¿Quién para dirigir la Sedena?

México, 7 de agosto (El Universal).- La decisión de quién será el próximo general Secretario de la Defensa Nacional puede ser determinante para definir el éxito o fracaso de un gobierno que hereda el lastre de años de administraciones que se apoyaron más en el músculo militar que en estrategias de desarrollo social, transparencia y derechos humanos.

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El presidente Felipe Calderón no sólo le está entregando a su sucesor a un Ejército afectado por el desprestigio, acusaciones de violación a derechos humanos, y un cisma que está materializándose en los procesos penales abiertos contra cuatro generales, sino que le entrega a unas Fuerzas Armadas con más poder e influencia alcanzada en el modelo de seguridad seguido a lo largo de los últimos seis años.

Enrique Peña Nieto tendrá ventajas: los generales divisionarios en activo, de los que podría emerger el siguiente general secretario, son todos experimentados en conflictos armados que México ha vivido desde el alzamiento zapatista de 1994, el surgimiento del EPR en Guerrero y Oaxaca y luego el despliegue por todo el territorio nacional de grupos armados de la delincuencia organizada que libran una lucha cruenta por controlar las rutas y el negocio del narcotráfico y la extorsión.

La experiencia militar incluye los años de reemplazo de policías en órganos militarizados de la lucha contra las drogas a través de la incorporación de generales en los cuerpos de investigación policial: el general Carlos Demetrio Gaytán Ochoa, subsecretario de la Defensa, fue por ejemplo coordinador de la Fiscalía Especial de Atención de Delitos contra la Salud y jefe de la sección 10 de operaciones contra el narcotráfico del Estado Mayor de Sedena.

Gaytán, uno de los mandos con más poder en el instituto armado, tiene sin embargo fuertes competidores: uno es el general Luis Arturo Oliver Zen, jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional, y comandante de uno de los Agrupamientos de la Fuerza de Tarea Arcoiris, el destacamento militar que neutralizó la movilización armada del EZLN y destruyó los vínculos de logística y reclutamiento del zapatismo armado con bases sociales en Chiapas.

De los generales que pueden integrar la terna destaca también el oficial mayor de la Sedena, el general Salvador Cienfuegos Zepeda, considerado como uno de los militares doctrinarios más influyentes del Ejercito y quizá el más experimentado en la diplomacia militar internacional. Cienfuegos ha sido además inspector y contralor general del Ejército y la Fuerza Aérea y comandante de cuatro regiones militares afectadas por el narcotráfico.

Los generales Augusto Moisés García Ochoa, director general de Administración, y ex secretario particular del general ex secretario Ricardo Clemente Vega, y Mario Marco Arturo González Barreda, actual inspector y contralor general, también son parte de los militares en activo que el próximo presidente puede escoger como su secretario de Defensa.

Esos generales, legalmente, no son los únicos que pueden ser nombrados pues hay por lo menos 12 jefes de región militar y otros generales de división en la Fuerza Aérea y otros cargos administrativos: Sin embargo, los primeros son los de mayor antigüedad, más prestigio y poder dentro del instituto armado.

Más allá de las hojas de servicio, el presidente tendrá que fijarse en un general con atributos para disminuir los abusos de fuerza hacia civiles que cruzan retenes militares o se quedan accidentalmente en medio de confrontaciones armadas; resuelva el problema de las deserciones y limpie la sospecha de divisiones en el Ejército por fracciones que ambicionan el control militar que da ser el Alto Mando.

Un general secretario que sirva al país y no sólo al gobierno entrante deberá mostrar que la seguridad nacional no riñe con la transparencia ni con los derechos humanos.

Sólo así, el nuevo gobierno podrá llevar a la institución armada a sacudirse el peso de la sospecha de corrupción que ahora afronta por la detención de cuatro generales. Si no lo logra o no lo intenta, el nuevo gobierno será uno que mantenga las prerrogativas del Ejército, pero no le ofrezca las oportunidades reales de modernización.

Jorge Luis Sierra

El Univesal

Opinión

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