En la sentencia contra el sargento segundo Andrés Becerra Vargas, uno de los testigos y coacusado del caso Ojinaga, salen a relucir imputaciones contra el teniente coronel José Julián Juárez Ramírez, quien entre los años 2008 a 2009 se desempeñó como comandante de la Tercera Compañía de Infantería No Encuadrada, a quien se acusa de que a cambio de dinero permitía operar a uno de los jefes del narco locales, al que presuntamente también le vendía la droga decomisada durante la llamada “Operación Conjunta Chihuahua”, ordenada por el entonces presidente Felipe Calderón.
México, 20 de febrero.- El sargento Andrés Becerra Vargas recordaba que todo comenzó a principios del mes de julio del 2009. En aquel entonces era el responsable del manejo y mantenimiento de los vehículos automotrices que se utilizaban en el cuartel de la Tercera Compañía de Infantería No Encuadrada (C.I.N.E.) en Ojinaga, Chihuahua.
Cierta ocasión el teniente coronel José Julián Juárez Ramírez, comandante de la Tercera C.I.N.E., le ordenó que lo acompañara a un rancho localizado a las afueras de la ciudad, el lugar era propiedad de René Humberto Anaya Leyva, un individuo apodado “el Chiquilín”, e identificado como uno de los líderes locales del tráfico de drogas.
El sargento era un militar que por su trabajo se había ganado la confianza de los oficiales y mandos de la unidad, en ese entonces llevaba 11 años de servicios después de que en 1997 ingresara como soldado al ejército en el cuartel de Irapuato, Guanajuato, entidad de la que era originario. En esos días del verano del 2009 estaba en marcha la Operación Conjunta Chihuahua, ordenada por el entonces presidente de la república Felipe Calderón, la cual comenzó en abril del 2008 con el despliegue de varias unidades del ejército en Ciudad Juárez y otros municipios de la entidad.
Ojinaga era un punto clave de la geografía militar, en esa ciudad que colinda con Eagle Pass, Texas, se encontraba la sede de la Tercera C.I.N.E. que al mando del teniente coronel Juárez Ramírez, encabezaba las operaciones en esta área dentro de la Operación Conjunta Chihuahua.
Becerra Vargas declaró que el teniente coronel le presentó en aquella ocasión a “el Chiquilín”. Le dijo que a partir de ese momento se iba a encargar de mantener el contacto con él, actuaría como correo para la entrega de 30 mil pesos quincenales por permitirle que vendiera cocaína en Ojinaga. “Recuerdo que como en cuatro ocasiones me dio esa cantidad de dinero para entregárselas al teniente coronel”, declaró ante las autoridades castrenses.
El sargento Becerra Vargas detalló el presunto “modus operandi” del jefe de la Tercera Compañía durante la causa penal 49/2012, que por los delitos de tortura y homicidio calificado del civil Esau Samaniego Rey, supuesto miembro de la delincuencia organizada, se instruyó en su contra y por los cuales fue absuelto el año pasado. En otro juicio, éste por robo agravado fue condenado a 10 años y seis meses de prisión y es uno de los militares indiciados por la Procuraduría General de la República que pertenecieron a la Tercera C.I.N.E. por el asesinato de la secretaria del Ministerio Público Federal Patricia Gardea González, sucedido en esos meses.
El “diplomado” que servía al narco
Una segunda declaración del sargento Becerra Vargas de agosto del 2009, registró otra presunta componenda del entonces jefe de la Tercera C.I.N.E. con el mismo cabecilla del narco en Ojinaga.
El sargento contó que una mañana Juárez Ramírez lo llamó para que se presentara en su oficina en el cuartel de la Compañía, cuando llegó cerró la puerta detrás de él y le ordenó que tomara asiento. Comenzó a platicarle que estaba en trámites de divorcio de su esposa, la señora le exigía 250 mil pesos para que “no fuera a hablar sobre lo que sabía de su trabajo”. Becerra añadió que el jefe militar nunca especificó a qué se refería con eso.
Le habló de nuevo de “el Chiquilín”, a quien “le vendería parte de la droga que en diversos operativos se habían asegurado y que la tenían guardada”. Le explicó que ya tenía acordado la cantidad y el precio “solo requería que lo acompañara para llevarla a un rancho ubicado por el ejido de nombre Cañada Ancha”, que era propiedad de este individuo.
“Me dijo que la puerta (del rancho) ya estaría abierta y que no habría nadie, por lo tanto nadie me podría reconocer y que él se encargaría de lo demás”. Ese mismo día por la noche el sargento Becerra Vargas recordó que llevaron siete paquetes de marihuana envueltos con plástico confeccionados con cinta canela. Al día siguiente por la tarde el teniente coronel lo volvió a llamar para decirle que “el Chiquilín” lo llamaría por teléfono en la noche para darle un mensaje.
“Y así fue, me llamó y me dijo que traían un encargo para el teniente coronel. Me citó a las 9.30 de la noche en un punto donde se veía con otros militares, como el sargento Víctor Fidel Cruz González”. El lugar era un estacionamiento donde estaba una escuela abandonada, a un costado del cuartel. Ahí llegó el individuo a bordo de un vehículo modelo Tsuru color gris con franjas negras.
El sargento rememoró que le dijo: “Tenga acá le traigo mil dólares para que se los dé a su ‘patrón’ por la droga que ayer me llevó, esto nada más es para que se eche un refresco, dígale que luego le entrego los 19 mil dólares que quedan pendientes del trato que hice con él’. Diciéndome que esto sería una vez que llegaran sus corredores con la droga a la población de Odessa, Texas, los cuales le traerían el dinero a esta ciudad. ‘Ya luego me comunicó con tu patrón para entregarle el resto de la venta dela droga’, me dijo. Le contesté que estaba bien y me retiré”. Becerra añadió que al llegar al cuartel de la Compañía se dirigió a la oficina del teniente coronel y le entregó el dinero.
Alrededor de las nueve de la noche del viernes 14 de agosto del 2009, el teniente coronel de nuevo lo mando llamar a su oficina. Le dijo: “Ahorita a las nueve y media va a venir el Chiquilín y le vas a llevar este portafolio”, el cual sacó de uno de sus burós. ‘Es cocaína lo que ahora le vas a llevar’, y el portafolio era de color piel, lo sacó de una bolsa de plástico color verde claro, en la cual observé que aun en esa misma bolsa había como 11 grapas de cocaína”.
Esa droga le dijo el teniente coronel Juárez Ramírez al sargento Becerra, la habían asegurado a un individuo de nombre Sergio Aranda, dueño del restaurante de nombre “El Bucanero”, en Ojinaga. Cuando le dio el portafolio envolvió con la bolsa las grapas de cocaína y las guardó en el buró. Le comentó: “El Chiquilín te va a entregar algo”.
Becerra salió de la oficina, abandonó las instalaciones militares y se dirigió de nuevo al lugar donde lo había visto días atrás. Como a los 10 minutos llegó el mismo vehículo Tsuru, bajó el mismo individuo y le preguntó al sargento: “¿Traes mi encargo que mandó el patrón?”. Entonces le entregué el portafolio, lo abrió en cajuela de su auto y empezó a contar, eran 16 paquetes de cocaína que iban envueltos en plástico transparente.
“Efectivamente, son las 16 onzas que me había comentado tu patrón”, le dijo “el Chiquilín al sargento Becerra. El militar recordó que le entregó dos rollos de dólares, y le dijo: “Le entregas estos cuatro mil dólares a tu patrón, luego me comunicó con él para darle el resto del dinero de esta venta de cocaína”.
El sargento rememoró que se fue caminando al cuartel, llegó y se dirigió a la oficina para entregarle el dinero al teniente coronel.
Juárez Ramírez preguntó al sargento si necesitaba dinero, le contestó que de momento no. “Me indicó que cuando le pagaran los 19 mil dólares de la marihuana que le debían, la cual habíamos dejado en el rancho del Chiquilín, me dijo que de ahí me ‘iba a alivianar algo’”.
“Tengo conocimiento de que el resto del dinero de esa droga ya no lo alcanzó a cobrar dado que tardaría el civil como ocho o 10 días en pagársela”.
La razón por la que el dinero ya no lo recibió, fue que el 18 de agosto un grupo de la Policía Judicial Militar llegó a las instalaciones de la Tercera Compañía junto a varios agentes del ministerio público castrense para realizar una investigación que inició con varios interrogatorios en lo que posteriormente llamarían “el pelotón de la muerte”.
Uno de los integrantes de la Compañía que había viajado a la ciudad de Chihuahua a realizar unas diligencias, le había avisado al teniente coronel que un grupo enviado por la Procuraduría de Justicia Militar desde la capital del país, se dirigía a Ojinaga.
Fue cuando casi la totalidad de los alrededor de 200 integrantes de la Tercera C.I.N.E. estuvieron acuartelados alrededor de tres semanas. Hubo una selección de 30 elementos, 22 de tropa, ocho oficiales más el entonces comandante de la Guarnición Militar en Ojinaga, el general de brigada Manuel de Jesús Moreno Aviña. A todos ellos les fincaron delitos de pillaje, robo equiparado, allanamiento de morada, acopio de armas y contra la salud. En enero del año 2010, se les sumaron los cargos más graves como tortura y homicidio de tres civiles.
Tres años después el caso Ojinaga pasó a juzgados civiles en un fallo inédito de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Desde entonces varias de las acusaciones se han desvanecido por falta de pruebas.
De las que se mantienen aún sin investigar son las imputaciones hechas por el sargento Becerra al teniente coronel Juárez Ramírez, quien por las fechas en que se cita donde presuntamente vendía droga decomisada, tenía de segundo comandante en la Compañía al mayor Silvestre Ortega García.
Varios de los militares procesados en el caso Ojinaga acusan al sargento Becerra de haber pactado con la procuraduría de justicia militar para involucrar a más efectivos, a cambio de no fincarle cargos como el del asesinato de la secretaría del Ministerio Público Federal Patricia Gardea. Caso por el cual a la fecha es solo indiciado sin que se le hayan fincado cargos, al igual que en tres homicidios más de civiles sucedidos en esas fechas en aquella ciudad de la frontera de Chihuahua con Texas.
Becerra al igual que el resto de sus compañeros del caso Ojinaga, se encuentran detenidos en el penal militar de Mazatlán desde el otoño del año 2009.
Juan Veledíaz
@velediaz424
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