Condena por tortura revive el caso Ojinaga

México, 30 de abril.- El general de brigada José de Jesús Moreno Aviña se convirtió en la última semana de abril, en el primer militar de alto rango en ser condenado por un juez federal a 52 años de prisión por el delito de tortura, en un caso que involucró la presunta detención y muerte de un civil en Ojinaga, dentro de la Operación Conjunta Chihuahua, que dejó una estela de decenas de muertos y cientos de desaparecidos. El caso Ojinaga tiene aún pendiente más resoluciones donde otros militares que pertenecieron a la Tercera Compañía de Infantería No Encuadrada, con cuartel en esta ciudad fronteriza, esperan sentencia en uno de los juicios que exhibió el actuar de los mandos castrenses fuera de toda legalidad.

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Abril del 2008, la Operación Conjunta Chihuahua entraba en acción en los meses de mayor beligerancia entre los pistoleros del cartel de Sinaloa y los del cartel de Juárez. Gente Nueva y su infantería conocidos como “Artistas asesinos”, huestes de Ismael “Mayo” Zambada y de Joaquín “el Chapo” Guzmán, contra la Línea, pistoleros de la organización de los Carrillo Fuentes aliados con pandillas como los Aztecas. La sangrienta disputa era por los caminos y rutas de varias ciudades de la entidad encabezadas por Ciudad Juárez y Ojinaga.

En el año 2007 en Ojinaga el tráfico de drogas había disminuido, en parte a la labor de la Tercera Compañía de Infantería no Encuadrada (C.I.N.E.), compuesta por 220 soldados al mando del teniente coronel Obdulio Jacinto Villegas, especializado en operaciones especiales, apoyado en su segundo de abordo, el mayor Alejandro Rodas Cobón especialista en inteligencia. El rasgo que distinguió su labor mientras trabajaron juntos, fue que no hubo quejas ante organizaciones de derechos humanos por posibles violaciones a garantías individuales.
Por sus resultados la 3ª CINE fue felicitada por el comandante de la XI región militar con sede en Torreón, quien en una junta de comandantes realizada en Chihuahua en aquellos meses, elogió a esa unidad por encima de la actuación de batallones y del regimiento de caballería de Ciudad Juárez, que con mayores recursos humanos y materiales tuvieron escasos resultados en las operaciones.
Poco después esta unidad con cuartel en Ojinaja, pasaría de la gloria al infiernos cuando fue exhibida de manera pública por la secretaría de la Defensa Nacional como la unidad que “denigró a las fuerzas armadas” durante su actuación en la “operación conjunta Chihuahua”.

La historia comenzó cuando en abril del 2008 el general Guillermo Galván, entonces secretario de la Defensa del gobierno que encabezaba Felipe Calderón, mandó a Ojinaga como nuevo comandante de la guarnición militar en esta ciudad al general de brigada Manuel de Jesús Moreno Aviña. Con él llegó el teniente coronel José Julián Juárez Ramírez, de nuevo comandante de la 3ª CINE en sustitución de Jacinto Villegas.

Fue a partir de la llegada de Moreno Aviña y Juárez Ramírez, ambos Diplomados de Estado Mayor (DEM), que sus métodos de trabajo abrieron la puerta a violaciones y situaciones de inconformidad de la población civil. Desde que comenzó a crecer el número de quejas que llevó tiempo después al encarcelamiento del general, el comandante y segundo comandante de la CINE, seis oficiales y 22 de tropa.

El general Moreno Aviña solía visitar todas las mañanas las instalaciones de la Tercera Compañía. Tenía reuniones con Juárez Ramírez donde daba instrucciones sobre la forma como debería ser conducidas las operaciones militares contra el narcotráfico. Existía la instrucción del comandante de la Operación Conjunta Chihuahua, el general de brigada José de Jesús Espitia Hernández, de lanzar el programa de denuncia ciudadana para que la gente avisara al ejército de manera anónima donde se presentaban algún tipo de delito e intentar actuar en flagrancia.
“El método en algunas ocasiones dio resultado, pero en otras fue utilizado por los mismos maleantes para incriminarse entre ellos, y por la población con motivos de venganzas personales entre vecinos, hecho que ocasionó molestias y posteriores denuncias al verse algunas personas afectadas por revisiones a vehículos, acordonamiento de calles y cateos a sus domicilios, al final de ese año 2008, la Tercera Compañía acumulaba más de 50 quejas ante la CNDH por abusos de autoridad y robos (ninguno por homicidio), la mayoría infundadas”, dice el expediente del caso enviado el año pasado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El general aliado de narcos

Otro método que implementó el general Aviña y el teniente coronel Juárez Ramírez, fue el empleo de informantes que habían pertenecido al grupo de pistoleros del cartel de Juárez conocidos como “la Línea”, quienes delataron a varios de sus compañeros y condujeron a soldados hacia depósitos de droga. “Como reacción a la persecución militar y a los aseguramientos, los narcos de Ojinaga asesinaron al soldado Isauro Pérez López y agredieron a la familia del cabo Guillermo Arce García, intentando el secuestro de su hijo sin lograrlo”. El homicidio del militar continúa impune, mientras a los familiares del soldado Isauro, originario de Puebla, nunca recibieron explicaron de las causas del deceso.

Los narcos de Ojinaga al verse acorralados, se desplazaron a municipios cercanos como Camargo, Chihuahua, y Aldama desde donde continuaron con la logística del trasiego de droga. La Tercera Compañía detuvo con drogas y armas al principal jefe de la plaza de Ojinaga, Víctor Samuel Romo Jr. alias “Zamudio”, en compañía de cinco personas más. Fue enviado a prisión donde estuvo varios meses, al salir libre por decisión de un juez federal de la ciudad de Chihuahua, regresó y fue asesinado. Quienes quedaron al frente de la plaza de Ojinaga fueron Benjamín Valeriano Valles apodado “el Cachitas”, detenido en julio del 2012 por la policía federal en una casona de las Lomas de Chapultepec en el DF; y Mario Dionisio Rivera, alias “Marco Renteria”, uno de los operadores del narco en Camargo y la ciudad de Chihuahua hasta 2010.

Moreno Aviña pronto se ganó la animadversión de la población hasta que un altercado entre el alcalde y el jefe de la Tercera Compañía precipitó todo. El fin de semana del 25 de junio del 2009, el teniente coronel Juárez Ramírez circulaba en su auto particular por las calles de Ojianaga cuando policías municipales intentaron detenerlo, al parecer sin motivo alguno. Luego declararían que el militar conducía a exceso de velocidad. El oficial se negó a frenar, temía por su integridad física por la información que tenía de que todas las corporaciones policiacas estaban al servicio de “la Línea”, por lo que se refugió en el campo de futbol donde soldados de su unidad disputaban un partido y estaban escoltados por sus compañeros. Detrás del teniente coronel llegaron los policías, quienes la bajar de sus vehículos fueron desarmados por los soldados.

No tardó en aparecer el alcalde César Carrasco Baeza, quien intervino a favor de sus policías. Se hizo de palabras con el militar, un soldado cortó cartucho al presidente municipal y le dijo que se retirara del lugar. El edil contestó que él no tenía ningún derecho para correrlo ya que era la máxima autoridad del municipio.

El soldado dijo que ya lo sabía pero que no le importaba. Volviéndole a decir que se fuera. El alcalde Carrasco Baeza se retiró del lugar con sus policías, antes alcanzó a decir al teniente coronel Juárez Ramírez que ese “atropello” no iba a quedar impune, que se quejaría con su primo, José Reyes Baeza, gobernador del estado. Y que acudirían con el secretario de la Defensa y que él y sus soldados irían a la cárcel.

A mediados del mes de julio del 2009 el gobernador Reyes Baeza y su primo, el alcalde de Ojinaga, visitaron en la ciudad de México al secretario de la Defensa Nacional Guillermo Galván, a quien le presentaron una queja por abuso contra el teniente coronel Juárez Ramírez además de acusar a sus soldados de cometer violaciones a los derechos humanos de los pobladores de esta ciudad fronteriza, con su supuesto consentimiento del general Moreño Aviña, comandante de la guarnición.

Condena de 52 años

Casi siete años después el general Moreño Aviña, preso en la cárcel de la Tercera Región Militar en Mazatlán, fue sentenciado por un juez federal a 52 años y seis meses de prisión acusado de los delitos de tortura, homicidio calificado y violación a las Leyes de Inhumación en modalidad de destrucción de cadáver.

Fue por el caso del asesinato de José Heriberto Rojas Lemus, uno de los tres civiles por los que la justicia federal procesa al general, dos jefes, seis oficiales y 10 de tropa que pertenecieron a la Tercera Compañía. La víctima era un hombre de 25 años oriundo de Uruapan, Michoacán, presuntamente detenido y torturado en las instalaciones militares de donde sacaron su cuerpo para incinerarlo.

De este caso durante el juicio salió a relucir que los testigos no coincidían ni en la fecha ni en los probables protagonistas, inculparon a gente que estuvo en sitios diferentes al señalado donde supuestamente se llevó a cabo la tortura y muerte, según se desprende del expediente.

“Después de que el agente del ministerio público militar presentó los cargos por homicidio de Rojas Lemus, la Defensa Nacional paralelamente al auto de formal prisión a los inculpados, realizó un procedimiento administrativo, mientras el proceso insistió en que se privó de la vida al civil, en el resultado del procedimiento administrativo número 424/2010/CNDH/QM concluyó que Rojas Lemus no fue detenido por personal militar”.

Los judiciales militares fueron a un sitio despoblado, donde recogieron los supuestos restos de Rojas Lemus, del peritaje se desprendió que “dado las condiciones de conservación en que se encuentran los indicios, específicamente de carbonización parcial o total, opinamos que es muy poco probable que se puedan realizar estudios de identificación genética en dichos huesos y fragmentos óseos”. Sin embargo la conclusión fue que integrantes de la Tercera Compañía detuvieron y torturaron y debido a ello Rojas Lemus murió, todo basado solo en dichos de testigos.

De la consulta al expediente se desprende que los familiares de Rojas Lemus nunca se presentaron a testificar. Para la Sedena si bien la víctima nunca fue detenida por personal militar, como lo afirma en su oficio la CNDH, el general si aparece como acusado de su tortura y muerte.

En la sentencia dictada contra Moreno Aviña el pasado jueves 28 de abril, no se consideraron ésta y otras posibles irregularidades durante la investigación. Como el que las declaraciones de los inculpados fueron arrancadas bajo tortura.

La condena de 52 años de prisión, se dio en el contexto de fuertes cuestionamientos al gobierno mexicano y a las fuerzas armadas por casos documentados de este delito. El video donde una soldado y una agente de la Policía Federal torturan a una detenida, fue uno de los botones de muestra que tienen señalado al país como uno donde la práctica de este procedimiento es cosa común y generalizada.

Juan Veledíaz

@velediaz424

Estado Mayor MX

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