México, 16 de octubre (Reforma).- El anteproyecto federal de ley sobre desaparición forzada y desaparición entre particulares contempla penas mínimas de 50 años de prisión para servidores públicos.
Así lo adelantó Eber Betanzos, subprocurador de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República, al participar en las primeras mesas de trabajo en el Senado, rumbo a la dictaminación de dicha legislación.
De 50 a 100 años de prisión, así como una multa de 4 mil a 8 mil días de salario mínimo y la separación del cargo, serán las penas para los funcionarios que por acción u omisión permitan la desaparición forzada; mientras que para los casos entre particulares, serán de 40 a 90 años de prisión.
En grado de tentativa, se aplicarían hasta dos terceras partes de las penas correspondientes, agregó.
Explicó que la propuesta federal también establece que la desaparición forzada se investiga de oficio, tiene el carácter de permanente y no se pueden invocar situaciones especiales (como estar en guerra) para justificar el crimen.
En el mismo foro, Santiago Corcuera, integrante del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, consideró importante que las penas sean mayores a las contempladas por secuestro.
En contraste, Carlos Ríos Espinoza, consultor independiente, señaló que penas tan altas podrían inhibir que los detenidos den información sobre el paradero de las víctimas, pues las atenuantes resultarían en realidad insignificantes.
Otro punto que el especialista consideró importante agregar a la ley general en la materia es el referente a las reglas para la declaratoria de ausencia de las víctimas, para así no dejarle esa responsabilidad a los estados, ya que la Ley de Víctimas los obligaba a lo mismo y no han cumplido.
De la propuesta federal, también criticó que se planteen tres registros de víctimas: federal, nacional y estatal, pues, dijo, serán bases de datos muy complicada de usar, por lo que urgió a que sea sólo una.
Las mesas de trabajo están encabezadas por la Senadora Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, en coordinación con sus similares de las comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos.
Tanto Corcuera, como Ríos Espinoza y Rafael Estrada, director del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), se mostraron satisfechos con que la propuesta federal contemple dos tipos penales, la desaparición forzada y la desaparición entre particulares.
César Martínez