México, 6 de septiembre.- El “Informe Ayotzinapa. Investigación y primeras conclusiones” del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes deja en claro que en México, el poder de facto lo tiene la delincuencia organizada en cooperación con las fuerzas policiales municipales. Un Estado donde el ciudadano no tiene protección, ni quién vele por su seguridad. Condición de inseguridad propiciada por -al menos- la omisión de acción del Ejército Mexicano.
Las más de 500 páginas del Informe del GIEI requieren de una respuesta expedita de nuestras autoridades. Por el bien de la nación. Por nuestra seguridad como ciudadanos. Por las garantías que -en teoría- son salvaguardadas en primer lugar por las fuerzas del orden y en segundo, por las fuerzas armadas de México y en este caso en concreto, el Ejército Mexicano.
Los puntos 6, 7 y 8 del apartado “Características de los hechos y análisis de las posibles causas” (http://www.estadomayor.mx/56731) dejan en claro que el 27o batallón del Ejército en Iguala (http://www.estadomayor.mx/48206) estuvo enterado de la presencia de un grupo de normalistas previo a los acontecimientos. Es más, textualmente se declara en el punto 4 del mismo apartado: “El ataque contra los normalistas, y también contra el equipo de fútbol de los Avispones y varios vehículos, se desarrollo durante cerca de 3 horas por parte de policías de Iguala y Cocula y otros agresores (21:40 a 00:30 h), y tras un tiempo de 2 horas de vigilancia previa (17:59 a 20:00 h) de sus movimientos antes de llegar a la ciudad de Iguala. Dicho monitoreo previo se dio por parte de policía estatal, federal y ejército.”
Como ciudadanos, nos debe aterrar el saber que las llamadas a un Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo, C4 por sus siglas, donde laboran los operadores del sistema telefónico de emergencia 066 y quiénes canalizan las llamadas de auxilio, no sirvieron de nada. Nadie acudió a los llamados de auxilio. Y cuando fueron, no hicieron nada en pro de la integridad de los ciudadanos. Apenas dos años antes, en febrero del 2012, se publicitaba la certificación de control de confianza del C4 en Guerrero.
El problema no es el C4 en sí. El mismo reporte pone a la luz pública como no ha tenido acceso a grabaciones de llamadas y de cámaras de vigilancia en los momentos precisos de los enfrentamientos porque “esa noche Sedena manejó información de forma restringida en el C-4. Su reporte [de un operador] del 27 de septiembre de 2014 dice: Así mismo el despachador del C-4 sigue indagando sobre más información, pero existe información que se le restringe ya que dicha información es manejada por personal de Sedena.”
Esto además de la participación de la policía municipal: el mayor de los males en lo que lleva México sumergido en la violencia. Que quizá ahora la policía estatal también empieza con los mismos vicios y fallas. Que estuvieron presentes elementos del Ejército Mexicano y patrullas militares en la zona y en los lugares de los hechos incluso antes de la presencia de fuerzas civiles. Tendrían que ser elementos del 27o batallón de Iguala. Información que proviene de declaraciones de miembros del Ejército: “… hubo presencia de agentes del ejército, de la policía federal y ministerial en distintos momentos. Tras la detención de los normalistas una patrulla del ejército visitó la comisaría de barandilla donde aparentemente habría sido llevado un grupo de normalistas detenidos, y posteriormente la misma patrulla se dirigió al Hospital Cristina donde se habían refugiado un grupo de normalistas sobrevivientes y uno de los heridos graves. También resguardó la escena del crimen donde quedaron muertos dos normalistas en la calle Juan N. Alvarez y Periférico Norte…” Y continúa: “… otra patrulla del ejército llegó entre 6 y 7 am y resguardó el lugar donde apareció el cuerpo sin vida y torturado de Julio César Mondragón, antes de que llegaran las autoridades civiles.”
En muchas ocasiones, en Estado Mayor MX, hemos escrito sobre la imposibilidad de un actuar sin órdenes. De la misma imposibilidad de que no se reporte de inmediato las acciones de la tropa. Del flujo de una cadena de mando y la comunicación casi inmediata para recibir órdenes y ejecutarlas así como reportar hasta los mandos superiores. Tan superiores como amerita la información.
En esta ocasión, el “Informe Ayotzinapa” del GIEI, vuelve a revelar la incapacidad de comunicar del Ejército Mexicano. Ni un comunicado o respuesta a varias horas de haberse dado a conocer. También deja claro que los elementos del 27o batallón de Iguala estuvieron al tanto de los acontecimientos. Deja entredicho la inacción de estos elementos del Ejército. O bien, su acción.
Como sociedad mexicana, la pregunta obligada es: ¿qué Estado de derecho queremos? El informe revela una oscura realidad, que en México la ley que manda es la de las armas y el Estado de derecho es el de la violencia.
Bruno Cárcamo
@Bruno_M9
Estado Mayor MX
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