Cuarteleras



México, 18 de abril.- Mientras en Veracruz el gobernador Miguel Ángel Yunes festeja la llegada de al menos 400 elementos de la Policía Militar para pacificar lo que queda del estado que Javier Duarte dejó herido de muerte, en la capital del país analistas, académicos y uno que otros legislador informado advierten sobre las dos semanas clave que están por cumplirse para aprobar la Ley de Seguridad Interior o congelarla hasta que vengan tiempos mejores.

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Paradojas de la vida imperfecta en este país; Yunes festeja el arribo de militares de quienes se espera todo…todo para corregir los errores, abusos y omisiones que los gobernadores hicieron para obligar a la federación a sacar a los soldados a las calles ante la inseguridad creciente.

Es decir, Yunes Linares celebra que la tropa y sus mandos entren a poner orden en un lugar en donde lo que se necesita es que sea el gobierno estatal y los municipales los que pongan orden mediante la limpia de los cuerpos policiacos, mediante su modernización, controles, sueldos, capacitación y actualización constante.

Aplaudir la llegada de la tropas no va a beneficiar en nada a los policías de Veracruz, al contrario: soldados y marinos son ocupados para apagar las llamas que los políticos, omisos y corruptos, dejan crecer hasta que es necesario y urgente llamar a la tropa para que los saque del apuro, mientras las policías siguen deteriorándose.

Y sobre la advertencia de los investigadores, el tiempo corre y acorta la posibilidad de aprobar una ley de seguridad interior que no militarice la lucha contra la delincuencia, que permita la recomposición o refundación de las estructuras policiacas más laceradas por al atraso, el abandono y la corrupción de jefes y gobernantes.

Quedan menos de dos semanas para que se acabe el periodo ordinario de sesiones y los legisladores siguen debatiéndose sobre si aprobar o no un documento que, tal como está, complicaría más las cosas en el combate al crimen, en el futuro de los cuerpos policiacos y en lo que debería ser una reforma policial verdadera y equilibrada.

Si diputados y senadores son sensatos, deberán aplazar la aprobación de una ley que no solo agravará, a la larga, el tema de la inseguridad, sino que además ocasionará un desgaste fatal a las fuerzas armadas, que ya son desde hace rato el último reducto para salvar a país de lo que sea.

 

Silencios

Algo de lo que no ha hablado ni una palabra la Sedena en las últimas semanas son las acusaciones formuladas en contra del General de División, Ángel Prior Valencia, director general de Educación Militar y Rector de la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea (UDEFA), a quien en marzo se le acusó de presuntamente vender u ofrecer plazas para entrar a carreras de especialización médica en la Sedena.

Para hacerlo, los interesados debían entregar fuertes sumas de dinero en espera de acceder a las plazas para tal o cual especialidad médica.

El 15 de marzo de este año, en el marco de la inauguración de las nuevas instalaciones médico militares, medios de comunicación dieron a conocer el caso de varios aspirantes a esas especialidades, quienes aseguraron haber entregado fuertes sumas de dinero ni más ni menos que al mismísimo general Prior Valencia para poder cursar sus estudios.

Una de las afectadas le dijo a un diario nacional que había entregado 400 mil pesos en efectivo para, mediante un sistema alterno, saltarse los trámites de la convocatoria oficial de la Sedena.

El asunto parecía marchar bien, pero según la denunciante el general y su gente comenzaron a darle largas y pretextos para no decirle cuándo estaría termina do con éxito su asunto.

Todo eso comenzó en 2015 y ya para 2016, con las convocatorias vencidas, la aspirante exigió le regresaran su dinero. El general, asegura la afectada, le dijo que se lo daría pero en cuatro partes, para no levantar sospechas.

Ni en cuatro ni en ninguna. Mariana dijo no haber recibido ni un centavo de lo entregado.

Ella sigue esperando y la Sedena no ha dicho una palabra del tema.



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