México, 21 de agosto (La Razón).- A partir de hoy las procuradurías del país tienen facultades para combatir el narcomenudeo.
La idea es lograr que desaparezcan los problemas por la competencia para investigar este tipo de delitos y generar una reducción sensible de la venta de drogas en las calles.
El narcomenudeo, conviene no olvidarlo, es uno de los mayores retos para las autoridades, ya que es justo ahí donde inicia toda una red criminal que tiene su expresión más nítida en los pleitos entre delincuentes, pero también en la violencia cotidiana.
Pero además, es una muestra de la droga que ya se queda en nuestro país y que promueve un mercado nativo.
Esto no quiere decir, por supuesto, que la Procuraduría General de la República sea relevada de sus tareas, sino que más bien contará con una clara corresponsabilidad de las dependencias estatales.
A partir de hoy, quien se encuentre en poder de hasta 4,9 kilogramos de mariguana, 499 gramos de cocaína o 1,9 kilogramos de opio tendrá que vérselas con los Ministerios Públicos de los estados.
Los rangos que excedan los planteados, son ya tarea de la federación, porque se asume que se está ante traficantes de mayor calado, aunque esto sea siempre incierto.
Uno de los problemas de la implementación de estas nuevas tareas, es que las procuradurías de los estados y en particular sus policías, serán sometidas a presiones adicionales y sin que se tengan cuerpos de investigación bien preparados.
Esto puede generar una mayor corrupción, si no se implementan eficientes tramos de control.
Uno de los riesgos más inquietantes, es el que representa la posibilidad de mayores sobornos y compromisos con los criminales, toda vez que a partir de este martes, las corporaciones estatales tienen la obligación de actuar en contra de cualquier maleante, y no como antes, cuando la protección que se podía brindar era la de simplemente voltear los ojos para otro lado.
A esto hay que sumar que a decir de autoridades locales, no se cuenta con los recursos suficientes para encarar una tarea que luce titánica.
Pero al margen de dudas, por lo demás válidas, tampoco se puede perder de vista que el crecimiento del mercadeo de drogas en muchas ciudades del país ha ido avanzando y además es responsable de muchos de los crímenes que ocurren, porque se está disputando un mercado en expansión.
El reto entonces, será el de dotar a los estados de los recursos suficientes para sus nuevas tareas y evitar, al mismo tiempo, que las autoridades federales rehúyan a una responsabilidad que de modo primario les corresponde.
En todo caso, un avance será el de asumir que el tema de las drogas es un problema global y que por ello requiere de respuestas en todos los terrenos.
Habrá que ver cómo funciona la nueva legislación, y hasta dónde pueden colaborar las distintas policías, sin que el propio combate a las drogas acabe de permear en cualquier aspecto de la actividad policial, porque eso sí sería una muy mala noticia.
Julián Andrade
Opinión
La Razón