México, 1 de agosto (Redacción).- A pocos días de terminar el proceso de arraigo en contra del general de división retirado Tomás Ángeles Dauahare, el general brigadier Roberto Dawe, el general de división retirado Ricardo Escorcia y el Teniente Coronel retirado Silvio Isidro de Jesús Hernández Soto por supuesta asociación con el crimen organizado, la PGR presentó ayer, la orden de aprehensión correspondiente, en la cual se acusa también al general Rubén Pérez Ramírez.
Con dicha acción hizo posible la consignación de los implicados a un penal, en este caso el penal de Alta Seguridad de El Altiplano, en Toluca, Estado de México, al cual fueron trasladados la misma noche ayer aproximadamente a las 23:00 hrs.
Más allá de hacer un juicio de valor sobre la culpabilidad o inocencia de los castrenses, la pericia de la SIEDO para armar un expediente acusatorio o la validez en el uso de testimonios a partir de testigos protegidos, es conveniente hacer un análisis de lo que dicho evento supone para las filas del Ejército Mexicano…y la palabra resultante de este análisis es: transparencia.
Hace 20 años hubiera sido sumamente complicado acercarnos tanto a un procedimiento, el cual involucrara a algún miembro de las Fuerzas Armadas mexicanas…es más, ni siquiera nos hubiéramos enterado.
Si bien el avance tecnológicos de los medios electrónicos y el propio despertar de la sociedad generan el interés y exigen la apertura de temas “vetados” o “delicados”, también hay que reconocer que para construir esos puentes comunicativos se necesitan de dos partes, y en ese sentido la Secretaría de la Defensa nacional ha sido ejemplar.
Ante la situación actual de violencia por la cual atraviesa México, se podría suponer que los organismos encargados de la Defensa e Inteligencia del país se volvieran más cerrados y que la información emanada de dichos organismos dejara de fluir hacia la población civil…repito, hace 20 años no hubiera resultado extraño que ante una investigación de esta índole, el Ejército escondiera a los implicados, se protegiera de las críticas bajo el concepto de “justicia castrense” y aquí “no pasó nada”.
Hoy, el mensaje de las Fuerzas Armadas es claro: NADIE ESTÁ POR ENCIMA DE LA LEY…y si alguno de sus integrantes no cumple con los requisitos de honestidad y honorabilidad necesarios para la defensa de la nación, si alguno de sus integrantes traicionan “el deber ser” militar al quebrantar la ley, serán presentados ante las instancias que así lo requieran con todo apego a derecho.
Como se había dicho con anterioridad, más allá del resultado, este acontecimiento debe ser considerado como un hito dentro de la historia militar mexicana, ya que el Ejército se pone a disposición de las ley y deja atrás años de oscurantismo legal.
Y eso es de admirarse.
Angel Silva
Estado Mayor
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