Al sexenio del desastre le quedan 10 meses y días para que finalice. El record histórico de más de 25 mil asesinatos durante 2017 marca el pulso de la gestión de Enrique Peña Nieto que ya está considerado, los números lo avalan, como el peor presidente que México ha tenido en su historia moderna. El escenario para el 2018 pinta más que desastroso, se espera que el proceso electoral transcurra en medio de fuertes tensiones sociales, amenazas del crimen organizado y sobre todo, con olas de violencia que retrataran de cuerpo entero la incompetencia y en algunos casos la colusión, de autoridades locales y federales con el crimen organizado.
México, 26 de enero.- Al iniciar el año 2018, Guanajuato se posiciona como la entidad del país donde la alerta roja se enciende para el periodo electoral que inicia en un par de semanas y que llevará a renovar la gubernatura del estado, en poder del panista Miguel Márquez Márquez. Durante 2017 el estado fue el primer lugar nacional en número de asesinatos, con cuatro mil 39 casos, según las estadísticas dadas a conocer el pasado domingo 21 de enero por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El organismo informó que el año pasado ha sido el más violento en la historia contemporánea de México, desde 1997 que existen mediciones de índices delictivos, al registrarse 25 mil 339 homicidios dolosos, cifra superior a los 22 mil 409 casos registrados en el año 2011 en medio de la llamada “guerra contra el narco” lanzada durante el gobierno de Felipe Calderón.
Detrás de los más de cuatro mil ejecutados en Guanajuato, está la irrupción del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) que se apoderó de la entidad, lo que elevó no solo la cifra de muertos sino de secuestros y extorsiones. La ola expansiva durante el sexenio de Enrique Peña Nieto de esta organización criminal, ha traído como resultado su crecimiento en entidades como Michoacán, Veracruz, Colima, Nayarit y en ciudades como Tijuana y Querétaro.
Una tendencia que tiene preocupada a las autoridades electorales, no solo es el número de muertos sino el impacto que han tenido en la población guanajuatense. Un somero recuento de la tercer semana de enero arrojó este registro: el viernes 19 de enero fue asesinado Jorge Castañeda, director de la policía municipal de Irapuato; el sábado 20 dos policías de San José Iturbide fueron acribillados por hombres armados; el lunes 21 dos policías de Apaseo El Alto fueron encontrados ejecutados; el martes 23 las imágenes donde aparecía el empresario leonés Salomón Sutton, en forcejeo para impedir que un grupo armado se lo llevara, se hicieron virales en redes sociales en virtud de que frente a las cámaras fue asesinado; el miércoles 24 fue encontrado muerto el regidor y líder del PRI en Celaya Jorge Montes González.
Junto a Guanajuato las autoridades han encendido los focos rojos en Durango, Michoacán, Oaxaca, Veracruz, Estado de México, Guerrero, Puebla y Tamaulipas, entidades que de acuerdo a cifras de la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC), son las más peligrosas para ejercer este cargo y donde este 2018 se renovaran autoridades municipales.
El segundo lugar en asesinatos en el país durante 2017, después de Guanajuato, lo ocupó el Estado de México con tres mil 464 ejecutados. La entidad gobernada por el priista Alfredo del Mazo Maza, muestra un dato que preocupa a las autoridades electorales por el significado que podría tener para los comicios de julio próximo. El territorio mexiquense se enlista en los tres primeros lugares de los principales indicadores de violencia, después de la cifra de asesinatos, ocupó el primer lugar en extorsiones con mil 54 investigaciones abiertas, es también el tercer lugar en secuestros con 192 casos denunciados.
El hecho de que Guerrero aparezca en tercer lugar con tres mil 108 ejecutados, es muestra de la continuidad de la crisis de violencia, impunidad, corrupción y pobreza que persiste en la entidad, según señalaron organizaciones defensoras de derechos humanos tras darse a conocer las estadísticas del SNSP.
La crisis que atraviesa Guerrero representa un escenario complicado para la democracia y el proceso electoral de este año, declaró hace unos meses durante una visita al estado el presidente del Instituto Nacional Electoral (INE) Lorenzo Córdova.
La vigencia de sus observaciones se justifica con el cierre de año que tuvo el estado en materia de seguridad. Asesinatos de alcaldes, como el de Petatlán, de regidores y síndicos, así como la proliferación de policías comunitarias, algunos de ellos acusados de tener vínculos con grupos criminales, son ingredientes que se suman al escenario electoral de este año.
En el último proceso electoral federal del 2015, en medio de señalamientos de que grupos de tráfico se drogas impusieron candidatos y financiaron campañas, se presentó el asesinato de un funcionario del INE en Tierra Caliente, y la ejecución de dos candidatos a las alcaldías de los municipios de Chilapa y Ahuacuotzingo. En Tlapa un estudiantes fue asesinado a tiros, presuntamente por agentes federales, y en Tixtla cuatro guardias comunitarios fueron ejecutados en vísperas de las elecciones.
Con estos antecedentes, Guerrero mantiene la alerta para la próxima jornada electoral en virtud de lo que Dagoberto Santos Trigo, vocal ejecutivo de la Junta Local del INE en Guerrero, llamó “atrofia del Estado”. Marginación, inseguridad generada por la delincuencia, desigualdad social, extrema pobreza y un sistema de procuración de justicia arcaico, son algunos de los factores que abonan a la crisis.
Nuevos focos rojos
La ola de violencia que marcó el 2017 en niveles jamás vistos, se puede ilustrar con el dato de que la tasa de asesinatos se incrementó en 26 de los 32 estados del país. Según los registros del SNSP el incremento más desproporcionado ocurrió en Nayarit, donde la tasa pasó de 3.13 casos en 2016 a 20.10 durante el año pasado. Lo que en términos reales significó un incremento del 542 por ciento.
El segundo lugar donde la tasa de homicidios dolosos creció fue Baja California Sur, con 183 por ciento, Aguascalientes se posicionó el tercero con 116 por ciento y Quintana Roo con 111 por ciento. Salvo en la entidad hidrocálida, los dos estados restantes tienen elementos en común: sus principales puertos turísticos están boletinados por el Departamento de Estado como lugares de alta peligrosidad para ciudadanos estadounidenses, el crecimiento de la violencia se explica por el arribo de nuevas organizaciones criminales que buscan hacerse con el control del tráfico y venta de droga, y la autoridad se ha mostrado incompetente para hacer frente a la ola de violencia. Todos estos factores son ingredientes que abonan al escenario de riesgo para el periodo electoral del 2018.
Los estados más críticos donde se avizora que la violencia continuará en niveles por arriba de la media nacional, de acuerdo al SNSP, son Colima, Nayarit, Veracruz. Baja California, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Baja California Sur y Zacatecas.
En lo que va del sexenio del priista Enrique Peña Nieto se han acumulado 96 mil 421 denuncias por homicidio doloso, de acuerdo al último corte estadístico fechado el 31 de diciembre del 2017. Con este registro el promedio diario de asesinatos en el país durante la presente administración se ha colocado en 52.8 casos diarios, pese a que durante 2017 este registro se elevó a 70 ejecutados al día.
Un factor que de acuerdo a especialistas, abonó el incremento de los asesinatos, fue la fragmentación continua de grupos criminales, lo que los ha llevado a diversificar su actuar delictivo. Durante la presente administración el robo de combustible superó los registros de otros sexenios. En los primeros dos años de Peña Nieto se registraron seis mil 744 tomas clandestinas, con Calderón hubo 719 y con Vicente Fox 286.
Estos grupos criminales asentados en Puebla, Veracruz, Guanajuato, Michoacán y Querétaro, también han impuesto sus condiciones en diversos municipios donde el poder criminal ha amedrentado a las autoridades locales.
El saldo de Peña Nieto, en el último año de su gestión, se avizora más que catastrófico no solo por el record de crímenes que tiñe de rojo la geografía del país, sino porque dejó que el fenómeno creciera hasta desbordarse y colocar contra la pared a las autoridades locales en amplias regiones de México.
Tras conocerse el informe del SNSP, la gran mayoría de medios de comunicación fue unánime: este es el sexenio más violento de la historia moderna, con más asesinatos, un número de desaparecidos nunca antes registrado, el incremento de denuncias de torturas de autoridades, y el quiebre de las policías y su exhibición en varios estados como el primer frente del crimen organizado. Es el sexenio del desastre.
Juan Veledíaz
@velediaz424
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