México, 2 de septiembre (Reporte Indigo).- Desde los años 30, época en la que gobernaba Plutarco Elías Calles, hasta nuestros días, el Ejército Mexicano ha tenido un comportamiento ejemplar de lealtad constitucional.
La última oportunidad que tuvo el poder militar de tener una desavenencia o confrontación con el poder político, fue cuando lo encabezaba el grupo de generales de Sonora.
A partir de ese momento, el comandante en jefe siempre le encargaba a su general secretario el control de lo militar. El Ejército Mexicano fue uno de los grandes elementos institucionales que se ganó el aprecio del pueblo mexicano, y en gran medida lo sigue siendo, aunque en los últimos tiempos se han presentado evidentes situaciones que obligan a asumir que han cambiado algunos de sus integrantes.
El balance de la falsa guerra contra el narcotráfico del presidente Felipe Calderón empieza a mostrar algunos de sus elementos más perniciosos. Sería injusto acusar únicamente al comandante en jefe de la actual situación, porque si bien es cierto que él hizo uso de una potestad adquirida constitucionalmente y sacó al Ejército a la calle, también es verdad que durante todos estos años, ni su gobierno, ni el aparato legislativo mexicano han logrado cumplir, ni con el Ejército ni con el pueblo, para establecer un marco jurídico que ampare la actuación militar.
No me refiero a una ley de amnistía ni a que se les exima de los excesos que hayan podido cometer, sino a generar una ley marco de su actuación bajo el mandato de su comandante en jefe, el presidente Felipe Calderón.
Poco a poco, la Suprema Corte de Justicia de la Nación sigue profundizando en el propio camino iniciado por el jefe del Ejecutivo: acomodar el comportamiento judicial del país a la mayoría de los convenios internacionales suscritos por México. Y eso lleva –inevitablemente– a un cambio en el estatuto y en el fuero, es decir, en la manera de juzgar a los militares.
Enrique Peña Nieto recibe una herencia con la que se puede envenenar si no se aclaran tres puntos. Primero: cómo, cuándo y dónde el Ejército Mexicano deja de tener la encomienda de mantener el orden público en las calles en lo que se refiere al problema del narcotráfico.
Segundo: cuántos, cuándo y cómo es que algunos oficiales del Ejército Mexicano se convierten en los nuevos responsables de la policía, gendarmería o como sea que le vayan a llamar el general Naranjo y el Ejército Mexicano. Tercero: qué se hará con los casos de los desaparecidos y con todos aquellos temas en los que (por problemas surgidos a causa del desempeño de sus funciones) las fuerzas armadas mexicanas han terminado por afectar a la sociedad civil con diversas circunstancias, como muerte, accidente, desaparición, sospecha o cualquier otra.
La Suprema Corte va ajustando parte del camino. Los organismos internacionales todavía –en la medida en que México cumpla su parte del compromiso e investigue sus crímenes– no tienen nada qué decir. Sin embargo, el poder político y el legislativo tienen una gran responsabilidad colectiva frente a las fuerzas armadas mexicanas. Ha llegado la hora de exigirles, sin dilaciones, que la cumplan.
Ambos poderes deben desarrollar un marco legal para lo que ya pasó, regular lo que tendrá que pasar y depurar responsabilidades para quienes –en el acatamiento o instrucción de órdenes– llegaron a causar víctimas civiles.
Antonio Navalón
Opinión
Reporte Indigo