP y de la revista norteamericana Esquire, quienes investigaron detalles no aclarados.

Ambos medios publicaron reportajes en los que revelaron que al menos 15 de los civiles habrían sido ejecutados tras has haberse rendido, estando desarmados y algunos de ellos heridos. Los testimonios que avalaron lo anterior fueron proporcionados por dos mujeres que aparentemente estaban retenidas por los civiles armados. Siete soldados fueron detenidos y procesados en un juzgado federal por haber cometido delitos contra civiles.

A partir de lo publicado, los abogados del Centro Pro asumieron la defensa de una mujer involucrada en los hechos como víctima.

La investigación desató una férrea defensa de los soldados por parte del titular de la Sedena, el general Salvador Cienfuegos Zepeda, quien declaró en varias ocasiones que los militares dispararon en defensa propia y exigió en diversas entrevistas un juicio justo para los soldados.

Un año después de los hechos, cuatro soldados fueron liberados. El juez federal de la causa determinó que no se aportaron elementos contundentes para demostrar que hubo ejecuciones sumarias por parte de los militares. El resto de los acusados fueron liberados en los meses siguientes.

La orden del juez Erick Zabalgoitia de reabrir el caso se dio en mayo de este año, pero se conoció públicamente hace unos días a través del Centro Pro, organización que también demandó que la PGR investigue con toda seriedad la “orden de abatir delincuentes en horas de la madrugada”, mencionada en un documento del Ejército Mexicano en el que se menciona la aplicación de la Operación Dragón, estructurada para dicho fin.

El documento oficial fue obtenido y presentado a los medios de comunicación por el Centro Pro, al cumplirse un año de las ejecuciones. La.  Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) nunca ha hecho referencia al texto y tampoco ha negado su autoría.

El Ejército Mexicano se limitó a contestar que nunca ha ordenado abatir delincuentes o presuntos delincuentes en horas de la madrugada.

En octubre de 2014, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 051/2014 en contra de la Sedena por los hechos de Tlatlaya. En junio de 2015, el Centro Pro publicó el documento “Tlatlaya a un año: la orden fue abatir”, en el que mostró algunos detalles de la Operación Dragón.

 

Jorge Medellín

@JorgeMedellin95

Estadomayor.mx

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