Cuarteleras



México, 16 de mayo.- La bala disparada por un militar en la nuca de Raúl Jiménez Martínez la madrugada del tres de mayo en una calle de Palmarito, Puebla, tuvo varias trayectorias. No se incrustó solamente en el cráneo del presunto huachicolero y supuesto campesino que llevaba una de sus dos camionetas a reparar.

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El tiro le ha pegado de lleno al discurso civil y militar que se desgrana en repetir que en todos los operativos contra el crimen organizado efectuados por personal castrense hay un irrestricto respeto por los derechos humanos.

Le dio también al discurso oficial que, desde Los Pinos, de manera reactiva, a destiempo, reitera espaldarazos a militares y marinos, encabeza desagravios, encuentros y reencuentros con la familia militar en sus terrenos para mostrarle al mundo un rostro distinto al que aparece en el video de Palmarito.

Una de las trayectorias más agudas y dolorosas para el gobierno de Enrique Peña Nieto –y para la administración del general Salvador Cienfuegos Zepeda al frente de la Sedena– es la que impactó directamente en la agenda de derechos humanos que el gobierno peñista defiende (como puede) hacia el exterior.

El proyectil fue a dar hasta el Pentágono y de ahí a la Casa Blanca. Sus consecuencias diplomáticas, militares y operativas no se hicieron esperar.

De Orden Superior, el alto mando le informó a todos los comandantes regionales y de zona que quedan suspendidas las compras de armamento y equipo bélico especial mientras no se aclare por completo el asunto de la ejecución en Palmarito.

La suspensión comprende la compra de material pesado, como blindados, aeronaves y piezas de artillería que se contemplaban para los siguientes años.

Lo que detonó la decisión de las autoridades norteamericanas, nos dicen, es el escándalo de la ejecución del civil desarmado en Puebla.

El tema tiene que ver con el discurso de los derechos humanos y las medidas que el gobierno estadunidense suele tomar, con tinte de presión política, contra quienes abusan o reinciden en este tema en el que México no tiene un buen récord ante los Estados Unidos y ante varios foros mundiales.

 

Testimonios

Otra versión que recorre los pasillos de la Sedena y de la PGR es la de la declaración que, como testigos, habrían rendido durante el fin de semana ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) los generales Raúl Gámez Segovia y Eduardo León Trawitz.

Ambos habrían ofrecido su versión sobre lo ocurrido la noche del tres de mayo en Palmarito, Puebla, y habrían aportado información de contexto para avanzar en las investigaciones en torno a lo que ocurre con los huachicoleros en esa zona del país.

Gámez Segovia es el Comandante de la XV Zona Militar, cuya sede está en la ciudad de Puebla. El general Trawitz es, desde 2014, el titular de la Subdirección de Salvaguardia Estratégica (SSE) de Petróleos Mexicanos (Pemex), que sustituyó a la Gerencia de Seguridad Física.

Con los generales Gámez y Trawitz habían comparecido también un coronel y un mayor, quienes iban al frente de los policías militares integrados a los Batallones 16, 17 y 18 en Puebla que actuaron aquel día.



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