México, 23 de noviembre (La Jornada).- En el fondo, la iniciativa de crear un marco jurídico para la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública y combate al crimen organizado significa que el Estado mexicano claudica
en su obligación de que esta tarea corresponde al ámbito civil y sería la militarización permanente de la seguridad y de la vida del país
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José Antonio Román