Con juicios sin concluir y sin justificación legal, un grupo de 18 militares entre
oficiales y tropa que se encuentran sujetos a proceso dentro de la prisión
militar de Mazatlán, Sinaloa, fueron llevados a penales federales pese a que
hace un par de meses habían sido devueltos a éste lugar al recibir el amparo de
la justicia federal ante la ilegalidad del primer traslado. En esta segunda
ocasión cada casos tienen algo en común, todos los procesados han
demandado a la secretaría de la Defensa Nacional el pago de sus haberes ya
que en casi una década se les ha privado de lo que por ley les corresponde al
no tener sentencias firmes en sus juicios.
México, 22 de enero.- En las primeras horas de la madrugada del viernes 19 de enero, 18 militares entre oficiales y tropa de diversas jerarquías que se encuentran procesados por delitos contra la salud en el penal castrense adscrita a la Tercera Región Militar de Mazatlán, Sinaloa, fueron trasladados a diversos penales federales sin que sus abogados y familiares tuvieron la certeza en horas posteriores en qué lugar estaban.
De manera extraoficial varios de sus compañeros informaron a este Blog que
se sabía que habían sido llevados a los centros federales de readaptación social
número tres en Matamoros, Tamaulipas; cuatro en el Rincón, Tepic, Nayarit;
y cinco en Villa Aldama, Veracruz.
“La mayoría de los 18 trasladados recientemente habían sido devueltos a la
prisión militar de Mazatlán, después de permanecer alrededor de dos años en
el Cefereso número cuatro de Nayarit; habían retornado por sentencias de jueces de amparo que determinaron la ilegalidad del traslado anterior por no ajustarse a los protocolos, el traslado sucedió en octubre del 2015 sin apego a derecho, ahora nuevamente por gestiones de la secretaría de la Defensa Nacional volvieron a ser trasladados sin cumplir con las mínimas normas”, señalaron vía telefónica.
Por separado las fuentes militares, que pidieron reservar su identidad, coincidieron en que se desconocen los motivos de los traslados. Se sabe que los 18 están por finalizar sus juicios, algunos llevan más de nueve años en situación de prisión preventiva.
Del lado de sus abogados se denunció que al quedar recluidos en lugares diferentes a donde se desahogan sus procesos, el primer resultado es que quedan en estado de indefensión jurídica, con lo que se retrasa aún más el cierre de instrucción y sentencia que en la gran mayoría se perfila como absolutoria.
En ese caso la secretaría de la Defensa Nacional tendría que cubrir los sueldos
caídos por todos esos años de prisión, ese podría ser el trasfondo de este movimiento, la negativa de la actual administración que encabeza el general Salvador Cienfuegos Zepeda, a explicar a donde ha ido a parar el dinero retenido de los militares procesados y tener que reintegrarlo en caso de resultar absueltos, comentaron.
Los militares procesados que fueron sacados del penal castrense están encabezados por los tenientes de infantería Pedro Gómez Modesto, Jacinto
Hernández Cervantes, Iván Hernández Enríquez, Manuel Zeferino Martínez
y Fredy Hernández Rueda. Les siguen el subteniente de caballería Rubén Bustamante López, los sargentos de caballería Ernesto Esquivel Rodríguez,
Oscar Olvera Salazar, Simón Lozano Vital, Gustavo Reyes Ovalle, el cabo de caballería José de Jesús Zúñiga Moreno y los soldados Iván Cruz Manuel y
Alan Yucupicio Valenzuela.
De este listado, de acuerdo a las fuentes, todos a excepción del teniente Fredy
Hernández Rueda, habían sido trasladados a Nayarit en octubre del 2015, regresaron el año pasado entre los meses de septiembre y diciembre. El motivo
de su regreso fue que recibieron sentencias favorables debido a violaciones a
sus garantías individuales en el traslado.
Ahora de nueva cuenta se cometieron las mismas violaciones previas a su
traslado sin que existiera justificación legal para ello, como podría ser que
representan un riesgo para la seguridad del centro penitenciario y de sus
compañeros, indicaron. “Nada de eso se justifica con alguno de ellos, puesto
que sin excepción han observado buena conducta y participado en los
programas de reinserción exigidos por la dirección de la prisión”.
La conclusión es que detrás de esta medida asoma una represalia porque han
solicitado el pago de los sueldos caídos, y porque la Defensa Nacional aun sin
contar jurídicamente con sentencias firmes les privó de sus percepciones salariales. Algunos están por cumplir diez años están en esa condición, y ya
han ganado vía amparo que la dependencia les cubra ese numerario. El impago se ha traducido en un notorio desacato a la sentencia de los jueces de amparo que les ha otorgado ese beneficio, concluyeron.
Juan Veledíaz
@velediaz424
Estadomayor.mx