El general que quiso acabar con los “huachicoleros”



Un bomba mediática, la difusión de tres videos durante la incursión militar al poblado Palmarito Tochapan en Puebla, donde se aprecia la ejecución de un civil y el ataque a una camioneta donde iban tres mas, le explotó al general de brigada Raúl Gámez Segovia, antiguo profesor de la escuela militar de inteligencia y uno de los oficiales que mejor conoce el problema del narcotráfico, la delincuencia organizada y los grupos armados subversivos, apenas en su sexto mes al frente de la comandancia de la 25 zona militar en Puebla. La complejidad del problema y la crisis que ya generó, señalados el pasado viernes en Tijuana por el secretario de la Defensa Nacional, cuando hizo referencia al origen en la omisión y responsabilidad de las autoridades locales, ilustra el desgaste cada vez más evidente del uso de la fuerza armada para resolver conflictos que nacen de la pobreza y marginación de habitantes como esta zona poblana, y la corrupción en la clase política, como caldo de cultivo de la delincuencia que se apodera de comunidades y regiones enteras.

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México, 15 de mayo.- Llevan más de una semana retenidos en el comedor de las instalaciones del 17 batallón de Policía Militar, dentro del campo militar 25-A en Puebla, Puebla. Se trata de una sección completa, 27 efectivos, pertenecientes a ésta unidad la cual participó en el operativo en Palmarito Tochapan, municipio de Quecholac, donde el pasado 3 de mayo se suscitó un enfrentamiento que dejó un saldo, según la fiscalía local, de cuatro soldados y seis civiles muertos, entre ellos una mujer y un menor de edad.

Los militares que son investigados forman parte de la fuerza de reacción que se desplegó en la comunidad, la cual fue blanco de un ataque a tiros por parte de pobladores presumentente vinculados a uno de los grupos que controlan el robo de combustible en ductos de Pemex que pasan por esta zona en dirección al Valle de México.

Durante este lapso, los policías militares han declarado ante autoridades ministeriales de la PGR sobre cómo sucedieron los hechos de la noche del 3 de mayo, en los que de acuerdo a un par de videos que se difundieron el pasado miércoles 10, se aprecian dos momentos diferentes durante la refriega en que dos civiles sometidos mueren por tiros de los soldados, uno de ellos después de que asesinara por la espalda a un efectivo del ejército.

La polémica generada por la difusión de las imágenes trajo de nuevo a colación la discusión del papel del ejército en labores de seguridad pública, donde los errores, omisiones y complicidades de autoridades civiles en los tres diferentes niveles de gobierno, como ha sido desde hace una década con el robo de combustible, contextualizan el uso de la fuerza armada como último recurso ante el desbordamiento del problema, con el consecuente resultado de violaciones graves a los derechos humanos.

El diagnóstico con el que fue recibido el pasado 3 de diciembre del 2016 en Puebla el general de brigada Raúl Gámez Segovia, cuando asumió el mando de la comandancia de la 25 zona militar que abarca esta entidad, señalaba el crecimiento del problema del robo de combustible y el incremento de la beligerancia contra las tropas y fuerzas estatales de seguridad de las bandas dedicadas a este delito que operan en el llamado “Triángulo Rojo”, compuesto por los municipios de Tepeaca, Palmar de Bravo, Quecholac, Acatzingo, Acajete y Tecamachalco.

Estos seis municipios, por donde pasan ductos de Pemex de la ruta Minatitlán-México con el 40 por ciento del combustible que va a la capital del país, abarcan un línea de más de 100 kilómetros. Dentro de ésta área según reportes oficiales, de enero del 2014 a febrero del 2017, se habían detectado 17 mil 407 tomas clandestinas de combustible.

Gámez Segovia, oficial de infantería graduado en 1979 del Colegio Militar, supo desde que llegó a Puebla el nivel del problema a que se enfrentaba. Por su experiencia en terreno, venía de la 35 zona militar en Chilpancingo donde le tocó lidiar con el desbordamiento de la violencia por la delincuencia organizada en la zona centro, sierra y Tierra Caliente del estado, además del problema social generado por la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotizinapa, herencia de su antecesor en el cargo, le llevó poco tiempo tomar el pulso de la situación.

Sus allegados en la 25 zona militar de Puebla, señalan que su prepracion como oficial de inteligencia militar, estuvo cinco años en la sección segunda del Estado Mayor de la Defensa, entre 1992 y 1997 con el estallamiento del conflicto en Chiapas de por medio, le permitió contar con un diagnóstico de quiénes operaban el robo de combustible, qué policias municipales estaban coludidas, cuáles eran las tácticas que las mafias utilizaban, como tener a los pobladores de su lado, así como el nivel de corrupción de los funcionarios locales.

Quizá por eso la “sorpresa” de la noche del 3 de mayo con el choque con los civiles armados, se tradujo en que el nivel de adiestramiento de las tropas bajo su mando, como el 17 batallón de Policía Militar, los exhibiera en su falta de pericia para asegurar a los civiles que detenian. Como sucedió con el individuo que fue sometido pero nunca revisado, y que de entre sus ropas sacó y disparó una arma con la que mató por la espalda a un soldado.

De bebida adulterada al robo de combustible

El objetivo de la operación del día de la Santa Cruz, era Antonio Martínez Fuentes, un individuo identificado por el alias de “el Toñín”, líder de una banda dedicada al robo de combustible, y de quien se tenían reportes que se encontraba ese día en la comunidad de Palmarito Tochapan. Lo que el despliegue militar no contempló fue la coordinación de sus hombres armados, y el nivel de proximidad que demostró con él la población para formar una primera valla con mujeres y niños que impidieron el avance de los efectivos del 17 batallón de Policía Militar, lo que permitió a éste individuo darse a la fuga.

Los ataques de hombres armados contra militares en esta zona de Puebla han tenido una característica en común, en la mayoría de los casos suelen aparecer después pobladores desarmados de comunidades cercanas que agreden a pedradas a los soldados. Ocurrió el 26 de marzo, cuando se registró un supuesto ataque a un convoy de la Policía Militar en el poblado Guadalupe Piletas en la comunidad Palmar de Bravo, donde un grupo armado presuntamente disparó contra un camión que se volcó dejando un saldo de ocho militares heridos. Habitantes de la zona arremetieron a pedradas y palos contra los soldados.

Horas después la secretaría de seguridad pública de Puebla informó que la volcadura se debió a un percance después de que los militares y la policía estatal recibieran el reporte de tres camionetas que circulaban por esa carretera con combustible robado. Hubo una persecución que desató un intercambio de tiros sin que se registraran heridos de bala. Al intentar alcanzarlos el vehículo castrense chocó con una de las unidades que perseguían y salió del camino y se volcó. No hubo detenidos, solo se decomisó el combustible. Del ataque de los pobladores a los soldados a pedradas, de manera oficial no se informó nada.

La zona del llamado “Triángulo Rojo”, abarca municipios considerados en reportes del INEGI de alta y muy alta marginación. La escala los cataloga entre pobreza y pobreza extrema. A raíz de lo sucedido el día 3, la prensa nacional ha dado cuenta de cómo gran parte de los habitantes en esta área, pasaron de dedicarse a cultivar epazote, papas, frijol y maíz, entre otras cosas, con un promedio de ingreso de 60 pesos diarios, a colaborar con las bandas de robo de combustible los cuales les pagaban en especie. De la venta de gasolina robada, algunos empezaron a percibir ingresos de hasta de 800 pesos diarios.

En esta región de Puebla existe una bebida que se adultera con alcohol de caña y que los pobladores llaman “huachicol”. La referencia que lo asocia a algo “inflado” pudo derivar, según sociólogos de la Benémerita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), en que lo asociaran con el combustible obtenido por medios ilícitos. Al combustible robado que se “contamina” durante su extracción, se le bautizó como “huachicol”. Y quienes se dedican a ello: “huachicoleros”. Fue la palabra que se puso de “moda” durante el gobierno en Puebla del panista Rafael Moreno Valle.

Los anónimos: un medio cada vez más frecuente

Mientras la investigación continúa contra efectivos del 17 batallón de Policía Militar, fuentes castrenses en la 25 zona militar informaron a este blog que se espera el incremento de la presencia de tropas en los seis municipios del llamado “Triángulo Rojo”. El número aun es impreciso, se habla de una brigada, alrededor de dos mil efectivos, pero será algo que quedará definido durante el transcurso de esta tercera semana de mayo, cuando quedé trazado el plan y los objetivos del despliegue.

Las mismas fuentes hicieron referencia a un texto “anónimo”, escrito sin faltas de ortografía ni errores de sintaxis, el cual se publicó entre otros medios en éste blog (Aparentes reacciones y mensajes de militares frente el video de Palmarito. Estado Mayor, 12 de mayo 2017), donde se hace referencia a información que no ha sido del todo abordada por gran parte de la prensa nacional.

Como el dato que el hombre “ejecutado por un soldado” esa noche se llamaba Paulino Martínez Silva, conocido por el alias de “El Pavis” o “el Pavín”, a quien se le atribuye ser “primo y lugarteniente de Antonio Martínez Fuentes”, apodado “el Toñin”, identificado como uno de los principales líderes de las bandas de robo de combustible de la zona.

Por el manejo de datos, puntos de vista y señalamientos, se reproduce el resto del comunicado:

Al parecer, el operativo desplegado el pasado 3 de mayo en Palmarito estaba dirigido a detener a El Toñín, quien logró escapar gracias a que movilizó al pueblo para rechazar la presencia de los militares y al escudo que en torno suyo hicieron sus lugartenientes, entre ellos El Pavis o El Pavín.

En uno de los videos difundidos el pasado miércoles se aprecia el momento en que un militar le da el tiro de gracia a El Pavis, quien ya estaba sometido y desarmado.

Y aunque se trataba de un peligroso delincuente que no no tuvo empacho en desafiar a las fuerzas armadas, los excesos cometidos por un soldado, el sensacionalismo de algunos medios de comunicación y la mezquindad de algunos políticos, terminaron por convertir al peligroso huachicolero en víctima.

Lo que nadie dice es que los militares que acudieron al operativo del Día del Albañil sí son víctimas, por varias razones.

Cuatro militares perdieron la vida, al menos uno de ellos, por la espalda, a manos de uno de los campesinos que viajaban en vehículos blindados.

Los militares no tendrían por qué estar ahí en Palmarito cumpliendo labores de policías, como tampoco deberían estar en otras regiones del país haciendo lo mismo.

Pero estaban ahí porque las autoridades civiles han solapado y en algunos casos se han coludido con las bandas de robo de combustible que controlan la vida en los municipio de Puebla que componen el llamado Triángulo Rojo.

El Toñín, líder de una de las bandas que se disputan el robo y comercio clandestino de combustible, tiene al pueblo de Palmarito en la bolsa, porque les genera múltiples beneficios a través de la Asociación Civil Fusión y Fuerza, que preside su hermano, José Alejandro Martínez Fuentes.

Apenas el pasado martes, esta asociación celebró el Día de las Madres con un magno evento, al que asistieron aproximadamente cinco mil personas. Todas las mujeres salieron con regalo de ese evento, en el que hubo un gran derroche de recursos.
Y el pasado 6 de enero, Día de los Reyes, la asociación entregó 30 mil regalos.

Todo mundo sabe quién es El Toñin y quién es La Vieja, el líder de la banda rival Los Buchanans, –ligada a Los Zetas– en el Triángulo Rojo.

El anterior gobernador, Rafael Moreno Valle, solapó el crecimiento de esta actividad ilícita en la región. Su sucesor, Antonio Gali, poco o nada ha hecho para enfrentar la situación.

Y varios de los presidentes municipales de la región están involucrados en el negocio de la ordeña de los ductos de Pemex. Por eso estaba el Ejército el pasado 3 de mayo en Palmarito y por eso ha estado ahí en otras ocasiones, durante las cuales ha sufrido agresiones.

La ejecución sumaria de El Pavis es condenable, pues no es ésa la forma en que deben actuar las corporaciones de seguridad del Estado. El responsable tendrá que ser juzgado y sancionado como lo establece el marco jurídico.

No se sabe aún si recibió órdenes de algún superior. Posiblemente lo hizo a motu propio, enojado, dolido, por la forma en que minutos antes un compañero de armas había sido asesinado por la espalda cuando los militares ya iban en retirada, como se aprecia en uno de los videos.

El soldado ejecutor quizá pensó que al matar a El Pavis vengaba a su compañero y hacía justicia.

El responsable enfrentará un doble juicio: en el fuero civil y en el militar. Será acusado de asesinato, perderá sus haberes y su grado, y pasará muchos años en la cárcel. ¿Es justo?

Se cumplirá la ley. Pero la legalidad no siempre es sinónimo de justicia.

Po rcierto, la delincuencia ya tiene defensor de oficio.

Por enésima vez, el eterno aspirante a la Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, se puso de lado de los delincuentes, esta vez, de los huachicoleros.

Con su discurso demagogo de siempre, López Obrador pidió que termine “la violencia contra la ciudadanía”, en alusión al operativo de Palmarito.

 

Juan Veledíaz

@velediaz424

Estadomayor.mx



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