Crónica de una injusticia militar: General Brigadier Ricardo Martínez Perea (Parte 1 de 3)

General Brigadier Ricardo Martínez Perea. Foto: EspecialMéxico, 25 de abril.- Sin trabajo, sin pensión y con tan solo el apoyo moral de algunos militares en retiro –quienes celebran su libertad-, el General Brigadier Ricardo Martínez Perea, a sus 70 años, enfrenta un futuro incierto lleno de deudas, producto de más de 40 años de servicio a la nación, empañados por la misteriosa acusación de tener nexos con el crimen organizado y un encierro, a todas luces injusto, de 15 años en diferentes prisiones federales.

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Corría el día 3 de abril de 2001 en las instalaciones del 21º Regimiento de Caballería Motorizada, cuando aproximadamente a las dos de la madrugada, el Teniente Coronel Velarde Sigüenza y un agente del Ministerio Público Militar –sin identificar-, le indicaban al General Brigadier Ricardo Martínez Perea que se encontraba indiciado en una investigación para lo cual era necesario trasladarlo a la Ciudad de México.

“Sin mostrarme documento alguno me subieron a un vehículo y me llevaron a mi domicilio, el cual se encontraba rodeado por elementos de la Policía Judicial Militar…solo me permitieron recoger artículos personales, antes de trasladarme al aeropuerto para abordar un avión militar”, señaló Martínez Perea en entrevista exclusiva a Estado Mayor MX.

En el avión mencionado por el castrense, también se encontraban el Capitán Maya Díaz, el Teniente Quevedo Guerrero y tres elementos de tropa, todos escoltados por elementos de la Policía Judicial Militar. El viaje de la aeronave culminó a las 10 de la mañana en la Base Aérea Militar de San Juan Teotihuacán.

Allí, los tripulantes fueron trasladados a las instalaciones de la Policía Judicial Militar, donde a Martínez Perea se le asignó un abogado de oficio –no le permitieron hablarle a su representante legal-, la cual era una Teniente que no se preocupó en orientar al General Brigadier o siquiera asistirlo en su declaración…es más, el indiciado, hasta el día de hoy, desconoce su nombre.

Las causas detrás de dichas detenciones son poco claras, hasta para el mismo General Brigadier, quien hace algunas suposiciones sobre las posibles escenarios que hicieron posible su arresto:

“En primer lugar, debemos considerar la negación de Estados Unidos de dotar a México de la certificación antidroga, la cual incluía la aportación de varios millones de dólares, debido a los malos resultados en la lucha contra el narcotráfico, entre los cuales se incluía la fuga del líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán”, recuerda el militar.

Por otro lado, el 21º Regimiento de Caballería Motorizada se destacó por la cantidad de aseguramientos de narcóticos armamento e inmuebles en la plaza de Nuevo Laredo, lo cual hace plausible la teoría de Martínez Perea sobre una falsa acusación, por parte de las personas afectadas en búsqueda de venganza.

Por último, vale la pena recordar las declaraciones del entonces presidente Vicente Fox Quesada y de su vocera oficial, Marta Sahagún, quienes sin el respeto al debido proceso se aventuraron a enunciar en el mismo día de la detención del castrense lo siguiente: “Hoy cayó en el combate a las drogas el General Brigadier Ricardo Martínez Perea junto con dos de sus lugartenientes, el Capitán de Caballería Pedro Maya Díaz y el Teniente de Caballería Javier Antonio Quevedo Guerrero, los cuales van a ser procesados y sentenciados a 15 años de prisión”.

Siguiendo la línea característica del Ejecutivo durante la administración foxista, “olvidaron” que México es un país de leyes. Sin siquiera iniciar el debido proceso, sentenciaron a prisión a los indiciados.

Si bien la falta de cautela para anunciar la detención por parte del Ejecutivo Federal pudiera parecer causa suficiente para dudar de las ”pruebas” en contra de Martínez Perea, las irregularidades no cesaron ahí. Más de una docena las relevantes. Con menos irregularidades otros casos de alto impacto fueron desestimados.

  • En el momento de la detención, a Martínez Perea no se le hacen los motivos de la misma, solo se le informó que era requerido para una investigación.
  • A Martínez Perea no se le hacen saber sus derechos en el momento de su detención.
  • La detención se realizó sin la orden de aprehensión correspondiente expedida por un Juez facultado.
  • Al General Brigadier se le mantiene incomunicado durante tres días en las instalaciones de la Policía Judicial Militar. Se ingresó un amparo en contra de este acto, mismo que fue rechazado por la propia Procuraduría Militar.
  • Martínez Perea fue intimidado diciéndole que sus coacusados, el Capitán Maya y el Teniente Quevedo, ya habían declarado en su contra.
  • Al General Brigadier no le fue proporcionado el nombre de su acusador, ya que se trataba de un testigo anónimo, quien a lo largo de sus declaraciones no menciona a Martínez Perea, así como tampoco hace referencia a los cargos imputados.
  • El derecho a la asistencia de un abogado personal y/o particular fue negado.
  • Los medios de comunicación emitieron un juicio y/o veredicto del caso sin que el proceso legal se llevara a cabo.
  • A Martínez Perea se le negó el derecho a una justicia pronta y expedita, ya que todo el proceso desde la detención hasta la sentencia, duró aproximadamente dos años, durante los cuales el militar recibió mil quinientos pesos de sueldo.
  • Jamás existió la presunción de inocencia, ya que el General Brigadier enfrentó todo el proceso privado de su libertad y fue tratado como culpable, incluso antes de su declaración.

 

César Gutiérrez Rebollo, hijo del General Gutiérrez Rebollo –quién también fuera imputado por supuestos nexos con el crimen organizado-, tomó la defensa del General Martínez Perea. “ Mi padre me pide ayudarlo sin cobrar un peso ya que el pobre hombre estaba viviendo un proceso similar al suyo”, declara Gutiérrez Rebollo. Desde su participación en el proceso, la defensa puso obstáculos, incluso amenazó con iniciar una nueva causa penal. Las irregularidades en el proceso continuaron.

 

  • No se permitieron pruebas pertinentes, tales como el careo con el Sr. Gilberto ‘El June’ García Mena por falta de seguridad –según Justicia Militar-, lo cual deja en claro la incapacidad de el Ejército Mexicano para trasladar a el General Brigadier al Penal de la Palma.
  • Al equipo legal del militar se le negó el acceso a los registros y expedientes de la investigación.
  • Durante el Consejo de Guerra, dos policías judiciales militares aseveraron no poder constatar ni corroborar la información que sirvió de sustento para la imputación de la cual fue objeto Martínez Perea.
  • Existen testigos “de oídas”, quienes nunca declararon y/o dieron sus nombres en la causa penal 568-2003 por temor a represalias, según indica Justicia Militar.
  • En la causa penal mencionada con anterioridad, fueron presentados 72 testigos, quienes en ningún momento pudieron aportar pruebas contundentes para constatar la culpabilidad del General Brigadier.
  • La filtración anónima nunca fue investigada y fue enviada al punto neurálgico Sección Segunda de Inteligencia del Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional –solamente conocido por el personal castrense-, lo cual hace deducir que dicha información fue enviada por un miembro de las Fuerzas Armadas.
  • Existieron miembros del 21º Regimiento de Caballería Motorizada que fueron objeto de tortura, misma que fue manifestada en sus declaraciones y a viva voz durante el Consejo de Guerra y que nunca fueron consideradas para el veredicto.

“Estoy con un futuro incierto, no tengo trabajo, con 70 años de edad sin ninguna pensión sin nada que me respalde, después de 40 años de servicio al Ejército mexicano”, responde con el aplomo propio de un General, Ricardo Martínez Perea. Reflexión que resume la grave situación de involucrar a las Fuerzas Armadas en labores policiales.

Redacción

Estado Mayor MX

 

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  1 para “Crónica de una injusticia militar: General Brigadier Ricardo Martínez Perea (Parte 1 de 3)

  1. Avatar
    Luis Enrique Guevara S
    30 de abril del 2016 en 09:16

    Saludos mi general Dios le bendiga, desconosco en que estado esta su proceso, y salir absuelto o sigue en proceso o sentenciado, pero si fue sentenciado, tiene agotar los medios ordinarios apelación, y posteriormente presentar su demanda de amparo directo, argumentando estas violaciones, y expresando claramente que artículos de la constitucion fueron violados en su proceso, que son los artículos 20 en relación al 133, y los diversos tratados internaciones que les reconocen derechos “pacto de san jose artículos 8, 10 25 etc”, si usted ya salió, y fue declarado inocente tiene que iniciar el proceso LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO, http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFRPE.pdf, para que le indemnicen y en su caso hasta le pensión, Dios le bendiga, y recuerde que Jesucristo es el único camino que nos lleva a Dios padre. espero le sirva esta información en algo mi general. Atte. Luis Enrique Guevara Sareñana Cristiano, Abogado, y exparacaidista.

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