Lo que nos queda es cuidar la dignidad. El #JuezPorky y la(s) víctima(s).

México, 5 de abril.- La búsqueda por la justicia se ha convertido en la mediatización de la violencia, poniendo de lado los derechos de las víctimas. El acto de difundir fotografías y nombres de niñas y mujeres víctimas de violencia, lo único que hace es repetir el paradigma del abuso. Una de las principales causas de convocatoria a las marchas en pro de los derechos de las mujeres, es evitar la violencia de género.

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Esta semana se revivió el caso de “Los Porkys”, un grupo de jóvenes acusados de violar a una menor de edad. La nota se ha publicado en diferentes diarios nacionales e internacionales. El debate del proceso legal en la opinión pública. En cada publicación de periódicos, líderes de opinión, así como la sociedad en general, anuncian el nombre de la víctima sin cuidar su dignidad y dimensión como persona.

Existen protocolos para la atención a las mujeres víctimas de violencia, en los ámbitos internacional, nacional, estatal, regional e institucional. Cada uno de estos protocolos se derivan de los acuerdos que se establecieron en 1979 en la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas y posteriormente rectificado por los acuerdos establecidos en 1994 en la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, la “Convención Belem Do Pará”. En ambos momentos históricos, México además de participar, firmó los lineamientos para dar a la mujer un espacio integral en la sociedad. Así resultan legales y obligatorios los protocolos para la atención de las mujeres víctimas de violencia.

Protocolo para la atención de usuarias y víctimas en los Centros de Justicia para las Mujeres en México, Centro de Justicia para las Mujeres http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/164222/02ProtocoloAtencionCJM.pdf | Convención sobre la Eliminación de todas formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) http://mexico.unwomen.org/es/digiteca/publicaciones/2011/12/cedaw | Conveción Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer “CONVENCION DE BELEM DO PARA” http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-61.html

De suma importancia para la atención en casos de violencia, siguiendo los lineamientos del Centro de Justicia para las Mujeres, es  “la privacidad y confidencialidad del caso”, únicamente las personas involucaradas en el caso podrán saber la identidad de la persona afectada. Salvaguarda para que la víctima no sea señalada socialmente ni tenga “represalia o actos de intimidación por parte del agresor”. Según el protocolo nacional, la atención y actuación se debe basar en el “principio pro persona”, principio Constitucional que refiere a la protección más amplia posible de la persona, velar por sus derechos individuales, su condición emocional, social y psicológica.

Al difundir la identidad de la víctima, se propicia que la misma se revictimice, que los actos violentos que sufrió, continúen a lo largo de su vida. Que su nombre o personalidad sean resignificadas por su estado de víctima, condición que imposibilita el sobrepasar el hecho y continuar una vida restablecida en sociedad. Mucho más delicado el tema cuando hablamos de una menor de edad, de quien sus derechos a la privacidad están promulgados en los ámbitos nacional e internacional.

La víctima de este caso aclaró en una publicación con un año de antigüedad y posterior a que se cometió el abuso: “Si (mi padre) actúo como actúo, fue porque yo no quería NADA ni legal, ni social como salió ahorita, ni absolutamente nada solo quería paz y tranquilidad, yo no quería quedar expuesta como pasó ahorita, yo no quería ser juzgada o señalada por la sociedad“. Este miedo es una de las razones por las cuales la cultura de la denuncia es casi inexistente, el temor de la persona que sufre el abuso a ser expuesta y señalada.

Ser víctima de violencia sexual es un tema muy delicado socialmente. Hay un temor al juicio y estigma social, el constante recordatorio, una y otra vez, del hecho. Que además conlleva al dudar de su soberanía emocional y corporal. Es evidente que los encargados del quéhacer judicial en el país, no tienen herramientas de perspectiva de género, mucho menos de protocolos de atención a víctimas. Este caso ha evidenciado que las acciones fueron hacia minimizar el problema, punto que también preocupan y combaten los protocolos mencionados.

Si en el Estado de Derecho no existen mecanismos para procurar el respeto a la víctima, nos queda a la sociedad informarnos y no repetir mecanismos que revictimicen y resignifiquen.

Si nos resulta importante el ejercicio de justicia, sobre todo en un caso tan mediatizado como el de “Los Porkys”, el primer paso es no difundir el nombre de la víctima. Respetar su privacidad, su confidencialidad, su principio pro persona. No promover ni señalarla como víctima, es un ser humano que tiene derecho a rehacer su vida. Lo que suceda con sus perpetradores, es otra historia.

Pareciera que el caso termina ahí. Pero no, en una vuelta más de la espiral, viene la respuesta de la sociedad ante el fallo del entonces juez González Hemadi quien otorgó el amparo a Diego Cruz, afirmando que no hubo lascivia en los actos perpetrados por el acusado. La indignación se convirtió en enojo que se transformó en violencia y una necesidad de venganza. Justo ahí, sin medir consecuencias ni responsabilidades de los actos de la reactividad colectiva, suceden los linchamientos. No se dejaron esperar los comentarios en redes sociales que publicaban fotos de las hijas de González Hemadi, sentenciando que harían lo mismo con ellas.

Aquí una pausa para definir violencia. Según la Organización Mundial de la Salud y las Naciones Unidas, la violencia contra la mujer se define como “todo acto de violencia de género que resulte o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, tanto si se producen en la vida pública como en la privada”. La violencia sexual se define como “cualquier acto sexual, la tentativa de consumar el acto sexual u otro acto dirigido contra la sexualidad de una persona mediante la coacción por otra persona”. La misma OMS define el maltrato infantil como “los abusos y la desatención de que son objeto los menores de 18 años, e incluye todos los tipos de maltrato físico o psicológico, abuso sexual, desatención, negligencia y explotación comercial o de otro tipo que causen o puedan causar un daño a la salud, desarrollo o dignidad del niño, o poner en peligro su supervivencia, en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder”.

Violencia contra la mujer http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs239/es/ | Maltrato infantil http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs150/es/

Ante estas definiciones queda claro que las publicaciones en contra de las hijas de González Hemadi como vía para exigir justicia social, fueron actos de violencia, violencia sexual y abuso infantil.

Se repitieron los mismos mecanismos que generaraon el clamor por justicia. Los extremos se juntan. El resultado de las protestas fueron la repetición de violencia de género e infantil. La Red por los Derechos de la Infancia en México, en una campaña que publicó el 29 de marzo, pidió no difundir imágenes de las hijas de Gonzalez Hemadi señalando que este tipo de mensajes “atenta contra la integridad y afecta su dignidad”.

Son unas niñas. Tienen entre cuatro y siete años. Ellas no son responsables de lo que haga o deje de hacer su padre. Violencia genera violencia. De pronto la “sed de justicia” se convirtió en el mismo acto de violación, de falta de respeto por la dignidad de las menores de edad. Transformaron a las hijas de González Hemadi en víctimas pagando una culpa que ellas no tenían que pagar. ¿Qué pasará cuando tengan 15 o 17 años? ¿Cómo será su relación social después de que se les estigmatizó de esta manera? ¿Cómo van a la escuela hoy? ¿Cómo irán mañana? ¿Cómo vivirán su ser mujer después de este abuso social?

Se repiten los hábitos sociales que generan las marchas para evitar la violencia de género. El ciclo parece infinito. El cambio sucedería en la toma de decisión sobre hacer o no un retuit o una publicación, regresamos a la condición pro persona, cuidar la integridad social en cada acto que se realiza.

Encontrar otras formas de alzar la voz sin que sea ojo por ojo.

Hay que poner atención en el inconsciente colectivo, en el cual queda la idea que la destitución de González Hemadi fue el resultado de estos actos de violencia en pro de la “justicia social”. Si fue por eso, hay que analizar los fenómenos que hacen el Estado de Derecho tan vulnerable, falto de perspectiva de género e igualdad sustantiva. Si no fue por eso, habría que empezar a reflexionar qué sociedad estamos construyendo, una que cree que las soluciones emanan desde la violencia, la venganza y el abuso; promoviendo la falta del mismo Estado de Derecho. De nuevo, los polos se juntan. En cualquiera de los casos, hay que empezar y perpetuamente continuar observando-nos en este espejo social de los Porkys y ahora de González Hemadi.

 

Diana Medina

@DianaMediana

Estadomayor.mx

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