Cuarteleras



México, 1 de mayo.- El Ejército, otra vez, al banquillo de los acusados. Esta vez por violaciones graves a los derechos humanos, tan graves como la desaparición de personas en el estado de Chihuahua ocurrida en 2009, uno de los peores años en la ya larga guerra contra el narcotráfico.

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El escándalo que vuelve a enjuiciar la actuación de tropas desplegadas en una de las primeras etapas de la guerra calderonista, tiene que ver con la desaparición de tres personas supuestamente secuestradas por tropas del ejército que se presentaron en dos domicilios para levantar a Nitza Paola Alvarado (34), José Ángel Alvarado (31) y Rocío Irene Alvarado (18) a quienes habrían llevado a instalaciones militares para luego desaparecerlas.

Los militares pertenecían aparentemente al 35 Batallón de Infantería con sede en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, lugar al que en principio habrían llevado a las tres personas detenidas ilegalmente en el ejido Benito Juárez del municipio de Bunaventura.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) abrió el expediente CNDH/2/2010/108/Q para darle seguimiento a la queja del caso en el que la investigación fue determinando una cadena de silencios, complicidades y omisiones de diversas instancias que conocieron lo ocurrido, tales como la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la delegación de la Policía Federal (PF) en Chihuahua, la policía municipal y otras autoridades involucradas.

Aunque las dependencias señaladas abrieron sendas investigaciones, la realidad es que nunca hicieron nada para dar con los responsables y se limitaron a sobrellevar las actuaciones a ritmo de tortuga lenta, sin llegar nunca a nada concreto y sin buscar que los responsables fueran detenidos y castigados.

Mucho menos se movilizaron y ahondaron en el caso para localizar a las tres personas desaparecidas.

En 2011 la CNDH emitió la Recomendación 043/2011 en contra de la Sedena por la desaparición forzada de los primos Nitza, José Ángel y Rocío Alvarado, detenidos ilegalmente y desaparecidos por solados a los que nunca se castigó.

Nueve años después de los hechos, los familiares de los afectados llevan el caso ante Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Costa Rica, para reclamar la tardanza y las trabas que el Estado y sus instituciones responsables le pusieron al caso, para exigir la detención de los responsables y para saber que ocurrió con los desaparecidos, en dónde están, que hicieron los soldados con los Alvarado.

 

La Procuraduría General de la República (PGR) tiene varias líneas de investigación que después de casi nueve años no han llevado a nada contundente. Su papel para no avanzar en la solución plena del caso ha sido relevante, tanto como el de la Sedena, que en el primer momento negó todo lo ocurrido, se negó a entregar documentos oficiales sobre lo hecho por sus tropas y mandos en Chihuahua en esos días y luego cayó en contradicciones y mentiras documentadas por la comisión.

La Policía Federal también fue omisa y falsa en sus testimonios, intentando ocultar o alterar las detenciones y luego dando por ciertos los testimonios que luego se demostró eran falsos.

La Sedena aceptó la Recomendación 043/2011 -que fue la numero 86 de su historial de al menos 124 documentos de este tipo emitidos en su contra por la CNDH, en un listado que el ejército no actualizado desde 2016- señalando que el 30 de octubre de 2013 “la C.N.D.H. concluyó el seguimiento de cumplimiento de la recomendación”.

El caso sigue abierto, ahora ante la CIDH, en espera de conocer el fallo del tribunal interamericano sobre la desaparición forzada cometida por militares de la Operación Conjunta Chihuahua, que se convirtió en un pesado fardo más allá de lo establecido por la CNDH, cuyo trabajo, en este caso, se quedó corto.

 



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