Las cárceles en México. Parte II



México, 9 de enero.- Dada la saturación del sistema penitenciario en México, las cárceles no han podido cumplir con los supuestos para la reinserción que establece la Constitución. Se limitan a ser espacios de contención, donde la dignidad de las personas -privados de su libertad, familiares y personal penitenciario- desaparece; el cumplimiento de las condenas no satisface a la sociedad, ni repara el daño ocasionado a las víctimas y se nulifican las oportunidades necesarias para la reinserción a la sociedad.

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Ante el vacío de actividades estructuradas para la reinserción social de los reos y la existencia de un marco jurídico ambiguo e insuficiente, las cárceles en México se han convertido en un eslabón más en la cadena delictiva, popularmente conocidos como escuelas del crimen, al no poder cumplir con las Leyes y Reglamentos para lo que fueron creados; una Reinserción Social exitosa.

Estas limitaciones han tenido efectos serios en la estabilidad y seguridad de los centros penitenciarios del país. Donde en las cárceles estatales han ocurrido en este último año motines violentos con muertos y heridos. Estos hechos son señales claras de que el sistema penitenciario, como está organizado actualmente, no está cumpliendo con su obligación principal de custodiar eficaz y reinsertar a la sociedad.

Las carencias que existen en los penales mexicanos como la alimentación insuficiente, espacios inadecuados para dormir, ropa para los privados de su libertad, servicios médicos pobres, han transformado a los centros penitenciarios en lugares donde permea la corrupción y, en consecuencia, la inequidad entre los reclusos. Bajo condiciones de sobrepoblación y ante el gran número de reos sujetos a proceso, es muy difícil implementar programas exitosos de reinserción, sobre todo con los problemas presupuestales del sector, que en muchos casos no alcanzan a cubrir los costos operativos de los centros, y no obstante el esfuerzo de las organizaciones sociales comprometidas con la reintegración social de quienes están en cautiverio, como lo vi en la persona de la Sra. Mercedes Jaime de Fernández, presidenta de las Damas Vicentinas A.C. en la que su madre y ahora ella creen firmemente en que estas personas que están privadas de su libertad pueden caminar por las calles con la cara en alto reinsertados a la sociedad como personas productivas.

Es por ello, que los sistemas penitenciarios estales y federal deben buscar hacer realidad el mandato de la Constitución de poder lograr la reinserción social; donde los centros penitenciarios tienen que estar enfocados a darles a los privados de su libertad, salud, educación, deportes, trabajo y capacitación para el trabajo, fortaleciendo la formación de valores, todo esto necesario para la reintegración exitosa a la sociedad.

Como ya lo había plateado con antelación, el principal del tema de la reinserción social es que la persona privada de la libertad deja de ser vista como inadaptada. Se quebranto una norma y se salió del orden social, por lo cual se le impone una pena, pero las condiciones de su cumplimiento conllevan también la oportunidad de reparar el daño y reinsertarse en el orden social de ser posible, casi en todos los delitos, pero hay que decirlo en delitos como secuestro con penas de 70 años y sin beneficios no existe una reinserción a la sociedad, por lo que se espera que mueran en cautiverio.

Pero enfocándonos a que la mayoría de los que se encuentran privados de su libertad saldrán a las calles, en necesario que los centros de internamiento deben de estar en condiciones dignas de vida, (limpios, ordenados, donde se pueda ofrecer atención medica digna, educación básica hasta superior, deportes, trabajo para ayudar a sus familias y capacitación laboral).

Está claro que los políticos se quejan de que sube la delincuencia porque están saliendo de las cárceles muchas personas, pero no se han preguntado estos políticos que hicieron para cumplir con una reinserción exitosa, si no quieren invertir en sus cárceles (ya que no deja votos), pero espero escuchar en estos momentos de campañas presidenciales que uno de ellos se pronuncie sobre el tema. Dicho lo anterior la reinserción social se ve muy lejos.

Tocando los puntos de la reinserción social en nuestro País, la salud es primordial y puedo empezar diciendo que los presos no entran en el seguro popular; un gran error que afecta aproximadamente 250 mil personas privadas de su libertad ya que la secretaria de salud no las ve como personas factibles a poder estar afiliadas en dicho programa, (siendo que solo se pierden sus derechos políticos no a la vida), lo que provoca una carga fiscal para los estados y la federación.

La Ley Nacional de Ejecución Penal señala que la salud “es un derecho humano reconocido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y será uno de los servicios fundamentales en el sistema penitenciario”…, es por ello que para poder preservar y fortalecer la salud de las personas privadas de su libertad, es necesario garantizar su derecho a ella, por tanto, es menester de los sistemas penitenciaros estatales y federal instrumentar debidamente los lineamientos y políticas acordes a su género y edad.

Por otra parte, la educación es parte inherente de la reinserción ya que se debe proveer desde alfabetización y educación desde básica (primaria y secundaria); así mismo, los sistemas penitenciarios deben incentivar la enseñanza media superior y superior, mediante convenios con instituciones educativas del sector público, que les otorgarán la validez oficial correspondiente de los estudios culminados a los privados de su libertad, esto lo señala la LNEP.

Al fortalecer la educación les otorgamos habilidades para la vida, en un esfuerzo por dotarlos de las herramientas necesarias para la reinserción exitosa a la sociedad y evitar su reincidencia delictiva.

La promoción del deporte y el acondicionamiento físico se deben considerar un medio eficaz para la preservación de la salud, el deporte juega un papel fundamental, tanto en los aspectos físicos como psicológicos del privado de su libertad y apunta a la capacidad de la actividad deportiva para lograr el mantenimiento dentro de unos hábitos de convivencia humana y de autocontrol. El deporte es uno de los alicientes más importantes para el desarrollo integral del reo y para la promoción en éste de una conciencia fundada en una vida más sana.

Se pueden practicar distintas disciplinas deportivas entre la población penitenciaria, como un medio para elevar su calidad de vida, fortaleciendo la incorporación de las personas privadas de libertad a una actividad física y deportiva que fortalezca su desarrollo social y humano y con ello se evita que el sedentarismo propicie el surgimiento de enfermedades crónico-degenerativas como son la obesidad, cardiovasculares, diabetes entre otras enfermedades.

El programa de reinserción social debe de tener como pilar el trabajo y la capacitación para el mismo, pero no vistos como elementos aislados, sino como partes de un proceso estructurado que prepare al reo para retornar a la vida en libertad. Los ejes de este programa de reinserción social serán el empleo y la capacitación laboral.

Para que el proceso de reinserción sea exitoso, no es suficiente que participen el gobierno y el privado de su libertad, es vital el apoyo y acompañamiento de los distintos sectores de la sociedad. El reo tendrá que desarrollar sus habilidades para su reinserción y comprometerse con el proceso, aquí es donde su familia y la comunidad tienen la oportunidad de acompañarlo en su progreso y ayudarlo a reincorporarse a su vida en libertad.

El sistema penitenciario tiene como mandato establecer las condiciones necesarias para implementar exitosamente los programas de reinserción. Sin embargo, los sectores productivos juegan un papel crucial para darle contenido a la industria penitenciaria, al hacer de ella el preámbulo para el retorno del individuo a la vida productiva.

El trabajo penitenciario tiene que ser un medio de dignificación del reo, donde se lleva a cabo una política nacional y estatal de trabajo penitenciario remunerado, que regule y estandarice las condiciones laborales y que contribuya a la sustentabilidad de los centros y a la eventual liberación del que esta privado de su libertad y este modelo exitoso lo vemos en el sistema penitenciario de Baja California donde el Lic. Héctor Grijalva que fue subsecretario por más de una década instrumentó una política de trabajo penitenciario con criterios preestablecidos del destino de la remuneración de los que están en prisión: como es la reparación del daño, la manutención de la familia, el ahorro del privado de su libertad y los gastos de operación de los centros de internamiento estatales.

El empleo remunerado es y será un paso en el proceso de reinserción; pero antes de acceder a él, el privado de su libertad tendrá que realizar el trabajo interior necesario previo a la reinserción, producido tanto por los programas educativos y de formación, como por su participación en el mantenimiento de la dignidad de las condiciones de reclusión, que empieza por su persona y su entorno. Conforme esto vaya sucediendo, el individuo podrá asumir mayores responsabilidades en el centro de penitenciario en donde primeramente una será el empleo remunerado y otra, la obtención de la certificación de sus competencias laborales.

Es un del reto y una responsabilidad que se tiene para con estas personas por alguna causa se salieron del orden social, sabemos que aún falta mucho por hacer, es por eso que no se debe perder el rumbo de reinserción social; apoyándonos en el fortalecimiento del marco normativo, en programas, políticas y acciones que respondan con visión integral a su éxito, con la participación activa y corresponsable de todas las dependencias públicas y la sociedad civil, sin cuya participación no es posible alcanzar dicho resultado, con una visión humana que permita y haga posible que los privados de su libertad regresen a sus familias y a la sociedad con posibilidades de rehacer sus vidas.

 

Ricardo Tejeda de Luna

Ex subsecretario del Sistema Penitenciario de Quintana Roo,

ex Director General en Centros Federales y otros cargos públicos



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